Aunque no es honesto sí es normal presentar información distorsionada sobre el estado que guarda la administración pública, como una forma de demostrar eficiencia, garantía y certidumbre, de manera que la sociedad acepte que todo va sobre rieles.

Esa imagen choca con la realidad, en el día a día de los ciudadanos, que por más que le digan que hay avances en distintos rubros no los advierte, pero no reclama por falta de unión, de crear o tener vínculos con otras personas para exigir que la autoridad se deje de engaños.

El gobernador Martín Orozco Sandoval puso a debate la credibilidad de los indicadores reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al considerar que los datos “son manipulados a conveniencia de cada entidad federativa”, teniendo en cuenta que este organismo se alimenta de la información que le suministran los estados y que luego difunde al país, por lo que en el comparativo hay lugares que pese al alto nivel de delitos tienen resultados cercanos a otros que registran un índice menor.

El mandatario pidió a sus homólogos dejar de maquillar cifras que están lejos de la situación que enfrenta cada entidad y para evitar que continúe este problema propondrá en la reunión que sostendrá el Consejo Nacional de Seguridad Pública la semana próxima, que se apliquen otros mecanismos para la medición de los indicadores en este renglón.

Aseguró que hay información ilógica, con indicadores totalmente falseados, (que) son una burla”, lo que se debe a que cada quien sube lo que le conviene, de ahí que “hay estados que son mucho más tranquilos que Aguascalientes y otros que no quiero mencionarlos porque después va a haber problemas con gobernadores, pero es ilógico que existan entidades que son evitadas por los ciudadanos a causa de la inseguridad que se vive en ellas, sin embargo, estos estados aparecen en las cifras del Secretario Ejecutivo entre los primeros diez o cinco más tranquilos, por lo que sólo pido que dejen de manipular las cifras”.

Lo que plantea MOS no será una tarea sencilla, a partir que tiene que ser una institución ajena a las fiscalías y procuradurías estatales las que presenten los informes mensuales, por lo que su labor será comprobar que los datos son irrefutables mediante el cruce que haga con varias dependencias y organismos y lo que dan a conocer los medios informativos.

Aprovechando el viaje, Orozco Sandoval podría agregar que tampoco se malinforme sobre el desarrollo económico y la creación de empleos, ni de apoyos a los sectores más desprotegidos o al deporte, la cultura y la recreación. Cada vez que un gobernador se reúne con un grupo de habitantes presenta una retahíla de beneficios que ha otorgado prácticamente a todos los sectores, lo que contrasta con las demandas sociales que hay sobre el particular.

Basta tener presente que todos los gobernadores dan a conocer periódicamente el número de nuevos puestos de trabajo, que por lo general son por varios miles y que si se suman los de las 32 entidades contrastan con la baja tan sensible que hubo en el primer semestre del presente año. En ambos casos se toma como referente las altas en el IMSS.

Es natural que nadie reconozca errores, retrocesos y olvidos, que ante los reclamos de la ciudadanía responde que todo es mil sobre hojuelas, por lo que tacha de “enemigos” del progreso a quienes se atreven a levantar la voz, pero en algún momento la verdad saldrá a flote y aún cuando ya no esté en el poder su nombre será sinónimo de mentiroso, manipulador y cuentista, sambenitos que cargará durante el resto de sus días y aún después de su muerte.

CON DEDICATORIA

Hay hechos que por más que se disimulen no son casuales, por lo que aún cuando – aparentemente – se trate de algo inesperado sólo hay que fijarse en el curso para saber de dónde viene y hacia dónde va, teniendo en cuenta el consejo del clásico, que siempre hay uno que mueve los hilos y otro que los activa. En política nada es al azar.

En lo anterior se inscribe el trastazo que recibió la policía preventiva de Aguascalientes del secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, al cotejar los resultados que ha tenido con los de Pabellón de Arteaga, que con 60 elementos “aseguró en seis meses casi tres veces más droga” que los 1,400 policías capitalinos.

Al respecto, es aventurado hacer tales comparaciones, teniendo en cuenta que el número de actos delictivos no van de acuerdo al número de habitantes ni de agentes del orden, sino a múltiples factores que se utilizan más en un lugar que en otro.

Según el funcionario, “la diferencia es la contundencia de las acciones de combate al narcomenudeo en un municipio pequeño, mismas que se caracterizaron entre enero y junio del año en curso, por la efectividad y eficiencia lograda”.

Por sus condiciones y dinámica social y económica, consideró que Aguascalientes ciudad está en condiciones de ser la número uno en seguridad pública, sin embargo “es una lamentable realidad que cuando se mezcla la política con la agenda de seguridad, las metas difícilmente se pueden cumplir, porque quien dirige la policía (municipal) quizá sepa, pero suele estar sujeto a decisiones tomadas bajo criterios de ‘no querer o no poder”.

Dispuesto a hacer cera y pabilo de la labor que desempeña la corporación de Aguascalientes, Sánchez Mendoza dijo que Pabellón de Arteaga representa el 2.9% de la fuerza policial estatal, en tanto que la capitalina es del 72.1%, pese a ello “fue capaz de asegurar de enero al 30 de junio casi 12 kilogramos de cristal y marihuana en su territorio, en tanto que la de Aguascalientes no alcanzó a incautar siquiera los cuatro kilogramos de sustancias en el mismo período”.

Para el jefe policiaco, por la enorme diferencia en su densidad poblacional de uno y otro municipio, el mayor fenómeno de venta y consumo lo presenta la ciudad capital, aunque aquí cabría mirar el problema desde otro ángulo y considerar que es factible que un cartel esté asentado en Pabellón en el sur de Zacatecas, por lo que es lógico que exista mayor comercio y demanda de enervantes y que los compradores de otras partes vayan a surtirse a ese lugar, de ahí que crezca el aseguramiento.

Aprovechó la conferencia de prensa para alabar el trabajo de la policía estatal, que en el combate al narcomenudeo no hay tregua y con sólo 400 elementos logró, en el mismo semestre, aseguramientos “de kilos, no bachichas”.

De paso deploró que la policía municipal no se sujete a los “lineamientos de trabajo” del mando único, por lo que en ocasiones decide no coordinarse “o hacerlo a medias”, por ende hay mejores resultados en otros municipios.

Lo único que le faltó a Porfirio Javier Sánchez fue haber pedido la cabeza del comisario municipal Antonio Martínez Romo para dársela a uno de sus muchachos, como ocurre en los demás ayuntamientos, y dejar sobre el escritorio que todo lo expresado lleva como dedicatoria Teresa Jiménez, quien en los próximos días reasumirá la Alcaldía.

SÓLO FUE POQUITO

Cuando todo apuntaba a que el candidato ganador a presidente municipal de Cosío, el verde ecologista Eusebio Enrique Delgado Esparza, había logrado el perdón por haber rebasado el tope de gastos de campaña, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (IFE) dará a conocer mañana si se anula la elección.

En principio se dijo que fue el 1% lo que gastó de más, por lo que podría perdonársele, pero en la revisión que hizo el INE resultó que fue casi el 9%, tras la acumulación de gastos no reportados, por consiguiente cumpliría uno de los supuestos de posible nulidad,  previstos en la Constitución General de la República y sujeto a la calificación de las autoridades jurisdiccionales, esto es, que el ganador haya obtenido la victoria con menos de 5% de diferencia de votos y haya rebasado el tope de gastos de campaña por más del 5%.

La Comisión de Fiscalización del INE establecen que en Cosío, Delgado Esparza alcanzó el triunfo con un margen de 2.97%, respecto a su más cercano competidor y rebasó los gastos por 8.82%, en relación al tope autorizado, al gastar 350 mil 843.35 pesos, cuando el techo era de 322 mil 400 pesos.

Podría argumentarse que es una cantidad mínima la que se excedió, pero lo hizo con pleno conocimiento de causa ya que a todos los aspirantes se les informó cuál era el tope que podían aplicar, a menos que imite al “Layín” (Hilario Ramírez Villanueva), dos veces alcalde de San Blas, Nayarit, que con total desparpajo reconoció que la primera vez que ejerció el cargo “robó, pero fue poquito”.

DISONANCIA

En una acción inédita, agentes de la Policía Federal (PF) se sublevaron, negándose a ser enviados a la Guardia Nacional (GN), ante la posibilidad de perder antigüedad, grados y ante todo respetabilidad a la función que realizan.

Lo que se inició en el Centro de Mando de Iztapalapa, de la capital del país, se extendió a casi todo el país, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador vio “mano negra”, por lo que ordenó una investigación para conocer quien mueve los hilos.

Abrieron la lucha elementos de las divisiones de Fuerzas Federales, Gendarmería y Seguridad Regional, descontento que tuvo su origen en el programa de evaluaciones para 12 mil agentes federales que se pretende trasladar a la GN. En un principio un grupo de 100 se amotinó en la sede y rechazó participar en las pruebas que se aplicarán en la base aérea de Santa Lucía y en Campo Militar Número 1.

En presencia de sus familiares, los renuentes se desplegaron en la explanada del Centro de Mando de Iztapalapa y a los que más tarde se unieron cerca de 3 mil agentes. Abrieron una mesa de diálogo y en primera instancia discutieron con mandos de la PF y al intentar entrar al cuartel arrollaron a Patricia Trujillo, titular de la División Científica de la corporación, quien intentó mediar, aunque sin éxito.

Por grupos se desplegaron a distintos puntos de la capital, llevando bloqueos en Periférico Sur, frente a la PF, la Autopista México-Pachuca y los cruces de Río San Joaquín y Legaria, Constituyentes y Avenida las Torres.

Los agentes exigieron respeto a su antigüedad y grados, prestaciones laborales y un bono de operatividad por 9 mil 800 pesos, además de no ser evaluados para su incorporación a la Guardia Nacional, ni que se les presionen  para que acepten.

En conferencia de prensa el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, afirmó que las protestas se deben a desinformación y ofreció garantizar los derechos laborales, lo que no fue aceptado por los policías ya que no existe un escrito que así lo avale.

Mientras que el problema se extendía a varias partes de la República, López Obrador presumió que “hoy tuve tiempo de ir a practicar beisbol”, acompañado de una imagen con el uniforme de este deporte. Luego, en un video grabado en su casa de Tlalpan, aseguró que los policías se amotinaron sin justificación, pues nadie va a perder su puesto de trabajo: “Es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe: hay mano negra en este asunto, esto se manejaba desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli”.

La que ha sido una corporación de alto nivel de preparación y con reconocimientos internacionales, por lo que esta administración pretende integrarla a la GN, hoy es “corrupta”, según AMLO, al haberla echado a perder gobiernos anteriores.

Para arrojarle más leña al fuego, el titular de Seguridad, Alfonso Durazo, involucró en las protestas al ex presidente Felipe Calderón. Consideró que tras ellos está el ex mandatario y su mejor referencia es que algunos de los policías lo propusieron para ser su abogado, lo que demuestra una clara implicación de apoyo a la revuelta.

“No es casual que (…) uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal, solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. Dicho escenario (de inconformidad) ha sido aprovechado por críticos sistemáticos al gobierno”, además que la PF durante años enquistó la corrupción, y las resistencias a que se han observado también han sido azuzadas por quienes se han beneficiado de esos actos ilegales, sostuvo.

“Fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada, en la compra de tecnología, entre muchos otros”, puntualizó Durazo.

Calderón, en cuyo sexenio se creó la PF fusionando la entonces Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, escribió el miércoles que si la PF “se echó a perder” para qué la quiere López Obrador en la Guardia Nacional. El jueves apremió al gobierno escuchar las peticiones de los policías federales y tratarlos con respeto, ya que es lo mínimo que merecen por arriesgar su vida por la seguridad del país, al mismo tiempo, aseveró,  “niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado y estoy detrás de las protestas de los policías federales, secretario Durazo, le exijo que si tiene las pruebas las presente, y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias”. Puntualizó que las ofensas de López Obrador y otros funcionarios son pretextos para cubrir omisiones y torpezas. “Señor Presidente, señor Secretario, escuchen a los policías, dejen de escucharse ustedes mismos nada más, y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que tienen”, recomendó Calderón Hinojosa.

El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó los señalamientos de López Obrador, de que la policía federal se “echó a perder” por completo en la pasada administración al pasar a esta dependencia. El actual senador priista refutó tener responsabilidad en la crisis que se registra en la PF: “De ninguna manera, acuso recibo de los señalamientos que hizo el Presidente”, concluyó.

HOMICIDIOS A LA ALZA

Uno de los más graves problemas que enfrenta el país es el aumento en el número de asesinatos, al registrar un promedio de 7 mil 800 muertes presuntamente ligadas al crimen organizado durante los primeros seis meses de 2019.

De acuerdo con la información que recopila Reforma, de ese total, 6 mil 635 víctimas fueron hombres, 656 mueres y 510 personas no se les identificó el género en los primeros reportes de los hechos.

El promedio de esta espeluznante estadística es de 43 personas asesinadas en cada uno de los 181 días transcurridos, esto es, mil 300 fallecidos por cada mes, desde enero a junio pasado, que es una cifra superior a las que presentan los países en guerra.

De los estados más perjudicados por ola de sangre están Guanajuato, con mil 286 caso, Chihuahua, con 626, Jalisco, con 585; Michoacán, con 542, y Veracruz, con 483 extintos, además de otras entidades en que se ha registrado un número importante de sacrificados, como Guerrero, Baja California, Colima, Morelos y Nuevo León.

Respecto a las ciudades con mayor incidencia están Juárez (Chihuahua), con al menos 412 asesinatos; Tijuana, (Baja California), con 384 y Acapulco, con 219, lo mismo que Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo; Salamanca, León e Irapuato, en Guanajuato; Uruapan, en Michoacán; Guadalajara, en Jalisco, y Culiacán, en Sinaloa. En relación con Manzanillo y Tecomán, ambas con más de un centenar de asesinatos, destacaron al tener Colima una de las poblaciones más reducidas del país.

Los grupos más atacados fueron civiles desarmados, con 7 mil 180 personas, y de los civiles armados, con 347 casos, que se produjeron en enfrentamientos de bandas contrarias, y también en ataques a elementos de seguridad locales y federales, que a su vez sufrieron bajas con 141 elementos asesinados, de los cuales 90 fueron contra policías municipales, 30 policías estatales y 21 policías ministeriales. De las Fuerzas Armadas, el Ejército sufrió tres bajas, cuatro la Marina y tres la Policía Federal.

La única esperanza del Gobierno de la República para reducir la criminalidad es la Guardia Nacional,  al citar López Obrador que “tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia, ahí no podemos decir que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores”.

Al mismo tiempo, el gobernante aseguró que su gobierno no irá a la guerra contra las bandas de narcotraficantes, luego de que grupos delictivos incendiaron vehículos en Tabasco y colocaron mantas amenazadoras contra la Guardia Nacional, a sólo un día de su despliegue: “No hay ese propósito, nosotros no queremos la guerra, lo dije ayer (lunes), se acabaron los exterminios, las razzias, las masacres. Nosotros vamos a garantizar la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos, y van a haber, desde luego, reacciones, pero vamos a actuar con prudencia, y al mismo tiempo con firmeza”.

REGOCIJO DOCENTE.

Los profesores de las diferentes expresiones políticas viven una etapa dorada con el presidente López Obrador, al reconocer una parte que su gobierno “representa la esperanza de construir un país más justo”, y la otra, por el cumplimiento de no evaluarlos y reinstalar a los que fueron destituidos en la pasada administración.

La única organización gremial que podría ser un contrapeso en este sexenio se ha rendido a los pies del tabasqueño, tan es así que en un desplegado a toda plana en uno de los principales periódicos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que a un año de su “histórico triunfo, reitera su total apoyo a quien encabeza hoy los esfuerzos del Estado Mexicano para realizar la cuarta transformación de la vida nacional, que representa la esperanza de construir un país más justo, más igualitario, con oportunidades de bienestar y progreso para todas y todos los mexicanos”.

A nombre de sus agremiados, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas y todo el comité ejecutivo nacional y los dirigentes de las 61 secciones en los estados, “ratificamos el compromiso de respaldar al gobierno de la República pues compartimos los objetivos de fortalecer la educación nacional, democratizar el mundo del trabajo y transformar el sindicalismo mexicano para que -con base en la democracia, la autonomía y la libertad sindicales- contribuya al nuevo proyecto nacional”.

Agregan que coinciden plenamente con la decisión del gobierno de México de recuperar el dinamismo de la economía, de combatir a fondo las causas de la inseguridad y la violencia, de abatir la pobreza y la desigualdad, de restaurar la legalidad, democratizar a fondo el sistema político mexicano, y defender la independencia y soberanía nacionales y como lo ha hecho el SNTE a lo largo de la historia, desde que se fundó hace 75 años, “en los momentos cruciales del país, el gobierno y el pueblo contarán siempre con la solidaridad, el apoyo y el compromiso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

De manera paralela, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), obtuvo su mayor victoria, con la reinstalación de los primeros 36 profesores, de los 586 que en la pasada administración fueron despedidos por la SEP el oponerse a la evaluación educativa, así como por faltar más de tres días consecutivos a impartir clases.

Acudieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para formalizar su reinstalación y recibir su cheque por los salarios caídos que no recibieron durante el tiempo en que no estuvieron frente a grupo. Asimismo, el pago de prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y diversos bonos les fueron pagados el pasado 30 de junio.

Una parte fueron despedidos el 1 de marzo de 2016 por negarse a ser evaluados, y otros el 1 de octubre de 2016 por participar en movilizaciones y faltar a las aulas, quienes tras recibir los  pagos correspondientes volvieron a dar clases en plazas similares a las que ocupaban.

De esta forma AMLO cumplió el compromiso que asumió con la CNTE – que le otorgó un apoyo incondicional durante su campaña -, de regresarles su plaza y les pagaran los salarios caídos y prestaciones, lo que refuerza la alianza que hay entre ellos al grado que en estos siete meses de gobierno les ha dado el mismo nivel que el SNTE.