Saber cuidar el dinero público y darle el destino adecuado es una exigencia de la sociedad que, según dijo la alcaldesa Teresa Jiménez, se cumple a cabalidad en la capital de Aguascalientes, a lo cual se suma una cartera libre de deudas, por lo que el gasto que se aplica es con recursos propios y lo que se recibe de participaciones.

Más allá del destino que se le ha dado a las gabelas, es muy importante tener un manejo con sensatez, evitando la tentación de contraer compromisos que luego se convierten en una carga y frenan la consecución de programas de beneficio colectivo.

Del tercer informe de actividades que rindió el pasado 6 de septiembre, ante la presencia del gobernador Martín Orozco Sandoval, la titular del Ayuntamiento subrayó que la participación sin reservas de los miembros del Cabildo ha sido determinante para alcanzar las metas que como administración se propusieron, por lo que hoy se puede afirmar que los avances que se registran no son obra de una sola persona sino producto de acuerdos y apoyos de todos los ediles, pero principalmente de cada uno de los habitantes, que han sabido responder a la exhortación de que se unan a esta causa.

Enumeró varios de los resultados, como la inversión de 2 mil 300 millones de pesos en obra pública, que incluye la rehabilitación de parques públicos, velarias en escuelas, atención a comunidades rurales y el rescate de algunos barrios tradicionales.

Está por inaugurase el Centro de Atención Municipal (CAM), construido en el terreno que ocupó por muchos años la Comercial Mexicana de la avenida Adolfo López Mateos poniente, lugar en que podrá hacerse más de 200 trámites que significará un ahorro de tiempo para los ciudadanos.

En los tres años de gestión se invirtieron 255 millones de pesos en obras de suministro de agua y rehabilitación de pozos, además se trabaja en un plan hídrico para elevar el servicio, con lo que se espera un mayor esmero a los miles de hogares y empresas.

Asimismo, dijo que se impulsó la seguridad pública, con la creación de 350 comités de buen orden y la instalación de cámaras de videovigilancia con tecnología 360 grados, reconocimiento facial y placas vehiculares, acciones que según la medición han logrado disminuir en 20% la percepción de inseguridad.

En esta administración se dio respuesta a una añeja demanda colectiva, al declarar como área natural protegida al Parque La Pona, y en conjunción con el gobierno estatal se hizo lo propio con el Bosque de Cobos, ambos amenazados con desaparecerlos para crear fraccionamientos y negocios, lo que habría acabado con lo poco que tiene la ciudad en materia arbórea.

De lo que no mencionó y que debe resolver en la nueva administración que habrá de encabezar, es el reiterado reclamo de gran número de colonias donde el abastecimiento de agua potable es bastante irregular o de plano deja de recibirse por días o semanas, sin que la empresa francesa Veolia tenga una respuesta.

También está la inseguridad en diversos sectores, incluida la zona centro, en donde los robos a casas-habitación, comercios, empresas y asalto a transeúntes es el pan de todos los días, por lo que es urgente una modificación en las estrategias de vigilancia policíaca.

Es innegable que hay avances en materia administrativa pero falta ese extra que ojalá se dé para que la ciudad vuelva a ser un lugar tranquilo, en el que los jóvenes salgan a divertirse con la confianza de que hay un control de la autoridad, que las familias no tengan temor de andar en la calle y que  hombres y mujeres, lo mismo que los estudiantes, transiten sin problema a sus centros de estudio o trabajo y de regreso a sus hogares.

SUBEN LOS CRÍMENES

Aguascalientes vive una división de puntos de vista, al insistir el fiscal estatal en que la policía municipal capitalina no está capacitada para ser coadyuvante de los juicios orales, por lo que se entorpece el trabajo de los agentes del ministerio público, y por otra parte hay quejas en contra de la Guardia Nacional por su poca participación en la entidad, dichos que son rechazados por aquellos que defienden su labor.

Mientras que los funcionarios se enfrascan en este tipo de discusiones, la más de ellas bizantinas, los cárteles arrecian su lucha para quedarse con esta plaza, lo que ha provocado tan sólo en tres días se presentaran tres asesinatos, todos con el sello del crimen organizado, que no se anda por las ramas para demostrar quien manda aquí.

De acuerdo con los pocos datos que deja ver la fiscalía, dos de los homicidios los sufrieron un hombre y una mujer, jóvenes ambos, y que ocurrieron con 24 horas entre uno y otro en distintos lugares; del tercero se menciona que también fue una persona joven y ocurrió en una colonia del noreste de la ciudad.

Se presume que un cártel está haciendo una “limpia” de narcomenudistas que trabajan para otra organización, para ello aplica la violencia extrema que infunda temor a sus enemigos, pero el problema radica en una regla no escrita, que quienes son agredidos luego se convierten en agresores, lo que desata una lucha abierta que en otras partes de la República ha sido nefasta para la sociedad, con crímenes múltiples, donde hay víctimas inocentes que estaban o pasaban por el escenario. De ello pueden dar cuenta ciudades de Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua,  Estado de México y la capital del país.

Cuantas veces ocurren aquí los crímenes que se atribuyen a los cárteles, se dice que son “esporádicos”, por lo que no hay que alarmar a la sociedad puesto que la mayoría de ellos tienen un índole pasional o por rencillas, sin embargo la frecuencia de los últimos días y la forma en que sucedieron las muertes no dejan lugar a dudas que se está ante una situación que de continuar podría hacer que la temperatura se eleve demasiado.

Es  necesario investigar qué hay de fondo sobre el particular y tratar de evitar que siga presentándose, de lo contrario se acrecentará la lucha que sólo deja dolor y luto y un temor progresivo en la comunidad, que puede verse involucrada sin tener nada que ver con lo que se disputa.

Aún es tiempo de aquietar las aguas ¿Tendrán voluntad y arrojo para hacerlo?, ¿O actuarán hasta que se viva el terror que se presentó recientemente en Coatzacoalcos, Veracruz?

SE HACE PRESENTE

Podría parecer que es demasiado temprano para pasar lista, pero Fernando Herrera Ávila sabe que es el momento de estar en el aparador social y con espectaculares y en los medios impresos hace sentir su mirada hacia 2022.

A poco más de dos años que se descorra el telón para la candidatura a gobernador, el actual vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN aumentó su aparición pública, al emitir un breve pero aleccionador mensaje: “México en Picada, un año de populismo” y con letras más pequeñas cita: “Un análisis del primer año del nuevo gobierno. Un llamado a la acción”, que es el título de un libro de su autoría, y al mismo tiempo se convierte en recordatorio para la colectividad, que reflexione sobre lo que ha hecho el gobierno federal en los primeros siete meses.

Aunque en los seis años que se desempeñó como senador mantuvo una comunicación constante con una o dos declaraciones por semana, actualmente sigue emitiendo comentarios sobre los hechos que tienen relación con la vida de los mexicanos en general y de manera particular de los aguascalentenses.

Sostiene que el propósito del libro “es demostrarle a la gente, con objetividad, lo que está ocurriendo y darle elementos para que valoren y hagan conciencia de que el voto de confianza que se le otorgó al presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene que ser respaldado por resultados en el gobierno”, exigiéndole que cumpla lo que prometió y a lo que se comprometió, porque la calidad de vida de los mexicanos no tiene por qué deteriorarse “si se tiene ciertos complejos de carácter ideológico”, sostuvo.

Al ser Acción Nacional el partido en el gobierno estatal será una lucha sin cuartel entre los aspirantes a suceder a Martín Orozco, por lo que es normal que Herrera Ávila empiece a acelerar el paso a sabiendas que varios de los que están en el mismo carril ostentan un cargo público, situación que les permite estar en el ánimo de los ciudadanos, de ahí que de una u otra manera busca ir en igualdad de condiciones.

PISADAS DE IMPUDOR

Como en los viejos tiempos, el partido mayoritario en la Cámara de Diputados pretendió apropiarse de lo que legalmente no le correspondía, lo que fue impedido por la auténtica oposición, que unida evitó la crisis constitucional que rondó por varios días el Congreso de la Unión.

Claro está que los hombres y mujeres que se ostentan como “representantes populares” están a años luz de serlo. Lo que hacen es defender los intereses de sus partidos y cuidar su carrera política, por consiguiente la sociedad se encuentra desamparada y atrapada entre una maraña de ambiciones

Al límite del tiempo previsto por la ley para designar al presidente de la Cámara, en sustitución del controvertido prócer Porfirio Muñoz Ledo, quedó la diputada del PAN Laura Rojas, que fue la propuesta original de los panistas y rechazada una y otra vez por la bancada de Morena, sin embargo tuvo que ceder cuando se aproximaba la hora cero.

Para destrabar la obcecación morenista, que pretendía quedarse los tres años en el cargo, tuvo que intervenir su líder moral Andrés Manuel López Obrador, que aún cuando de manera pública rechazó hacerlo por aquello de la “separación de poderes”, lo hizo vía la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en una llamada a los coordinadores parlamentarios reunidos a puerta cerrada para encontrar una solución y que alguno de los ahí presentes “filtró” a los medios de comunicación.

En la conferencia de prensa del día 4 el mandatario nacional lanzó un fuerte reproche a sus correligionarios: “Imagínense, si nosotros que estamos planteando una transformación permitimos eso, o un partido que porque tiene mayoría puede aprovecharse para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción, pues eso es retroceso. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza”.

El problema surgió cuando Morena, mediante la diputada Dolores Padierna, alegó que su partido debía seguir en el cargo al ser el organismo que tenía mayoría absoluta – junto con sus partidos satélites -, por lo que, pese al acuerdo de que la presidencia fuera rotatoria para que los tres principales partidos presidieran los trabajos un año cada uno, no iban a permitir que Acción Nacional lo hiciera en esta ocasión, además de que nadie podía igualar el historial legislativo y político de Muñoz Ledo.

Fueron días en que las sesiones fueron prolíficas de insultos y mofas, llegando a equiparar a Muñoz Ledo con Porfirio Díaz, además de gritarle “espurio” por seguir aferrado a un cargo que ya no le correspondía, injurias que cambiaron cuando anunció que ya no pugnaría por seguir en esa silla, lo que se convirtió en una catarata de aplausos y elogios. Eran los mismos que minutos antes hacían escarnio de él y que cambiaron por aclamaciones.

La designación del presidente o presidenta – en este caso – de la Cámara debió hacerse a más tardar el 31 de agosto para que a partir del uno de septiembre asumiera esa investidura, y en caso de que no fuera así tenían como plazo hasta el 5 de septiembre, lo que finalmente se logró la tarde del último día.

Morena tuvo que ceder que Laura Rojas se hiciera de esa posición con 349 votos a favor, 42 en contra de legisladores de Morena y 37 abstenciones del mismo grupo mayoritario por lo que presidirá los trabajos correspondiente al segundo año de la 64 Legislatura. En las vicepresidencias quedaron Marco Adame (PAN), Dulce María Sauri Riancho (PRI) y Dolores Padierna (Morena). En esta ocasión la paridad de género brilló por su ausencia, toda vez que de los 12 que forman la directiva (presidencia, vicepresidencias y secretarías), 9 son mujeres y 3 hombres.

SALPICA EL EJEMPLO

Primero fue en Baja California, al aprobar la pasada legislatura local la ampliación de mandato del gobernador electo de Morena, para que en lugar de dos años fueran cinco, lo que  hoy se conoce como la “Ley Bonilla”, luego en Tabasco los diputados aprobaron la llamada “Ley Garrote” que permite encarcelar por varios años a quienes se opongan a una obra gubernamental o haga protestas públicas; más tarde la diputación federal morenista pretendió quedarse tres años al frente de la Cámara, y el 4 de septiembre la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz aprobó sustituir al fiscal Jorge Winckler, quien ha mantenido fuertes diferencias con el gobernador morenista Cuitlahuac García.

En el poco tiempo que lleva García en el cargo se ha pretendido llevar a juicio político a Winckler, pero al no haber sustento legal se mantuvo en su puesto, del que fue despojado para entregárselo a Verónica Hernández, que hasta el pasado 3 de septiembre era directora jurídica de la Secretaría de Gobierno estatal, lo que motivó que el líder de la bancada del PAN en el Congreso, Sergio Hernández, señalara: “Hay una fiscal que no tiene ningún sustento legal para ejercer el cargo, una fiscal carnal que era empleada del Gobernador, una mujer que despacha con apoyo de la fuerza pública y obligando a los empleados a tomar acciones a partir de lo que haga en este momento es ilegal”.

Al acudir a palacio de gobierno para exigir el titular del Poder Ejecutivo que se abstenga de intervenir en las decisiones legislativas dijo:”Lo que ocurrió ayer (martes) en Veracruz es una aberración y un atentado a las instituciones, en la cual estuvo la mano del gobernador Cuitláhuac García” y mediante un pliego petitorio los panistas exigieron que la Secretaría de Seguridad Pública libere la sede de la Fiscalía estatal y la restitución de Jorge Winckler y ante todo “respeto a la división de Poderes frenando sus actos de intromisión e intimidación al interior del Poder Legislativo y órganos autónomos del estado”.

Instalada como fiscal, Verónica Hernández afirmó que en ese órgano imperó la impunidad y uso perverso de la ley: “En este momento lo que Veracruz reclama es resultados y la etapa anterior no se caracterizó por dar los mejores resultados para la población, como muchas evaluaciones lo han dejado claro. La etapa llena de indolencia y un perverso uso de la ley habrá de terminar”.

La jueza federal Primera de Distrito de Xalapa, Karina Juárez Benavides, requirió al Congreso de Veracruz para que informe y justifique la separación temporal de Winckler: “Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días informen y justifiquen a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión, esto es, deberá acreditar con los medios de pruebas procedentes, si emitieron o no el acto que se atribuye y con el que supuestamente transgredieron la suspensión otorgada al quejoso y remitan las constancias que acrediten su dicho”.

Juárez afirmó que para el 19 de septiembre la audiencia de alegatos del incidente, que de resultar fundado, daría lugar a que el caso sea turnado a la Fiscalía General de la República, pues la violación a una suspensión es un delito federal que se castiga con 3 a 9 años de cárcel.

El problema de fondo, en los casos en que han intervenido cuestiones políticas, es que sigue presente la curva de aprendizaje, que mientras no se logre superar estará presente en actos que buscan imponer criterios propios sin importar el daño que cause a la sociedad, que empieza a mostrar impaciencia ante la serie de desbarros que se presentan aquí y allá.

GALIMATÍAS JURÍDICO

La libertad que obtuvo Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, considerado como pieza clave en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, metió en un lío legal a la actual Fiscalía General de la República, a funcionarios de la ex PGR, al Poder Judicial de la Federación y al propio Ejecutivo federal, al observarse que en alguna parte de las investigaciones alguien no hizo bien su trabajo y esto fue aprovechado por la defensa de uno de los principales líderes de Guerreros Unidos.

“El Gil” fue capturado el 16 de septiembre de 2015 y el pasado 30 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Ayotzinapa, Alejandro Encinas, declaró que “uno de los principales perpetradores” de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, podría quedar libre.

En su momento la desaparecida PGR presumió la captura de 128 implicados en la desaparición de los estudiantes,  sin embargo a casi cinco años de los hechos, 40 de ellos ya quedaron en libertad, en donde la mayoría de las absoluciones se han presentado como consecuencia de cuatro amparos otorgados en junio del año pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Reynosa, a inculpados en el caso, al considerar que fueron torturados, por lo que sus declaraciones quedaron jurídicamente invalidadas.

A Gildardo López Rustidillo se le seguía dos procesos penales, uno por delincuencia organizada, del que fue absuelto en junio del año pasado, y otro por secuestro, que es por el que se investiga la desaparición de los jóvenes y por el que había permanecido en prisión hasta el 31 de agosto anterior.

La liberación de El Gil fue reprobada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que esto, más que desaliento “es indignante que se tomen este tipo de decisiones”.

Encinas dijo que “aquí hay que discutir con la autoridad judicial la prevalencia del interés superior, del respeto al derecho de las víctimas, y no del victimario. Vamos a hacer una revisión a fondo”. Esto se dio, añadió, por fallas en el sistema de justicia, por lo que “yo creo que es un asunto que se tiene que revisar a fondo, no es un hecho aislado, yo creo que es un tema que hay que atender de fondo, en donde tenemos que reconocer que efectivamente la práctica de tortura existe de manera recurrente en el país, y que fue la fuente fundamental para la construcción de la mal llamada verdad histórica (del caso Iguala). Se van a cumplir cinco años y por supuesto vamos a dar cuenta, vamos a informar de lo que hemos venido realizando”.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “es preocupante que no se puedan sostener los procesos. Hemos venido corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos, ha tenido como consecuencia que se den liberaciones”, lamentó Luis Raúl González.

Alejandro Encinas reiteró que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador interpondrá quejas y denuncias en el Consejo de la Judicatura Federal y la propia Fiscalía General de al República (FGR), para que se investigue la actuación y omisiones de los funcionarios relacionados con el caso: “Que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía y de los jueces para deslindar responsabilidades en estos casos donde, en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad en la comisión de este delito”.

El titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Larrieta, estimó que la liberación de “El Gil” se dio por fallas en la investigación de la PGR, pero también cuestionó el papel de los jueces, particularmente del secretario en funciones del juez Juan Manuel Trespalacios Castán, quien admitió como prueba válida la transcripción de mensajes para un juicio contra ocho operadores de Guerreros Unidos en Chicago, sin embargo en la causa penal 66/2015, contra Gildardo López , el juez aludió sólo a mensajes enviados entre el 25 de septiembre y el 3 de octubre de 2014, en los que no se menciona a “El Gil”, no obstante que en los mensajes interceptados desde Chicago, López Astudillo tiene interlocución con los líderes de Guerreros Unidos, en particular en lo referente a bloquear la carretera hacia Mezcala y que lo hicieran con policías comunitarios, todo por órdenes de quien ha sido liberado.

Como muchos otros crímenes que han cimbrado a la sociedad mexicana, el asunto de los normalistas camina al mismo destino, en que los principales involucrados queden libres y otros, por complicidad u omisión, ni siquiera sean llamados a dar su versión.