Leticia Acuña Medina
El Heraldo

La corrupción, que consiste en diferentes formas de utilizar la función pública en provecho de sus gestores, obteniendo beneficios de la más amplia índole, se ha convertido en un problema estructural ocasionado por la práctica sistemática de las diversas conductas que la conforman.
Ello hace necesario hacer reformas y adiciones a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los burócratas, a fin de poner “candados” que inhiban la corrupción en la administración pública, y ejercer mayor control de las entidades paraestatales.
Hoy en sesión de la Diputación Permanente, se presentará la iniciativa con tal fin, turnada por el Ejecutivo.
Se busca armonizar su contenido con lo dispuesto en la Constitución Política federal y estatal, y normatividades afines.
Se propone que los Órganos de Control y Evaluación, sean responsables de del buen funcionamiento del control interno y gestión, así como estudiar y fiscalizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, además de conocer todos aquéllos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública, conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.
Para el ejercicio de sus funciones, el Órgano Interno de Control contará con una Unidad Auditora, encargada de fiscalizar el ejercicio del gasto público; una Unidad Investigadora, encargada de recibir la denuncia y elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas; y una Unidad Substanciadota y Resolutora, encargada de resolver e imponer las sanciones correspondientes.
Los titulares de dichas Unidades, serán designados por el gobernador, en base a las propuestas que le formulen los responsables de la Secretaría General de Gobierno y de la Contraloría del Estado.