Salvador Rodríguez López

Si antes se decía que “trabajar fuera del gobierno era vivir en el error”, hoy ocuparse en el sector público es estar en la inestabilidad, al desconocerse en qué momento puede quedar cesante – lo que se presenta aún cuando sea empleado sindicalizado o de base -, por lo que es necesario legislar para darle certidumbre al empleo.
Es una práctica común en las dependencias de los tres niveles de gobierno que el nuevo jefe llegue con su “equipo” de colaboradores, lo que exige despedir a quienes están y a los cuales se les da un período de gracia de dos o tres quincenas para luego ponerlos a disposición de la dirección de recursos humanos, que se encarga de enviarlos a la calle.
Es un problema recurrente cada tres y seis años que se ha incrementado en los últimos tiempos, al dictarse la destitución por el “pecado” de no ser parte del “grupo”, o de pertenecer a un partido distinto al que arribó, pero también se registran separaciones a quienes tienen una antigüedad de 10, 15 y hasta 20 años, inventándoles faltas para abrir espacios a los amigos o recomendados.
La mejor vía para eliminar esta práctica es que los congresos federal y estatal incluyan en la normatividad que en el caso de los despidos injustificados, el o los funcionarios que intervengan en el procedimiento deben pagar de su peculio los costos que deriven de la demanda laboral, incluidos salarios caídos y prestaciones.
Hacerlo obligará a que reflexionen detenidamente antes de proceder, ya que saben que si el empleado gana el litigio tendrán que saldar de su cartera, lo que en ocasiones llegan a representar cientos de miles de pesos y hasta millones, dependiendo del cargo que ocupaba el denunciante y el tiempo que tarda en resolverse el juicio.
Según Antonio Arámbula, secretario de Administración del Ayuntamiento de Aguascalientes, en lo que va del año se han pagado 5 millones de pesos por remociones infundadas, que corresponden a 70 de las 400 querellas que hay, misma que tuvieron su origen en anteriores trienios.
Está claro que el ingreso de los nuevos burócratas se da porque se “ganó” ese derecho al participar en las campañas políticas, tan es así que conforme a una investigación que ordenó Arámbula López sobre las administraciones pasadas, en el primer año de Gabriel Arellano hubo 2,500 bajas; con Lorena Martínez 1,600; con Antonio Martín del Campo 1,500 y ahora con Teresa Jiménez, en los primeros nueve meses, “no suman ni 1,000 casos”, afirmó.
De las 70 demandas resueltas, 20 trabajadores regresaron a sus puestos al demostrar ante los tribunales que la acción emprendida contra ellos fue infundada, mientras que otros llegaron a un arreglo y recibieron su finiquito, misma actitud que tiene lugar en casi 170 casos con los que se negocia. El total de las 400 demandas representa un monto de 50 millones de pesos.
En el caso de los sindicalizados, que deberían tener todo el apoyo de su organización, saben que están en total desamparo ya que los que detentan la dirección se hacen los distraídos en altas y bajas, por lo que resulta inútil recurrir a ellos y sólo les queda contratar los servicios de un despacho jurídico para que les ayude a lograr la mejor respuesta, aunque al final del día tengan que destinar parte de lo que obtengan para el pago de sus servicios.
Sólo con una reforma a la ley laboral y a los estatutos locales podrá terminarse con la inseguridad laboral en las oficinas públicas, que tanto daño causa a los hogares que dependen de ese ingreso, ya que atrás de cada despido hay una familia que debe pasar una etapa difícil, en tanto reencausa su vida.

ACTITUD ERRADA

Hay individuos que su única actividad es vivir a expensas de los demás, por lo que para ellos es algo “normal” asaltar negocios, introducirse en casas-habitación, robar a peatones o automovilistas. Todo el que está a su vista es una víctima potencial y no les importa que se trate de niños, mujeres jóvenes, estudiantes o personas mayores.
Si antes no tenían problemas para salir de prisión, gracias al amparo que conseguían, ahora con la nueva justicia penal es más fácil, ya que mientras no rebasen el monto mínimo de lo hurtado y que no haya lesionados, pueden salir sin mayores problemas, lo que ha provocado el juego de nunca acabar, ya que más tardan los policías en aprehenderlos que ellos en estar fuera.
Ante la ola de latrocinios que tiene lugar, los habitantes de las colonias se han organizado en comités de vigilancia, que ante el llamado de auxilio de algún vecino de inmediato van en su ayuda, en espera que esto contribuya que se reduzcan los problemas.
El asunto radica en que no todos tienen la mesura necesaria, por lo que hay quienes azuzan a los demás para le den una paliza al ladrón, con lo cual esperan que le sirva de escarmiento y como ejemplo a otros de su misma calaña.
Hay algunos que aplauden esta medida, por considerar que no quedaba otra salida, la cuestión está en que pese a tener motivos de sobra para actuar de esa manera, nadie puede hacer justicia por propia mano, por lo que de perjudicado pasa a procesado.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, subraya que de ninguna manera es válido y mucho menos legal, recordándole a quienes obran así que enfrentarán un juicio. Lo único válido es que, cuando se sorprenda a alguien cometiendo un delito y se le detenga en flagrancia, deben ponerlo de inmediato a disposición de las autoridades respectivas.
Sólo cuando es en defensa propia se puede obrar, pero exige ciertas circunstancias que deben quedar debidamente acreditadas, por lo que una vez investigado y analizado el caso el involucrado quedará libre de toda culpa.
El Artículo 17 de la Constitución General de la República señala: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, por lo que aquel o aquella que actúe en sentido contrario tendrá que enfrentar las consecuencias.
Se han presentado dos casos en Aguascalientes, uno de tres balconeros que asesinaron a una persona que presuntamente había robado varias veces el negocio, y otro el de un supuesto ladrón que fue ultimado en una fincada abandonada. Lo que corresponde a los investigadores es determinar qué ocurrió y el grado de responsabilidad de los implicados.
Para el titular del Poder Judicial es indispensable que los ciudadanos actúen apegados a la ley, porque hacer lo contrario es pasar a figura procesada con los daños que esto acarrea, principalmente que “quien comete un ilícito de tal naturaleza queda detenido, porque el homicidio es un delito grave, y la afectación que se origina lo es también y no había necesidad de ello”.
Aún con la pasión que se viva en el momento, es preferible tragarse la irritación y que prevalezca la cordura, concretándose sólo a capturar al supuesto delincuente y cederlo a la policía, que se encargará a ponerlo a disposición de la autoridad.

ADN NO SE BORRA

Las campañas políticas que se aproximan permitirán determinar las posibilidades que tengan los candidatos que registren los partidos, pero también indagar el historial de los que se presentan como aspirantes “independientes”. La mayoría provienen de un partido y del que defeccionaron cuando no apoyó sus ambiciones (en 2016 fue uno de esos casos), por lo que difícilmente van a cambiar de un día para otro sólo porque se disfrazan de “ciudadanos”. La sociedad debe estar muy alerta para que no le den gato por liebre, para ello puede investigar en internet cuál es su origen político y de esta forma tener una idea de quien es el que le pide su voto.

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