No habrá cabida al influyentismo, la complicidad ni los privilegios, aseguró ayer la magistrada Gabriela Espinosa Castorena, al rendir protesta como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para el periodo 2018-2022.

Comprometió encabezar una administración en el Poder Judicial que sea guiada de manera irrestricta por la ética y ejemplar para la sociedad en cuanto a transparencia, legalidad, objetividad, prudencia, honradez, lealtad, eficiencia, responsabilidad e imparcialidad.

Durante la sesión solemne de este organismo para el relevo de su presidencia, y por ende del Consejo de la Judicatura Estatal, expresó su confianza en la rectitud de los juzgadores, advirtió autocrítica en la institución así como diálogo firme y cercano con el gobernador y diputados.

En ese contexto presentó un plan de trabajo para los próximos cuatro años, integrados por once acciones que partirán de un diagnóstico institucional a realizarse con el apoyo de una institución académica externa que defina áreas de oportunidad para la mejora.

También, innovación judicial que incluya nuevos modelos operativos que sean garantes de los derechos humanos; modernización de los sistemas informáticos que pongan la tecnología al servicio de la justicia y sus usuarios.

En un cuarto apartado, refirió la construcción de una estadística judicial confiable que marque políticas judiciales y brinde soluciones a problemas concretos como la dilación de los procesos o la disparidad de criterios.

Espinosa Castorena anunció además la creación de la Escuela Judicial que fortalezca al PJE en capacitación, actualización y especialización; el fortalecimiento de la Contraloría Interna para profesionalizar la vigilancia, control y evaluación administrativa de la institución.

El séptimo punto refirió consolidación de los juicios orales penales e implementación de la oralidad en materia civil y familiar; asimismo, la administración eficiente de los recursos y el fomento de la cultura de la paz como Justicia Alternativa.

Finalmente, comprometió impulsar la resolución de asuntos con enfoque de perspectiva de género y no discriminación, hacia la igualdad sustantiva, así como la orientación de resultados a través de un modelo de incentivos vinculado a la capacitación y desempeño institucional.

El Poder Judicial debe evolucionar junto con la sociedad para aspirar a seguir impartiendo justicia con un legítimo sentido social, concluyó.