Sí está regulado a nivel estatal el tope salarial para funcionarios públicos y claramente asentada la imposibilidad de que el Ejecutivo Estatal tenga ingresos superiores a los del presidente de la República.

Así lo aseguró el secretario del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Lorenzo Rodríguez Gallardo, al hacer referencia a la fracción II del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que dicta un techo semejante para los servidores públicos locales, respecto del gobernador del Estado.

Explicó que dicho artículo plantea que el Congreso, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la Ley.

En caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la Ley que estableció el empleo.

Asimismo, en su fracción I explica que la remuneración o retribución es toda percepción en efectivo o especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

La fracción II del mismo Artículo establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente.

Y continúa: “éste a su vez, no podrá percibir un ingreso mayor al del presidente de la República en términos de lo establecido en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Rodríguez Gallardo explicó que la fracción III del mismo Artículo 65 de la Constitución local, indica que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

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