Gustavo García Olguin 
Agencia Reforma

Treinta y dos casas destinadas a damnificados por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, en Guerrero, empezaron a ser demolidas esta semana.
En el 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto les prometió a los damnificados que tendrían casas dignas, pero las que se les asignó no contaban con servicios básicos.
Las viviendas, que forman parte del fraccionamiento “Nuevo Mirador”, a las afueras de Chilpancingo, sólo pudieron ser habitadas una semana por sus moradores.
Presentaron fallas estructurales y un peritaje de un grupo de ingenieros y elementos de Protección Civil determinó en 2016 que las casas no eran habitables y debían ser derribadas.
Las casas hechas con bloques prefabricados por la empresa Casaflex presentan cuarteaduras en paredes, techos y pisos.
Fueron entregadas en 2014 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero funcionarios obligaron a los beneficiarios a firmar un documento en el que se establece que la dependencia no se hace responsable de los daños pudieran ocurrir a los inmuebles.
Desde que empezaron a habitar las casas, los beneficiarios denunciaron irregularidades que van desde la carencia de servicios públicos, falta de escrituras y mala construcción.
“Nosotros no somos animales, somos humanos, pero aquí nos echaron en unas casas que están muy mal”, dijo Esperanza Remigio, quien vive en la manzana 2-A.
“Hay que ver lo que nos dieron; casas con cuarteaduras, sin el servicio de agua, tampoco hay mercado, centro de salud ni escuelas”, subrayó otra vecina afectada.
La mayoría de las familias señala que aunque no forman parte de las 32 que serán demolidas, sus casas también se encuentran afectadas.
“Nos dieron unas ratoneras, nos prometieron una casa bien hecha, con todos los servicios y nada de eso, es más ni siquiera tenemos una escritura”, señaló la señora Facunda García.
Las 32 viviendas están integradas a un complejo de 582 casas, en un terreno de cuatro hectáreas, que se adquirió en 31 millones de pesos.
En el subsuelo de las casas hay una falla geológica: eso provocó que todos los hogares de la manzana 2-B se inclinaran hacia un lado y registraran grietas en los techos y paredes.
Desde esa fecha se pidió a la Sedatu la demolición las viviendas; hasta 2018 se acató esta recomendación.
La encargada de despacho de la delegación de la Sedatu, Alma Jiménez Arias, informó que derivado de las irregularidades en estas viviendas se acudió a la PGR para denunciar a las empresas.
Además, reconoció que en esta denuncia hay funcionarios de la Sedatu involucrados y que tendrán que ser sancionados.
Según la funcionara federal, las casas demolidas nunca fueron asignadas a ninguna familia y CasaFlex es la empresa que más tiene responsabilidad en este asunto.
Damnificados del complejo denunciaron que otras viviendas también sufren afectaciones y responsabilizaron al Presidente Enrique Peña y a funcionarios de la dependencia que encabeza Rosario Robles por los daños.
Ingrid González, una de las afectadas, recordó que en el 2014, el entonces delegado estatal de la Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, le aseguró que tendría una casa en buenas condiciones.
“Héctor Vicario fue el que nos enseñó la maqueta de las casas y nos trajo aquí al terreno cuando todo esto era un campo”, dijo.
Durante 2013 y 2014, el actual diputado local y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Héctor Vicario, fue delegado de la Sedatu en Guerrero.
En agosto del 2017, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años por presuntamente haber incurrido en irregularidades administrativas cuando fungía como funcionario de Sedatu.

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