Para dar por cerrado el capítulo del salario que recibe y que es mayor al que – presuntamente – ganará el virtual presidente electo, el gobernador Martín Orozco Sandoval se comprometió a que lo reducirá si se aprueba una ley que establezca que ningún funcionario podrá obtener más que el mandatario nacional.

Luego de que se diera a conocer que el gobernador de Aguascalientes es el mejor pagado a nivel nacional y junto con otros homólogos está arriba de lo que, se asegura, logrará el nuevo ejecutivo federal, MOS señaló que es una propuesta que debe avalar el Congreso de la Unión.

Dijo que “esa será una discusión que tendrá el Congreso, seguramente el presidente, si trae muy firme la convicción, deberá presentar alguna ley de topes salariales y si se aprueba por las dos cámaras yo me sujetaré a la ley como venga”.

Conforme a lo publicado por El Universal en su edición del pasado 19 de julio, Orozco Sandoval tiene un salario bruto mensual de 245 mil 742 pesos, seguido por su homólogo de Guanajuato, Miguel Márquez (PAN), de 222 mil 025 pesos; el de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez (PRD), 179 mil 428 pesos; Alfredo del Mazo Maza (PRI) 174 mil 409 pesos y Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) 167 mil 661 pesos, además de otros 12 que superan la cantidad prevista.

También entre los presidentes municipales hay varios que están en la misma situación, como Juan Antonio Morales Maciel (PAN), de Silao, Gto., que gana 161 mil 082.16 pesos; Armando Carrillo Barragán (PRI), de Cárdenas, Michoacán, 126 mil 772 pesos; Héctor López Santillana (PAN), de León, Gto., 123 mil 312.57 pesos y Neftalí del Toro (PRI), de Tapachula, Chiapas, con un sueldo de 137 mil 850 pesos.

El próximo presidente de la República propone ganar 108 mil 248 pesos, por lo que enviará a las cámaras de Senadores y Diputados un proyecto de remuneraciones, en la que ningún funcionario de los tres niveles de la administración pública tengan un ingreso mayor a esa cantidad.

Orozco Sandoval sostuvo que cuando la nueva administración federal esté en funciones “y haya una ley que establezca  tope salarial, como en un tiempo se manejó esa ley, me parece que con el (ex) presidente (Felipe) Calderón, yo seré muy respetuoso de la ley y esperamos su aprobación, por eso insisto, vamos a esperar la ley u entonces todos nos ajustaremos a la ley, porque no creo que venga sólo para gobernadores y para el presidente de la República, tendría que venir y dar un gran clavado al Poder Judicial federal, a los institutos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (el Instituto de) Transparencia, o sea, todas esas instituciones que se ha ido creando”.

Como no existe una iniciativa concreta y todo se sujeta a los comentarios que hace el grupo que se prepara para gobernar el país, sólo queda especular de a quiénes les alcanzará el ramalazo y en qué proporción, además se necesita conocer la parte jurídica, si una ley de esa naturaleza no se contrapone con alguna otra, o que si vale su aplicación con efectos retroactivos.

Como lo señala Orozco Sandoval, hay numerosos organismos y dependencias federales cuyo personal de mando goza de salarios superiores a lo que se propone, al igual que el IFE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembros del Servicio Exterior, la CNDH, etc., que de ser aprobado por el Congreso podrían recurrir a la controversia constitucional para evitar ser afectados.

Es un tema que seguirá en el debate nacional mientras no se presente la iniciativa y se apruebe en su caso, con discusiones a favor y en contra, aunque a final del día el pueblo será, como ha sucedido siempre, un mirón inerte, que sólo sabrá del resultado cuando – en su nombre – lo anuncien senadores  y diputados.

CUMPLIR ÓRDENES

La seguridad pública se rige por las directrices que dispone el gobierno del Estado, quien nombra al director municipal.

Si bien es algo que se mantiene desde la administración que encabezó el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, el actual secretario general de gobierno Enrique Morán, recordó que “la estrategia de seguridad pública en Aguascalientes se sustenta en la rectoría y control por parte del Estado” y reconoció la responsabilidad primaria que mantiene cada una de las policías municipales.

No obstante, mientras no se reforme el Artículo 115 Constitucional los municipios deberían tener el mando de la seguridad pública y poder vincularse con otros ayuntamientos y los demás niveles de gobierno para lograr una mayor eficiencia.

Morán Faz mencionó que la compra de 200 cámaras de videovigilancia que anunció la alcaldesa Teresa Jiménez está bajo observación del Estado, por lo tanto “estamos analizando si es factible o no, la vinculación de algunas cámaras particulares al C5, esto todavía es un proyecto que está a revisión porque técnicamente tiene sus complicaciones, ese equipo se adquirió con recursos del Fortaseg, que es un fondo federal que pasa por control y planeación estatales”, advirtió.

También aclaró que el 911 es el único número estatal y nacional para emergencias, “hay otros que no debemos confundir; el 072, que es para servicios públicos municipales o el 088 que es para extorsiones, y en próximas fechas otro número para atender el tema de suicidios”.

En síntesis, los alcaldes deben gobernar su territorio y aplicar las medidas necesarias que permita mejorar el nivel de vida y de seguridad de los habitantes. Hay que enfatizar que el Artículo 115 permite al Gobernador asumir el mando de la fuerza pública en el municipio donde residiera habitual y transitoriamente, pero esto se da únicamente en casos excepcionales.

TELÉFONO INMÓVIL

Tardíamente se dieron cuenta en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) que tener dos organismos representativos en cada escuela pública lleva a resultados deficientes.

La reforma a la Ley de Educación del Estado permitió la creación de los consejeros escolares de participación social, que al ser la parte “oficial” quieren imponer su criterio a las tradicionales sociedades de padres de familia, pero éstas no se dejan al considerar que su nombramiento fue por elección directa de sus compañeros.

Lo que están ideando en la dirección de servicios educativos del IEA es un programa de “capacitación conjunta” para que “cada quien conozca sus ámbitos de responsabilidad”, aunque ni falta hace puesto que la legislación en la materia indica las actividades que le corresponden a los consejos escolares, en tanto las sociedades de padres de familia se rigen por un Reglamento que data de abril de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que son coordinadas por una Asociación Estatal y a su vez se liga con la Asociación Nacional de Padres de Familia.

Además de la representatividad que tenga cada quien, otro problema que hay es que los casi 50 millones de pesos que entregará el gobierno del estado de apoyo a proyectos en cada escuela, los manejarán los consejos escolares, quedándole a las sociedades de padres de familia sólo el derecho de opinar sobre las prioridades que existan, pero que deben apegarse a lo que dispongan las reglas del Proage.

Por cierto que esos 200 pesos por alumno no es ningún regalo del gobierno, sino que forma parte de las obligaciones que tiene de atender las necesidades que presenta cada escuela pública y en lo que también están comprometidos la Federación y los Municipios, según lo dispone el Artículo 3º. Constitucional, párrafo noveno.

RUTA COMERCIAL

Lograr la fortaleza necesaria en materia comercial entre los países del área va en el camino deseado, señaló el presidente Enrique Peña Nieto, al ponderar la Declaración de Puerto Vallarta, al haber logrado “un acercamiento largamente deseado” entre las cuatro naciones que integran la Alianza del Pacífico con las cuatro naciones del Mercosur.

Con lo anterior, se “derivó en un plan de acción, en una ruta concreta para impulsar el comercio entre estos dos bloques” de América Latina, que estableció una ruta concreta que contribuya al engrandecimiento de los pueblos.

Los gobiernos de México, Chile, Colombia y Perú expresaron que se ha concretado un paso muy importante, a fin de promover un mayor comercio, por lo que Peña Nieto consideró que encauzará una acción que empuje el fortalecimiento: “Renovamos nuestro compromiso con una plataforma de integración basada en la apertura económica y la inclusión”.

Al explicar el resultado de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, el mandatario mexicano dijo que en este encuentro se logró “un acercamiento largamente anhelado” y se alcanzó la suscripción de la Declaración de Puerto Vallarta para ampliar las capacidades institucionales de este mecanismo, por lo que se crea la Red de Centros de Desarrollo Empresarial para la Alianza y el lanzamiento de la primera agenda digital.

También se crea el Fondo de Infraestructura de la Alianza y se emite un bono catastrófico regional para mitigar el impacto financiero de los sismos que se presenten en la zona, además de que en el renglón educativo se otorgan más de mil 800 becas para jóvenes de las cuatro naciones.

Sostuvo que se aprobó el documento Visión 2030 de la Alianza del Pacífico para los siguientes 12 años con las siguientes ejes: lograr mayor integración, profundizar los avances que hoy se tienen, potenciar los logros alcanzados, consolidar la proyección de la Alianza del Pacífico hacia otras regiones, particularmente Asia-Pacífico, y aumentar la conectividad digital de los cuatro países, a fin de avanzar juntos en las nuevas tecnologías de información y comunicación, servicios financieros y ciberseguridad, al tiempo de ampliar la participación ciudadana para mejorar la libre movilidad de personas y la cooperación en temas sensibles.

En lo que fue su última participación en la Alianza del Pacífico como Jefe del Estado mexicano, hubo un reconocimiento al presidente Enrique Peña, y al mismo tiempo él consideró que la Alianza del Pacífico ha sido un audaz esfuerzo de articulación económica y ejemplo mundial de integración regional.

Previamente, en la clausura del V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, EPN advirtió que el gran reto para México, los países que integran esta Alianza y las naciones de América Latina será lograr que el modelo económico de libre mercado sirva para cerrar las brechas de desigualdad en la región.

Sostuvo que es necesario mantener una dinámica de reformas estructurales y lograr un libre comercio con un sentido de responsabilidad social y dijo esperar que, en la expansión de las libertades económicas que tienen los países de este encuentro “que están abiertos al libre comercio, que tiene adoptada una economía de mercado, elegirán ajustes para “lograr que este modelo de economía de mercado se mantenga.

Durante la reunión los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú se pronunciaron por fortalecer este mecanismo de integración, al mismo tiempo que Peña Nieto apuntó que si bien, lo hecho por las naciones de la región ha permitido combatir y abatir niveles de pobreza, “también es cierto que todavía persisten lamentablemente escenarios de enorme desigualdad”, no obstante, consideró que en México se han registrado avances derivados de las reformas estructurales.

RESOLVER EL TLCAN

Es de sobra conocido el camino escabroso  por el que ha transitado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que a juicio del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, debe concluir, porque “el prolongar la incertidumbre podría frenar las inversiones a mediano y largo plazo”.

En una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, fechada el 12 de julio, que entregó a la delegación de funcionarios estadounidenses que lo visitó el pasado 13 de julio, AMLO señala que su equipo de negociación, que encabeza Jesús Seade, participará en las pláticas con representantes de EU, Canadá y del gobierno mexicano.

Propone crear un plan de desarrollo que incluya a Centroamérica, al considerar que “si en este plan participamos Estados Unidos y México e incluimos a los países centroamericanos, podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región, los cuales se destinarán en 75% a financiar proyectos para crear empleo y combatir la pobreza, y 25% restante al control fronterizo y la seguridad”.

López Obrador sostuvo que su intención es iniciar una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y la identificación de áreas de entendimiento comunes, para ello “propongo hacer un esfuerzo para avanzar integralmente a las áreas sustantivas en las que está la esencia de la relación bilateral: el comercio, migración, el desarrollo y la seguridad”.

López Obrador recuerda en su misiva que México y Estados Unidos han tenido una historia en común fuera de serie, incuso con momentos de tensión, pero sobre todo de larga amistad y solidaridad.

En cuanto a lo político, apunta, “me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades, sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Hagámoslo”.

Hasta el momento no hay una respuesta de Trump, aunque en el equipo del tabasqueño existe plena confianza que aceptará la propuesta, que beneficiaría a ambos países y plantea las bases para que las naciones centroamericanas encuentren una solución a los problemas de migración, en base a un empleo estable para su población.

CUBREN EL “MORENGATE”

A tres semanas de su triunfo, Andrés Manuel López Obrador volvió a su papel de opositor, al acusar públicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría de Hacienda de actuar de “mala fe” en la investigación que tuvo lugar sobre el armado del fideicomiso Por los Demás, lo que llevó a la imposición de una multa de 197 millones de pesos al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, caso que ya se encuentra en la cancha del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es el que tiene la última palabra.

El virtual presidente electo ha defendido el manejo de los fondos depositados para apoyar a damnificados por los sismos de septiembre de 2017. En un video, reiteró que la multa impuesta a Morena por el INE es un acto de mala fe: “El INE de manera infamante, sin rigor, sin seriedad, legalidad, porque no le corresponde, han hecho todo un escándalo sobre este tema. Es un acto de mala fe de los consejeros del INE, el hacer esto en contra de Morena es enlodarnos. Entiendo bien que están muy molestos porque triunfamos y así es el conservadurismo”.

Exhibió documentos que, aseguró, demuestran que el dinero del fideicomiso fue entregado a damnificados en diferentes estados, de estos hay recibos firmados por beneficiarios que recibieron 2 mil 400 pesos cada uno, así como fotos de sus viviendas destruidas y fotocopias de su credencial de elector, a lo que se agregan alrededor de 50 cajas con toda la documentación correspondiente  a 27 mil 288 beneficiarios que tiene Morena.

Sostuvo que además del INE, esta información la tienen .la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que todo tiene una base legal y pública y por lo mismo convocó a sus simpatizantes a continuar donando al fideicomiso, una vez que se descongele la cuenta bancaria, pues el objetivo es recaudar al menos 107 millones de pesos, equivalente a la mitad del gasto de campaña en la pasada elección presidencial.

El INE arguyó que el fideicomiso Por los Demás es de Morena y no lo reportó al INE como establece el Reglamento de Fiscalización, que los donantes y los  receptores de cheques son dirigentes, candidatos y personal de Morena. Los aportantes de 12.5 millones de pesos son legisladores o candidatos de Morena y de las 70 personas que recibieron un cheques, 56 tienen relación directa con este partido, 39 están en su nómina, 12 son parte de órganos directivos, ocho son militantes y nueve candidatos.

El órgano electoral sostiene que el fideicomiso recibió recursos de personas morales que tienen prohibido aportar recursos a partidos, candidatos o coaliciones, y Morena, vía fideicomiso, recibió aportaciones económicas superiores al tope de aportaciones privadas permitidas para un partido durante 2018 es de 33.6 millones de pesos. El partido también recibió recursos en efectivo, lo que está prohibido, pues 56.3% fueron captados por el fideicomiso, 44.4 millones de pesos no son rastreables en el sistema financiero y vía un “carrusel” que realizó un grupo.

En su defensa, Morena argumentó que el fideicomiso es privado, sin relación jurídica con el partido y no tiene el mismo representante legal ni tiene los mismos administradores. Se vulnera el derecho de libre asociación en su carácter de ciudadanos. El INE pretende desconocer su carácter de ciudadanos y que puedan realizar acciones solidarias en beneficio de otros, pero los sanciona. Afirma que el fideicomiso no pertenece a Morena, por lo tanto no aplica esta prohibición y como fondo privado puede aceptar recursos de personas físicas o morales, asimismo el fideicomiso no tiene reglas por ser privado y se fondea con recursos privados y el INE lo reconoció así, no habló de recursos públicos. Los recursos no los recibió Morena, sino en todo caso el fideicomiso, por lo que serán otras autoridades las que investiguen, el INE no tiene competencia en esta materia y en caso de que las autoridades competentes encuentren irregularidades, sancionarán al fideicomiso, por lo que Morena considera que el INE, de manera tendenciosa, no requirió información al fideicomiso y tampoco quiso investigar.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda dio a conocer mediante un boletín que, respecto a la multa impuesta por el INE A Morena, la dependencia no realiza investigaciones que tengan que ver con los procesos electorales, “lo que ha hecho, en tiempo y forma, es dar respuesta a requerimientos presentados por el INE en estricto apego a la legalidad correspondiente. Por lo tanto, rechazamos categóricamente haber emitido información alguna de manera indebida”.

El punto final lo pondrá el Tribunal Electoral federal, cuyo fallo es inapelable, por lo que cada una de las partes involucradas en este asunto tendrá que apegarse al dictamen.

REFUNDACIÓN PRI Y PRD

Padre e hijo, hermanados por el mismo dolor, conciben que el mejor camino que hay para recuperar la confianza de los ciudadanos es refundar sus partidos, inclusive, llegar hasta el cambio de nombre y darle un nuevo giro a su plan de acción.

Muy interesante lo que se propone en el PRI y el PRD, sólo que el hecho de mudar de nombre y de ropa y decirle a la gente que ya son “otros”, no significa que realmente sean otros. Es tanto como si una familia disfuncional decide un día que van a comprar una casa, con muebles nuevos y cada uno de sus miembros olvidará los andrajos para lucir ropa y zapatos de marca, sin embargo, mientras no modifiquen sus actitudes nada conseguirá, así varíen su modito de andar y la modulación de voz, porque seguirán siendo los mismos.

La nueva presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, estableció que el resultado electoral del pasado uno de julio obliga al partido a repensar lo que más conviene y esto podría ser a que el PRI reconsidere su identidad ideológica y cambiar de nombre.

En entrevista para El Universal, dijo que en estos momentos lo que exige es “hacer más que una limpia, una autocrítica, y los que no quieran estar en el partido que se vayan del partido, y los que queremos es quedarnos, que trabajemos en reformarlo”.

A pregunta expresa del entrevistador René Delgado ¿nuevo nombre del PRI?, respondió “Puede ser” y en cuanto a la ideología aseguró: “El partido en el que yo pienso es un partido de centro izquierda, con un componente social muy fuerte, muy cercano a la socialdemocracia”, en donde los candidatos surjan de un consenso con la militancia y que ésta participe democráticamente en la elección.

En tanto Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la capital del país, estableció que es indispensable que el PRD entre en un proceso de autocrítica y análisis para llevar a cabo una refundación total, en la que no se descarta hasta el cambio de siglas: “Por eso urge una refundación desde los principios básicos del partido, arribar a una fuerza política nueva que esté a la altura de las expectativas de la gente, que sea propositiva y tenga la tarea de regresar a los comités de base, con ideología de izquierda moderna”.

Ahí están PRI y PRD sumidos en un profundo análisis que les permita determinar el porqué de la “ensartada” que les dio Morena y a partir de ahí dar pasos que los lleve a derroteros más promisorios, aunque en el camino tendrán que reflexionar qué hacer para recobrar el apoyo social.