El talento debe transitar con libertad entre los sectores privado y público en forma bidireccional, y si algún ex funcionario público que hoy colabora en una empresa privada ha violado la ley, que se aplique la ley y sancione conforme a derecho y sin demora.
Así lo planteó Coparmex a través de un posicionamiento público hecho a nivel nacional, en respuesta al pronunciamiento presidencial para que ex servidores públicos no vayan a trabajar a la iniciativa privada.
El sindicato patronal, que en Aguascalientes preside Raúl González Alonso, expuso que el desarrollo del país requiere el mejor talento humano disponible en los sectores público y privado, en los niveles operativos, técnicos y directivos.
Consideró que impedir ese tránsito debe ser una excepción, justificada y precisada en tiempo y sólo en la medida en que lo hecho por el servidor público tenga impacto relevante, directo y específico en una o varias empresas o sectores.
De igual modo, dejó en claro que en el país debe prevalecer el Estado de Derecho y en ese marco todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir con las leyes, independientemente del sector en el que nos desempeñemos.
Estimó preocupante que desde el Gobierno Federal se lancen acusaciones públicas genéricas sobre personas, sin aportar pruebas concretas de qué delitos o actos de corrupción se imputa a dichos ex funcionarios.
Asimismo, puntualizó que no es ilegal y de ninguna manera debe ser descalificado un ex funcionario por el hecho de trabajar ahora en la IP, en un área vinculada a su conocimiento y experiencia previa.
“Las acusaciones ligeras y dogmáticas deterioran la confianza entre los sectores referidos, que es indispensable para seguir fomentando inversiones nacionales y atrayendo inversiones extranjeras al país”.
Finalmente, señaló que la facilidad de la incorporación del talento procedente del sector público hacia la empresa privada, favorece la conducta de integridad en los funcionarios públicos, al propiciar su empleabilidad inmediata.