Si allá me oprimen, yo aquí te oprimo, es la consigna que aplican los gobiernos estatales y municipales luego de que la Federación les redujo diversos apoyos. Para subsanar el faltante ya programado no vacilan en aplicar nuevos gravámenes en perjuicio de población en general y en primera instancia de los empresarios e inversores.

Algunos de esos tributos se hacen sin cortedad alguna, simplemente se anuncian como obligatorios y son acompañados de un cuadro de multas que habrá para quien no se ciña, otros se disfrazan de campañas de mejoramiento del espacio público y de una política medioambiental, pero a final de cuentas llevan una inocultable finalidad recaudatoria.

Los primeros en sufrir esos embates son los camioneros de carga, a quienes se pretende cobrar en varias ciudades un impuesto especial por cargar o descargar la mercancía, a lo que naturalmente se oponen ya que afectaría a toda la cadena de comercialización y finalmente, quienes pagarían la gabela serían los ciudadanos, que al ser los compradores finales enfrentarían precios mayores por los artículos que adquieran.

Roberto Díaz Ruiz, presidente estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), dijo que es un asunto que impacta a todos los socios, aún aquellos que en sus sedes no se fije esa cobranza, porque tendrían que pagarlo en otro lugar ya que su labor es a lo largo y ancho de la República.

De los estados donde se anunció que se haría es en Jalisco, Querétaro, Nayarit y Yucatán, pretendiéndose una tarifa de 1,800 pesos a cada unidad que ingrese a su territorio, sin embargo Jalisco desistió ante la amenaza de bloquear la circulación en las principales localidades de la entidad, lo que sí se haría efectivo en aquellos lugares donde se pretende imponer la tarifa, o bien, se frenaría el traslado de mercancía.

El dirigente señaló que las autoridades de cada entidad no reflexionan que al hacerlo lesionan la economía de lo que menos tienen ya que los transportistas se verían obligados a aumentar el costo del flete y que a su vez los comerciantes harían lo propio con los consumidores, que al ser el último eslabón son lo que vendrían pagando esa gabela.

El ex presidente nacional de la Canacar sostuvo que la situación económica no está para crear nuevos arbitrios o derechos, que si a los gobiernos locales la administración central les restringió las partidas directas o extraordinarias no tienen porqué tratar de que sean otros los que paguen esa privación, en todo caso que pospongan o cancelen programas no prioritarios.

Además, desde el punto de vista jurídico no es legal lo que se pretende, puesto que Canacar cuenta con un permiso federal para trabajar, por lo que no cabe ningún impuesto estatal o municipal para realizar la misma actividad.

En el caso de Aguascalientes no se ha manifestado ese propósito, por lo que toda la actividad se realiza sin contratiempo. Cada día hay un promedio de entradas y salidas de 15 mil 500 unidades y se trabaja en coordinación con las autoridades; el único problema que hay es que lo hacen dentro de la mancha urbana ya que no existe otra manera, pero una vez que esté concluido el libramiento dejarán de ingresar a la ciudad y esto ayudará en gran medida a elevar la seguridad interna y darle mayor certidumbre a los camioneros.

MÁS DE LO MISMO

Hace varios años se comentó Con Usted sobre la violación a los derechos humanos que se ejercía con el arraigo, ya que en el caso estatal se usaba a rajatabla y de lo cual se sabía hasta que el perjudicado lo ventilaba públicamente, lo que muy pocos lo hacían ya que al recobrar su libertad eran amenazados de regresar por ellos si abrían la boca.

En la actualidad, con el nuevo modelo penal, se cambió el arraigo por la prisión preventiva por varios meses, bajo el supuesto que el aprehendido podría evadirse a la acción de la justicia, sólo que esto se hace en infinidad de casos.

El arraigo fue el método más simple que tenían los agentes del ministerio público y que llevaban a cabo los agentes judiciales (hoy agentes ministeriales), ya que detenía para investigar cuando lo correcto era investigar y luego detener. Fue comentario general que había varias “casas de seguridad”, por lo que la hora que los defensores exigían la presentación de las personas no estaban en la sede la policía judicial lo que dificultaba lograr su libertad bajo caución.

La propuesta de la Fiscalía General de la República (FJR) de tener una Ley de Justicia Cívica y un Código Penal Nacional alertó a diversos sectores, porque entre esas intenciones está que “el arraigo domiciliario sería aplicable para todos los delitos, pero se reduciría 40 días”, lo que hacerlo de manera general habría un exceso ya que se mete a todos los presumibles infractores en un mismo paquete, así se trate de un acto involuntario o maquinal, como puede ser un accidente de tránsito, o un pleito en que el acusado únicamente se defendió.

El próximo uno de febrero la Cámara de Senadores dará respuesta al proyecto que le entregó la FGR, con la pretensión de homologar los códigos penales de todo el país para que su tipicidad y agravantes “le dé certeza y equilibrio a la defensa social”, subraya la dependencia, sin embargo en coincidencia con el gobierno federal, de juzgar de manera distinta a ciertos grupos étnicos, la FGR plantea que uno de los obstáculos de un código único es que hay delitos que son determinados de una cultura o de una región, por lo que “hay que dar la oportunidad de que esa defensa jurídica se pueda dar de conformidad con esas áreas culturales y con esas tradiciones y con la defensa de esos valores morales que muchas veces son fundamentales para una determinada comunidad”.

Por lo anterior, comunidades de pueblos originarios continuarían rigiéndose por sus propios sistemas, con lo que ya no sería un código penal único como se bosqueja, sino aplicable en el resto de la República.

Otra de las reformas sería en materia penitenciaria, al establecerse el trabajo de los reos como condición para acceder a beneficios de libertad anticipada, y los jueces no podrán decidir sobre traslados de reos entre cárceles, o entre secciones de una misma prisión, en todo caso las autoridades penitenciarias lo decidirán.

También se incluye la controvertida creación de jueces y magistrados especializados en responsabilidad penal, que juzgarán a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) acusados de algún delito.

En materia de fiscalías se obligaría a los estados a que sus fiscalías generales sean órganos autónomos, con titulares designados por nueve años y entrega directa de fondos federales, en tanto que en la investigación de delitos “se permite a la FGR y procurarías estatales solicitar intervención de comunicaciones privadas para casos en materias fiscal y electoral” y “se faculta a víctimas u ofendidos para solicitar a los jueces órdenes de cateo”.

Habrá que ver el resultado de esta centralización de acciones, en función que hay voces que visualizan una mayor vigilancia y presión sobre los ciudadanos, temiéndose que abarque a adversarios políticos y luchadores sociales para minar su participación.

MIENTRAS TANTO

La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado sobre el presunto secuestro (“levantón” le dicen algunos) de una mujer, lo que según las crónicas de los periódicos ocurrió el pasado 15 de enero a las 16:30 horas en el bulevar San Marcos, autoría que unos atribuyeron a agentes ministeriales y otros a un comando delictivo, ya que ambos actúan de manera similar. La misma Fiscalía ha guardado silencio sobre el asesinato de un vecino del municipio de El Llano, que familiares y vecinos lo atribuyen a un policía de ese lugar. En ambos casos se mantiene un mutis, tal vez en espera que el tiempo se encargue de echarle tierra a los expedientes, en una muestra que los años pasan, pero la impunidad es la misma.