Bastó con publicar a toda plana el rechazo de ex dirigentes y militantes, para que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) diera marcha atrás a su intención de ser el gran elector en la candidatura a la presidencia municipal de Aguascalientes.

Horas más tarde de que apareció en El Universal la exigencia de la Comisión Permanente Estatal, de que fuera mediante votaciones internas, el CEN dio a conocer el viernes a través del dirigente local Gustavo Báez, que el método de elección para ambos ayuntamientos será por votación interna de los militantes el próximo 10 de marzo.

La alcaldesa María Teresa Jiménez, que aspira a la reelección, y el precandidato Julio César Medina Delgado, se mostraron satisfechos por este acuerdo, ya que permite que sean sus correligionarios quienes elijan la mejor opción. En el caso de Jesús María será sólo de ratificación de Antonio Arámbula, que fue el único que se registró.

Según Gustavo Báez, la disposición del CEN “fortalece la democracia del partido, ya que era lo que los panistas y miembros activos deseaban, que no existiera la imposición, sino que sea la propia militancia la que decida a quién quieren que los represente en la elección constitucional.

“Estamos muy contentos, estamos logrando los objetivos de regresar a ese partido, con decencia, con principios y con valores y que estará en manos de todos los panistas el elegir al mejor candidato”, sostuvo.

Lo que omitió mencionar el presidente del comité directivo estatal fue que esto se logró gracias a la exigencia que se hizo pública en el diario capitalino, al señalar un rotundo “No a la imposición desde el CEN” y un “No a la designación de candidatos”.

Los firmamentos emplazaron a que fuera una elección interna “en igualdad de circunstancias, legitimemos a nuestros representantes y conquistemos el voto de los ciudadanos para refrendar el triunfo de Aguascalientes”.

Reiteraron que los órganos del partido “de forma unánime” han decidido que sea a través de una contienda interna, por lo que la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente Estatal tomaron el acuerdo de que se lleven a cabo votaciones internas, que deben de ser el 10 de marzo para dar cumplimiento a los tiempos que establece el Código Electoral.

En el escrito están la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, que a su vez fue la responsable de la inserción pagada; los ex presientes del comité estatal Arturo González Estrada, Paulo Gonzalo Martínez López y Jorge López, que son funcionarios del gobierno estatal, además de Salvador Pérez Sánchez, Juan Guillermo Alaniz de León, Carmen Villa Zamarripa, el alcalde de Calvillo, Adán Valdivia; Jesús Ortiz, Jaime González, Javier Luévano y Jesús Santana, entre los 47 signatarios.

Se infiere que “algo” percibían o “alguien” les pasó el dato que desde las oficinas nacionales se pretendía hacer la designación a la alcaldía de Aguascalientes, por lo que unieron intereses para evitar el centralismo que en el pasado dio al traste con sus posibilidades de triunfo.

También se observa que los operadores políticos del CEN no hicieron la tarea, por lo que lejos de haber “planchado” ese propósito lo único que lograron fue encender los ánimos y en las circunstancias actuales es lo que menos quiere el jefe nacional Marko Cortés, ante el peligro que hay de que puedan perder las gubernaturas de Puebla y Baja California, ésta última en poder del PAN desde 1989.

Por lo pronto el clan gobernante se anotó un punto al lograr su propósito, bastándole con hacerle manita de puerco a los líderes nacionales para que sea aquí en donde se resuelva lo de la o el abanderado, que llevará sobre sus hombros la obligación de retener la alcaldía.

NO TIENE REMEDIO

Cuando todo parecía que se encaminaba para hacer un papel decoroso en los próximos comicios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vuelve a las andadas, con una directiva estatal que se empeña en sólo cubrir el expediente, consecuentemente estará representado pero con escasas posibilidades de triunfo y en un descuido le podría hacer compañía al PRD y PES, que en la elección pasada perdieron el registro como partido.

De los interesados en participar como candidatos a la alcaldía de Aguascalientes ninguno es un “peso pesado”, de alguien que ponga en aprietos a la competencia, de ahí que se considera que será más bien de carácter presencial, con el ánimo de evitar caer más bajo.

El trabajo del CDE se refleja en el mínimo interés que hay en los municipios por participar y el mejor ejemplo está en Asientos, en donde ninguno de los militantes se inscribió, por lo que es posible que el candidato a presidente municipal sea un externo, mientras que en Cosío, que en 2016 tuvo siete, ahora únicamente es uno, además muy pocas las mujeres han externado su propósito, lo cual mete en un apuro ya que debe presentar seis candidatas titulares y seis suplentes para igual número de municipios y difícilmente podrá lograrlo, por lo que podría echar mano de simpatizantes y convencerlas de la “satisfacción” que significa ser abanderadas del otrora partido aplanadora.

Cuando se acercan las elecciones salen a relucir errores, omisiones y desprecios, es el caso de Asientos donde dejaron de apoyar al comité municipal lo que llevó a que cerrara sus puertas ya que no había para pagar ni la energía eléctrica, menos personal de oficina.

El problema que enfrenta el PRI de volver a perder todo, como ocurrió en los dos últimos comicios – tanto federal como estatal y municipal -, lo que de ocurrir reducirá más el apoyo financiero que recibe del Instituto Estatal Electoral, que se otorga de acuerdo a los triunfos obtenidos y la votación alcanzada y por si fuera poco este año tiene que pagar las penalizaciones que le impuso el Instituto Estatal Electoral (IEE) por diversas violaciones a la ley de la elección reciente.

VARIOPINTO EN MORENA

La sabiduría popular no se equivoca cuando señala que ante la frialdad hay que acercarse a un fogón, algo que hoy viven en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde son demasiados los aspirantes a las diversas alcaldías, o por lo menos buscan quedar dentro de la planilla.

Aunque tiene militantes con varios años de trayectoria, que es el caso de Fernando Alférez Barbosa, todo indica que se inclinarán por algún externo para la alcaldía de Aguascalientes, entre los que están el ex presidente priísta Armando Guel Serna y el ex alcalde priísta Francisco Gabriel Arellano Espinosa, además se menciona al notario público y ex presidente municipal priísta Adrián Ventura Dávila y a Salma Luévano, activista de la comunidad LGBT, además del empresario Arturo Ávila, que no ha definido si se inscribirá, aunque encabeza el movimiento YoNoSoyCorrupto, con el que pretende que Aguascalientes sea la primera ciudad libre de corrupción.

En el camino al esclarecimiento, Arturo Ávila denunció en conferencia de prensa que Gabriel Arellano  pretende meterle zancadilla, “se cree mi adversario, pero no lo es, y tiene miedo a la estrategia anticorrupción que encabezo desde hace años”, lo que respondió el ex presidente municipal con un “sereno muchacho”. Disputan lo que es sólo una posibilidad, ya que ninguno de ellos ha formalizado su registro, pero da para calentar el ambiente.

Otro que viene empujando fuerte para que pueda ser considerado como candidato es el presidente de nuestro equipo de béisbol Rieleros de Aguascalientes, Tacho Álvarez Flores quien sin hacer estridencias ha venido trabajando fuerte desde hace tiempo dentro del grupo de empresarios que apoyaron al ahora presidente López Obrador, cercano también al empresario regiomontano Alfonso Romo.

Lo que es una verdad es que los que en un ayer no muy lejano militaron en el PRI hoy ven amplias posibilidades en Morena, por lo que buscan el calor y ya será la dirigencia nacional la que determine si acepta a alguno de ellos o escoge a los que tiene en casa, que sería lo más lógico, sólo que en política todo es posible y a ello se ciñen los aspirantes externos.

BERENJENAL

Como ya es costumbre en sus conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador soltó una “bomba política”, como la catalogaron algunos, pero otros consideraron que carecía del soporte legal necesario, al anunciar que se dará vista a la Fiscalía General de la República (ex PGR) para que investigue a una decena de ex funcionarios, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón, por su probable responsabilidad en la “destrucción” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A casi ocho días de que el director de la CFE, Manuel Bartlett, presentó en la conferencia de prensa una lista de ex funcionarios, el asunto está más vigente, en función que varios de los señalados adelantaron que interpondrán una demanda en su contra por falsedad y daño moral, entre otros perjuicios que les causó.

Además de Calderón, Bartlett mencionó a Jesús Reyes Heroles, ex director general de Pemex; Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes; Luis Téllez, ex secretario de Energía; Alfredo Elías Ayub, ex director general de la CFE; Georgina Kessel, ex titular de Energía; Jordy Herrera, ex secretario de Energía; Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda; José Córdova, ex jefe de la Oficina de la Presidencia, y Alejandro Fleming Kauffman, ex funcionario de Energía.

El director de la CFE enumeró la participación que presupuestamente tuvo cada uno “en la destrucción” de la paraestatal y que luego pasaron al sector privado, lo que motivó que AMLO manifestara que promoverá una reforma para que altos funcionarios que hayan trabajado en este sector no puedan laborar, hasta por 10 años, en empresas relacionadas con ese ramo, en lugar de lo que señala la actual ley, que prevé un año desde el término del cargo para poder ingresar al sector privado.

Fiel a su costumbre, López Obrador soltó: “¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un ex presidente, a un funcionario, en este caso, del sector energético, en donde opera la empresa? Eso es totalmente inmoral, eso no puede hacerse en otros países ¿Dónde se hace? Donde se le permite. Pero México no es tierra de conquista, eso se termina”.

Ante la imputación que Bartlett hizo contra Jesús Reyes Heroles González Garza, al afirmar que fue secretario de Energía y director de Pemex en la administración de Salinas, Zedillo y Felipe Calderón y que “ha sido participante en grandes empresas, en diversos consejos consultivos, como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México”, el ex funcionario calificó de “falsos y difamatorios” los señalamientos del director de la CFE y que es grave que afirme “hechos que son totalmente falsos, cuya divulgación causa un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”, por lo que se reserva su derecho a presentar una demanda.

Por su parte Pedro Aspe Armella, que encabezó la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, negó haber incurrido en algún conflicto de interés en perjuicio de la CFE, al responder al vocero presidencial Jesús Ramírez, quien el pasado 11 de febrero, en su cuenta de twitter señaló a Aspe de ser uno de los funcionarios del gobierno federal que participó en empresas nacionales y trasnacionales del sector energético y crearon supuesto conflicto de interés.

Aspe precisó que dejó de ser servidor público el 30 de noviembre de 1994, esto es, hace casi 25 años y “para cumplir al pie de la letra con la ley aplicable a los servidores públicos, dediqué todo el año de 1995 a ser profesor de Economía de tiempo completo en el ITAM, evitando cualquier conflicto de interés” y desde que dejó Hacienda “nunca fui contratado por la CFE”, además en los distintos consejos directivos de empresas nacionales y extranjeras a la que perteneció, “en ninguno de estos consejos directivos pertenecí a cualquier empresa similar a la CFE”.

En la misma conferencia de prensa, el titular de la CFE señaló que con salvoconducto de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se autorizaron “contratos realmente leoninos, que establecen que los consultores privados tienen que pagar todo el tránsito para la construcción de esos ductos” y se estableció que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción le obliga a la CFE a pagar una pena, como si estuviera recibiendo el gas.

Por lo anterior, López Obrador dijo que “no es ético que esté en un contrato que por causas que no tienen que ver con la CFE se le pida que pague estas sanciones onerosa. No vamos nosotros  a tener una actitud leguleyo. Lo que queremos es convencerlos para que se logre una negociación favorable a los ciudadanos, son prácticas que en ninguna parte del mundo se llevan a cabo. No se cómo vieron a México, como tierra de conquista. Bueno, si sé, porque los gobernantes lo permitieron”.

El presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, estableció que tanto el presidente López Obrador como Manuel Bartlett “están desinformados del papel que juega la Comisión Reguladora de Energía”. Sostuvo que el mandatario “no ha sido informado correctamente sobre el porqué parar ductos y por qué tener que pagar si no se están usando”, por lo que requiere “conocernos y saber qué hacemos”, para ello está dispuesto a reunirse con el titular de Poder Ejecutivo para informarle “y platicar sobre el historial de sanciones a muchas empresas, tanto públicas como privadas”.

EN UN PUÑO

En la maniobra de estirar y – aparentemente – ceder, son unos profesionales los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que por espacio de 28 días mantuvieron bloqueadas las vías ferroviarias en Michoacán y hasta que lograron lo que se propusieron “autorizaron” el paso de los trenes, pero sin dejar de presionar al gobierno del estado con la toma de alcaldías y la ciudad capital.

Tras cuatro semanas, el Sector 9 Indígena de la Sección 18 de la CNTE retiró el asedio sobre esa vía de comunicación, la última a la altura de la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, lapso que significó pérdidas diarias por más de mil millones de pesos, de acuerdo con el sector productivo.

La presión se mantuvo con un paro indefinido de labores, que concluyeron el jueves y al mismo tiempo los docentes permanecen con un plantón en el centro de Morelia y la toma de al menos 30 alcaldías y oficinas de rentas.

Pese a ser blanco de todo tipo de acusaciones por parte del profesorado, y que junto con la Federación les entregaron más de dos mil millones de pesos, el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo declaró: “Reconozco la voluntad del magisterio para encauzar sus demandas legítimas a través del diálogo y les refrendo mi compromiso para encontrar juntos, gobierno federal, estado y maestros, las mejores soluciones a este importante tema”.

Contra las acciones que ha llevado a cabo un sector de la CNTE, grupos de maestros, personal administrativo y padres de familia se inconformaron y acusaron que varios alcaldes y regidores están atrás de este movimiento, lo que perjudica a los alumnos que estuvieron sin recibir atención, en 112 de las 11 mil 673 escuelas de educación básica que hay en la entidad, por lo que se había propuesto dar clases extramuros en casa particulares o en plazas públicas.

Les recriminan que “cobren sin trabajar” y responsabilizan a la Sección 18 y a los grupos radicales del magisterio de cualquier ataque o agresión en contra de los docentes que están en desacuerdo.

POLARIZACIÓN

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acortar en 50% el subsidio federal a las guarderías, ha generado un malestar general que provoca marchas y mítines en varias partes de la República para exigir que lo reconsidere, ya que son espacios indispensables para que madres y padres de familia trabajadores o estudiantes puedan dejar a buen resguardo a sus hijos.

Según la Secretaría de Bienestar, se redujo el presupuesto para ese proyecto porque detectaron que se asignaron estancias a familiares a personas cercanas a funcionarios públicos y que encontraron que una misma persona operaba varias guarderías, había cobros indebidos para recibir y aprobar listas de ingreso, beneficiarios que no formaban parte de la población objetivo y que se pagaban subsidios por niños fantasmas, los cuales no existían o no asistían a las estancias.

El recorte por 2 mil 28 millones 643 mil 194 pesos al plan, que equivale a 50% de lo que recibió en 2018, afectará a 327 mil 854 niños que acuden a 9 mil 399 guarderías federales en el país.

Los perjudicados carecen de la información necesaria para oponerse a la versión oficial, pero sostienen que si hay irregularidades se aplique la ley a quienes las cometen y no a todos, que a 10 años de la puesta en marcha del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 94% de los beneficiarios consideran que contribuye a mejorar su calidad de vida porque pueden mantener su empleo y acceder a servicios para el cuidado y desarrollo de sus hijos.

De acuerdo con un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 96.5% aseguró que sus hijos tuvieron un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, 96% detectaron una mejoría en sus habilidades sociales y 98% mostraron un avance en el desarrollo motriz.

El Movimiento Nacional de las Estancias Infantiles estableció que al menos 160 mil niños y niñas de entre 3 y 4 años se quedarán sin cuidado debido al recorte presupuestal, además el gobierno pretende reducir de 4 años a 3 la edad máxima para que los menores acudan a este tipo de estancias, lo que inevitablemente perjudicaría emocional y económicamente a los padres de familia que no tiene con quien dejarlos, al verse obligados a renunciar al trabajo o recortar su tiempo laboral.

Pese al exhorto que hizo el Senado de la República a la Secretaría de Hacienda para que reasigne recursos que permitan mantener el monto del presupuesto aplicado en 2018, no hay visos que López Obrador cambie de parecer, al considerar que se puede entregar una cantidad a los papás y que a su vez lo canalicen a los abuelos para que cuiden a sus nietos, medida que ha sido refutada por considerarse que difícilmente personas de la tercera edad pueden soportar tener a los niños todos los días durante varias horas, además de que no tienen los conocimientos ni las habilidades de una educadora, que es una especialista en este tipo de actividades.

25 DE JUNIO

Aunque se da por descontado que “El Chapo” Joaquín Archivaldo Guzmán Loera  recibirá una sentencia de cadena perpetua, será hasta el 25 de junio es cuando se haga oficial el castigo que, según los fiscales de la corte de Nueva York, merece el mexicano, considerado el “capo de capos”, a quien le atribuyen toda clase de delitos relacionados con el narcotráfico que incluyen homicidios, secuestros y asociación internacional para delinquir.

Lo único que estuvo ausente en este proceso fue el silencio de Estados Unidos, al ser directamente corresponsable de las supuestas correrías de Guzmán en su territorio, ya que para poder introducir los estupefacientes debió contar con la complicidad de funcionarios y empleados de algún nivel de gobierno y hasta el momento no hay un solo detenido. Tampoco se hizo mención que indebidamente México lo extraditó al vecino país, no obstante que tenía varias órdenes de aprehensión en juzgados mexicanos, por lo que los recursos económicos que el sinaloense tenga en bancos estadounidenses serán confiscados a favor de EU. Esto es uno de los resultados de ser un país tercermundista.