Para combatir los delitos del fuero común y el narcomenudeo las autoridades recurren a la misma fórmula de sus antecesores, al comprar más patrullas, contratar más policías y tener mayor equipamiento, lo que en teoría parece ser lo natural, sin embargo la delincuencia no cede y va un paso adelante, lo que exterioriza con las fechorías y crímenes que tienen lugar.

Aunque en Aguascalientes no hay actos terroristas o algo que se le parezca, sería importante tener un grupo de inteligencia que permita ir al corazón de las pandillas que han sentado sus reales en colonias y comunidades de prácticamente todo el estado.

Es indudable que se requiere una inversión considerable pero daría mejores resultados que los cuerpos tradicionales, que en los últimos años se les ha utilizado más para reacción que en previsión, por lo que hay bribones que logran evadir la aprehensión gracias a su facilitad para emprender la fuga, lo que es posible a partir que a lo lejos escuchan el ulular de las sirenas y a la llegada de las patrullas sólo encuentran algunos rezagados que son los que pagan los platos rotos, pero los verdaderos culpables continúan en las calles.

Hay bandas que se ufanan de ser invencibles y en cierta manera los ciudadanos creen que así es, al asegurar que tienen algún pacto para no ser detenidas, sin embargo lo que sucede es que han creado un radio de acción del que no salen, por lo que saben moverse con rapidez cuando detectan algún peligro, que por regla general son los uniformados en sus recorridos.

Frente a ese tipo de actitudes tiene que haber un organismo de inteligencia que determine quiénes son, dónde operan y cuáles son sus escondrijos. De otra manera es dar palos al vacío o seguir en el juego del gato y el ratón que únicamente genera más incertidumbre entre los habitantes, al percibir que los actos delictivos siguen en su apogeo.

Se menciona con insistencia que hay un crecimiento de la extorsión telefónica, que no disminuye el asalto a cuentahabientes, que sigue el asalto a casas habitación y transeúntes, lo mismo que el robo de ganado y automóviles, etc., además que no cesan los asesinatos de presuntos narcomenudistas.

La rápida propagación de este tipo de malhechores no ha sido atendida con la premura que la sociedad demanda, por lo que debe haber una estrategia que incluya personal altamente especializado y la suficiente herramienta para descubrir dónde se encuentran, como única vía de proceder a su captura.

Está claro que no es la fuerza policial la que va a lograr frenar los ilícitos, sino la inteligencia y la investigación. Son las vías para revertir el avance de todas las formas criminales. El éxito que han tenido las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en las aprehensiones de transgresores de alta escuela sin necesidad de disparar un solo tiro, se debe al trabajo de inteligencia y es en lo que deberían abocarse los encargados de proporcionar seguridad a los aguascalentenses.

PROPUESTA DE NORA

Durante la administración municipal de Aguascalientes que encabezó el panista Ricardo Magdaleno (2002-2004), la entonces regidora perredista Nora Ruvalcaba Gámez presentó una iniciativa para que se cobrara el uso de suelo por las casetas telefónicas que había diseminadas en la ciudad y varias comunidades rurales.

Planteó que aplicar ese derecho era un acto de justicia y equidad puesto que si todos los ciudadanos con un negocio en la vía pública lo hacen, no había razón para que la empresa de teléfonos quedara exenta, sin embargo la mayoría del Cabildo desechó la propuesta al considerar que era un servicio necesario para la población.

Tuvieron que pasar casi 15 años para darle la razón a la hoy militante del partido Morena, aunque no fue aquí, sino en la Ciudad de México, al negar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo a la compañía Teléfonos de México, S.A. de C.V. contra las multas que recibió por instalar cabinas telefónicas en las calles de la capital sin contar con autorización para ello. La empresa recurrió a la protección de la justicia federal para no pagar las multas que le impusieron las autoridades, al no observar las normas de urbanismo e instalar las casetas.

En sus alegatos Telmex señaló que los permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Distrito Federal para colocar las casetas impiden que los servicios públicos de telecomunicaciones se presten conforme a lo establecido en la Constitución, con lo que se incumple las obligaciones contenidas en el título de concesión y que “la población no reciba aquellos servicios en condiciones de calidad, continuidad, cobertura universal, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.

Asimismo, la firma  recordó que otras sentencias pronunciadas por la Corte en casos en los que la prohibición de la colocación de antenas de telefonía celular fue juzgada como una limitante para que los ciudadanos accedan al servicio por el que están pagando.

El pasado 9 de noviembre la Segunda Sala de la SCJN avaló el proyecto presentado por la ministra Margarita Luna Ramos en el que confirmó la sentencia de un Tribunal Administrativo, que condenó a Telmex al pago de multas por incumplir con las reglas de desarrollo urbano de la capital. Los ministros subrayaron que la concesión para explotar el servicio telefónico no exime a la empresa de tramitar los permisos correspondientes ante Seduvi, por lo que las multas aplicadas han quedado firmes.

Con esa decisión la Corte le dio la razón a lo manifestado por Nora Ruvalcaba, lo que abre la oportunidad al Ayuntamiento local de rescatar el proyecto y llevarlo a la práctica, teniendo en cuenta que ya se tiene una sentencia favorable, además de que podrá aprovechar para fijar condiciones y espacios en que pueden colocarse las citadas cabinas.

Como parte de la misma iniciativa, la ex regidora Ruvalcaba Gámez expresó que debería cobrarse impuesto a la propiedad raíz (predial) a la totalidad de los edificios públicos, como son los palacios de gobierno, municipal y legislativo, dependencias estatales y federales y el aeropuerto, lo que también fue rechazado por el cuerpo edilicio al reflexionar que eran lugares donde se brinda una atención a la población, como tampoco podría hacerse con escuelas, hospitales, templos y otros sitios de interés común.

Es difícil precisar si será posible materializar ese propósito, pero el hecho de que a tres lustros la Corte acepte que la mayor telefónica del país tiene que solicitar y pagar los permisos correspondientes para colocar sus casetas es un avance.

EXCESOS

El consumo de alcohol y la prostitución no se combaten con aumentar el costo de la renovación de las licencias para venta de vinos y licores, como lo pretende el Ayuntamiento de Tepezalá, sino con campañas de educación cívica y programas de participación familiar. En la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 se incrementará el costo en más del doble, por lo que la licencia que este año fue de 8 mil 420 pesos, subirá a 20 mil pesos y habrá sanciones que puede llegar a la clausura de los negocios que permitan la prostitución, de los cuales hay detectados 15. Suponen las autoridades municipales que con eso se reducirá ese tipo de problemas, cuando lo cierto es que la cercanía con Pabellón de Arteaga, en donde hay zona de tolerancia, no evitará que los adoradores del dios Baco se desplacen a este lugar. Más bien lo que hay es una actitud recaudatoria y no una asepsia social.