POR: OCTAVIO DÍAZ G.L.

@octaviodiazg

Ante la entrada en suspensión de pagos de Argentina, el gobierno de ese país ha desviado la culpa de su responsabilidad mediante un hábil golpe de relaciones públicas, culpando a ciertos fondos de inversión que tienen deuda de ese país y que no estuvieron dispuestos a renegociar y aceptar que se les pagara solo una parte de lo que se les debe. El golpe mediático ha consistido en llamarlos “Fondos Buitre” y les ha funcionado pues la prensa de todo el mundo así los presenta. Todo el asunto tiene aires de tango, pues estos fondos de inversión han logrado que un juez en Nueva York exija que el gobierno argentino les pague y el gobierno de ese país se ha declarado víctima del juez y de los acreedores.

La anterior suspensión de pagos de Argentina ocurrió en 2001 al no poder pagar ese país una deuda de 81,000 millones dólares. Gracias a negociaciones con sus acreedores, la mayoría (93% de la deuda) aceptó hacer una quita y absorber la pérdida a cambio de nuevos bonos de deuda por un monto menor y sobre los cuales el gobierno de Argentina sí ha pagado intereses. Pero no todos los acreedores aceptaron perder lo invertido y prefirieron irse al litigio en cortes americanas. Recientemente, el juez Griesa de Nueva York, ordenó congelar recursos de las cuentas de ese país para pagar a aquellos acreedores que no aceptaron la renegociación, en lugar de pagar a los otros acreedores que sí aceptaron. El gobierno argentino, en lugar de acatar el fallo del juez, prefirió irse a suspensión de pagos alegando que había una cláusula que obliga a darles las mismas ventajas a todos sus tenedores de deuda, argumentando que si les paga a estos fondos que han demandado en Nueva York tendría que darles el mismo trato al resto de sus acreedores y no tiene los recursos para hacerlo. Los abogados dicen que la cláusula no es aplicable y solo es un pretexto para no pagar.

El que los países entren en suspensión de pagos no es nuevo, pero Latinoamérica tiene el campeonato. En una interesante gráfica publicada en The Economist, se puede apreciar que de los 10 países con mayores defaults en su deuda, solo uno no es latinoamericano (Turquía). En ese campeonato los ganadores son Ecuador y Venezuela con 10 defaults en su historia; los siguen Uruguay, Costa Rica, Chile y Brasil con nueve; luego México, Argentina y Perú con ocho. Con defaults posteriores al 2000 solo están los casos de Argentina, Ecuador, Venezuela y Uruguay. En el caso de México, cinco de ellos ocurrieron en el siglo XIX lo cual dio origen a invasiones extranjeras; uno durante la Revolución; otro en los años veinte del siglo pasado y luego hasta 1982 durante el gobierno del presidente López Portillo.

El mecanismo de renegociación en el que los acreedores aceptan hacer una rebaja en la deuda con tal de que les paguen algo, no es nuevo. Es bueno para quienes pidieron prestado de manera irresponsable y malo para quienes les prestaron, aunque en toda operación de préstamo existe un riesgo para quien presta. Para ello se revisa si hay un mal historial crediticio o si existe desorden en sus finanzas públicas tales como exceso de gasto o crecimiento desmedido de deuda y otros indicadores que hagan pensar que el gobierno del país no podrá pagar sus compromisos. Por ello nuestro país, como tantos otros, paga una prima de riesgo que se mide como la diferencia entre la tasa que un inversionista está dispuesto a aceptar por una inversión sin riesgo –como son los bonos del tesoro a 30 años de Estados Unidos– y la tasa que está dispuesto a aceptar, por ejemplo de un CETE emitido por el gobierno mexicano. El riesgo país medido en puntos base (100 puntos base equivalen a 1% de tasa de interés) para México, el 5 de agosto (Fuente: J.P. Morgan) era de 150, comparado con el de Argentina que era de 730 y el de Brasil que era de 224. Es decir, por cada peso que inversionistas extranjeros le prestan al gobierno de México, se paga una tasa de interés de 1.5% más que la que paga el gobierno de Estados Unidos por su deuda.

Es importante considerar que detrás de cada peso, dólar o euro prestado, hay alguien que ahorró y que está dispuesto a prestarlo. Sucede todos los días cuando un banco presta dinero para comprar una casa o para apoyar un negocio. La mayor parte del dinero no es del banco sino de los ahorradores. Por eso la banca debe estar tan regulada para evitar lo que pasó en México en 1995 cuando, por una privatización irresponsable de la banca, un manejo desastroso de las finanzas públicas y la falta de supervisión de las autoridades hacendarias, quebraron casi todos los bancos y el gobierno tuvo que entrar a proteger a los depositantes mediante el famoso FOBAPROA para que millones de personas no perdieran sus ahorros.

De igual forma, detrás de los fondos de inversión que compran deuda de los países están millones de ahorradores y es justo que un juez los proteja de aquellos países con políticas económicas irresponsables que se endeudan tanto que no pueden pagar. Gobiernos como el argentino, en lugar de echarle la culpa de sus malos manejos a los fondos de inversión que confiaron en ellos mejor harían en tener economías sanas y gasto gubernamental responsable. ¿Quiénes son los buitres, los fondos de inversión o el gobierno argentino?

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