Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, continuamos con el desglose del punto de acuerdo presentado por la actual legislatura local, tema que he abordado las últimas tres semanas en este espacio, la finalidad de estas entregas estriba en mostrar la importancia de tener claridad en los conceptos y procesos que comprende el sector agua, en nuestro caso, es el denominado subsector agua potable, así que continuamos con esta serie y vamos directo al análisis.

(Página 5, párrafo tercero). “Un ente regulador como (municipio al que va dirigido) tiene a su cargo el aseguramiento de la calidad de los servicios, la protección de los intereses de la ciudadanía, además del control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas vigentes en el Estado”. Nota: En primer lugar, vale la pena precisar y dejar en claro el error conceptual, porque un “ente regulador” no puede serlo un organismo operador o municipio, lo anterior, bajo el principio de que no se puede ser “juez ni parte”, rompería el principio de equidad e imparcialidad. El ente regulador debe ser una instancia ajena al aparato gubernamental que presta los servicios, con una autonomía, que deberá regular el rubro de los servicios públicos (no sólo el agua), debe tenerse una claridad en el diseño de una instancia que exija a los prestadores de servicios públicos (agua, transporte, limpia, alumbrado, etc.) el cumplimiento de calidad bajo estándares claros y determinados de la prestación del servicio, pero a su vez contribuye al fortalecimiento de las mismas entidades prestadores de los servicios, porque bien pueden ser privados o públicos y los públicos no están exentos de cumplir con calidad, el usuario debe recibir la misma calidad en la prestación independientemente de quien lo preste y a su vez si el usuario no cumple el ente regulador debe respaldar al prestador ante la falta de cumplimiento del usuario, el ente regulador debe ser un tercero, cuyo objetivo sea el cumplimiento de las obligaciones y el respaldo a los derechos de cada parte. Es importante que la figura del ente regulador no se confunda con las “famosas procuradurías del agua”, cuya función sólo contribuye a darle vuelta a los problemas del sector y ser una figura que da continuidad al dispendio político con matices electoreros, Finalmente, un ente regulador debe funcionar bajo mecanismos y un marco legal específico y especializado, aspecto en el cual Aguascalientes está fuera de contexto y requiere encontrar el punto “cero” para poder trabajar en ese marco.

(Página 5, párrafo cuarto). “Actualmente existen dudas por parte de la sociedad del municipio (al que va dirigido) respecto a las tarifas del agua potable, estos cuestionamientos llevan a preguntarse cuál es la relación entre la escasez del vital líquido, los costos de los insumos, el servicio brindado, los costos de extracción y las contraprestaciones”. Nota: En este párrafo volvemos a entrar el centro de los reclamos que son malinterpretados por adolecer de bases y fundamentos de lo que significa la prestación de los servicios de agua, las dudas a que hace referencia no sólo son de la sociedad, son de los propios municipios, lo cual es más grave aún, aunque esto tampoco se centra en el ámbito municipal, que ya incluye a los mismos organismos operadores y regidores, los legisladores, autoridades gubernamentales y los mismos usuarios. Como inercia se ha estimado el costo de una tarifa con los elementos con que se cuenta, el municipio capital ha logrado avances, pero en los municipios del interior se ha seguido la inercia buscando una salida mediante las actualizaciones tarifarias, obedeciendo a los comportamientos de la inflación, pero eso no implica o garantiza que estén representados todos los componentes que deben integrar una tarifa, así como el contenido de esos componentes no hay certeza de qué tan actualizados o completos se encuentran. No puede dejarse esto a la deriva, es más que necesario analizar y realizar los estudios tarifarios y diseñar las estructuras tarifarias acordes a una realidad, más aún porque si no se cobra lo que podríamos decir lo justo por el consumo de agua, los organismos operadores colapsarán, y no lo digo sólo por asustar al lector, el abandono del Gobierno Federal hacia los municipios de Aguascalientes tendrá consecuencias severas, por ende, los municipios deben tener la claridad y compromiso de seguir la ruta correcta y comprobada para sacar a flote los servicios de agua. Es importante que el legislador y personal que se involucra en la toma de decisiones tenga en claro que los “costos de extracción” no son los únicos costos, el macroproceso de un organismo operador comprende diversos procesos con sus correspondientes costos, más adelante les expondré cada uno de ellos, tales como descargas, operación, pago de energía eléctrica, gasto corriente, estudios, proyectos, equipamiento, mantenimiento, etc.

(Página 5, párrafo sexto). “Por ello es importante determinar si la tarifa actual muestra una segmentación adecuada hacia la población más vulnerable de la entidad, si la cobertura puede mejorar y si los subsidios que se contemplan para los usuarios son focalizados adecuadamente”. Nota: La segmentación no sólo debe ser hacia la población más vulnerable, debe comprender incluso a los usuarios con mayor poder adquisitivo y un análisis de cada tipo de uso dentro del ámbito del uso público urbano, al referirse a cobertura, a ¿Cuál cobertura se refiere el párrafo? ¿A la de abarcar a la población vulnerable o al porcentaje de cobertura de los servicios?, respecto a los subsidios debe contarse con estudios precisos sobre los usuarios de cada municipio y definir las directrices de la política comercial distinguiendo de beneficios hasta llegar a ajustes, eliminando la “mala práctica de los descuentos”, no es una mercancía la prestación de los servicios, es un servicio público y como tal hay que tratarlo libre de prácticas, vicios y de inercias electoreras, asociadas a un fomento de la “anticultura del agua”.

La próxima semana concluimos con este desglose, recordando a ustedes mis apreciables lectores, que debemos mirar hacia prácticas tendientes a que en México y Aguascalientes, el agua nos alcance.

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