Mientras el fiscal anticorrupción no sea autónomo, no podrá extirparse este “cáncer” del servicio público, ante el riesgo de que haya componendas, de que su actuación esté supeditada a alguien más, advirtió la diputada Citlalli Rodríguez González, al presentar iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado.

Reiteró su propuesta de reformar el Artículo 65, para que el fiscal especializado en Combate a la Corrupción sea designado de la siguiente manera:

  1. Treinta días antes de concluir el período para el cual fue designado, o en su caso, a partir de su ausencia definitiva, el Congreso del Estado tendrá quince días naturales para emitir una convocatoria pública abierta. Durante el plazo de diez días las asociaciones y colegios podrán proponer perfiles idóneos para el cargo.
  2. Una vez recibidas las solicitudes y los expedientes de los aspirantes, éstos serán remitidos a la comisión correspondiente para que analice los perfiles y emita sus opiniones técnicas, sometiendo a consideración del Pleno del Congreso una terna, en los términos que fije la ley.

III. Para los efectos de la fracción anterior, el Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, elegirá a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía con el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura dentro de los treinta días posteriores a la presentación de la terna. En caso de no lograrse la votación, se insaculará la terna para decidir quién deberá ocupar el cargo.

  1. El fiscal especializado en Combate a la Corrupción podrá ser removido por el Congreso del Estado por las causas graves que establezcan las leyes, previa garantía de audiencia.

LOS REQUISITOS. Deberá reunir los requisitos siguientes: I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento; II.- Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; III.- Contar con título profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años; IV.- Gozar de buena reputación.

V.- No tener pendiente en trámites pedidos, contratos relacionados con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, la contratación de servicios y de obra pública en el servicio público o cualquier otro asunto o litigio que tenga interés a favor o en contra de la Administración Pública, o cualquiera de los otros tres poderes o los tres ámbitos de Gobierno, o bien participe en alguna sociedad creada para el efecto; y, VI.- No haber sido condenado por delito doloso.