El Consejo Estatal Agropecuario en Aguascalientes le solicitó ayer al fiscal general, Jesús Figueroa Ortega, resultados en la detención de delincuentes por abigeato y frenar los robos de materiales como el cobre de los ranchos estatales, lo que ha ocasionado pérdidas de productos agrícolas al no tenerse los sistemas de refrigeración apropiados.

En presencia del fiscal general del Estado, del titular de la Sedrae, del subsecretario de la Sedec y del subdelegado de la Sagarpa, el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba, demandó seguimiento a las 270 carpetas de investigación acumuladas en el 2017 por el robo de ganado, por lo que Jesús Figueroa se comprometió a trabajar en este asunto pendiente.

Durante la reunión del Consejo Estatal Agropecuario, el fiscal general del Estado solicitó a este sector un voto de confianza para generar resultados lo más pronto posible, al mismo tiempo que pidió a todos los productores presentar las denuncias correspondientes al ser afectados por algún delito.

Sin embargo, se le aclaró enseguida al fiscal que en México ya existe una ley federal que tipificó como delito grave al abigeato, y luego se homologó la ley estatal con la operación de una agencia del Ministerio Público especializada, pero ahora falta que se detenga a los delincuentes del robo de ganado.

Guzmán de Alba destacó como algo importante que el fiscal general dé la cara a los agroproductores de Aguascalientes y que manifieste su decisión de trabajar a favor de esta actividad. “Aunque todavía hace falta crecer en la cultura de la denuncia; este año se han registrado varios casos de abigeato y hace unos días se registró uno donde se llevaron 140 animales y no hay resultados de los presuntos responsables”.

De igual modo, el Consejo Estatal Agropecuario hizo referencia a todas las chatarreras u otros negocios que compran objetos robados como el cable de cobre, ya que al sustraerlos los delincuentes generan daños a los cultivos, pues se echa a perder toda una cosecha al no alcanzarse a arreglar el sistema eléctrico de los ranchos.

“Se sabe que los delincuentes mandan a niños a vender el cable de cobre y con ese dinero compran posiblemente marihuana o cualquier sustancia tóxica; en caso de que las autoridades detengan al menor no se le pueden fincar responsabilidades, pues suele no saber nada”.

Ante ello, se pidió ayuda al fiscal general y se espera que pronto haya resultados y operativos en las chatarreras, en las casas de empeño y en todos los establecimientos que comercializan autopartes.