Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán prohibió a la Cámara de Diputados utilizar la nueva Ley Federal de Remuneraciones para fijar salarios que los servidores públicos recibirán en 2019.
Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, que pidieron a la Corte invalidar esta ley.
Aunque la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo pueden inconformarse con la decisión, la Corte discutiría la impugnación hasta el próximo año cuando ya esté aprobado el Presupuesto.
La Ley de Remuneraciones fue impulsada por la mayoría legislativa de Morena tan pronto como asumió la mayoría en el Congreso en septiembre. La iniciativa fue una de las principales promesas de campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador.
La ley establece que ningún servidor público puede ganar más que los 108 mil pesos mensuales que devengará el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los ministros de la Corte ganan por lo menos el doble de lo que AMLO pretende recibir.
La suspensión no impide expresamente reducir salarios, y Pérez Dayán rechazó la petición de los senadores opositores de dejar vigentes los que se han pagado durante 2018.
Sin embargo, obliga a que los sueldos sean fijados únicamente con base en reglas previstas en la Constitución.
“Procede conceder la suspensión para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes y todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la ley reclamada”, ordenó Pérez Dayán.
Agregó que los salarios tendrán que ser fijados con base exclusivamente en lo que prevén los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, así como tercero transitorio de la reforma de 2009 a la Carta Magna, que fijó el sueldo del Presidente como tope.
El artículo 127 señala que es “irrenunciable” la remuneración de funcionarios.
“Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”, establece.