Saúl Alejandro Flores

Continuamos con el tema de las expectativas del sector agua para los seis años que comprende la actual administración federal, ya he mencionado sobre la visión, relevancia de las políticas públicas, la perspectiva de la legislación y marco jurídico, que no puede ni debe minimizarse.
Ahora me enfocaré en una reflexión sobre el contenido mínimo que debe comprender el proyecto de Ley de Aguas Nacionales o Ley General de Aguas, cualquiera que sea el proyecto o perspectiva debe por lo menos considerar lo siguiente: a) Revertir la debilidad y vulnerabilidad institucional que tienen las autoridades de agua en los tres ámbitos (federal, estatal y principalmente los municipios) en donde los organismos operadores que son quienes prestan los servicios de agua y cuyo desempeño en la casi totalidad de ellos, dista mucho de ser un nivel de calidad.
b) Es ineludible que en la nueva legislación los gobiernos estatales tengan las facultades para presentar los servicios en sustitución de los municipios, hasta en tanto estos últimos demuestren, caso por caso, vía en ente regulador sectorial – quizás estatal – que cuenta con las capacidades y solvencia para resumir estos servicios. Dado que es importante brindar el servicio de una manera sustentable, sostenible y eficiente. Explorando la diversa panorámica que comprende esta propuesta.
c) Se demanda el considerar que participen coordinadamente y con claridad los gobiernos estatales y municipales en razón de que el gobierno federal no puede soportar por sí solo con eficacia y oportunidad toda la carga que conlleva la gestión integrada de los recursos hídricos de México, es inviable pretender que la gestión del agua continúe bajo una óptica central con oficinas débiles e incapaces a nivel estatal. En pocas palabras, son importantes los gobiernos estatales con alta capacidad de gestión y actuación sobre las aguas nacionales. Sin descuidar o vulnerar el pacto federal.
d) Se demanda una sociedad con amplia cultura sobre temas de agua, mejor enterada y más activa para transitar de la mera participación social a la acción subsidiaria a la actuación gubernamental. Es un componente importante que debe motivar la futura legislación del sector agua. En cuanto al uso agrícola, se requiere de empresas sólidas en materia de riego.
Es imprescindible replantear a la autoridad del agua a nivel nacional y Conagua debe basarse y operar bajo los lineamientos siguientes: a) Simplificación de la eficacia de la estructura y función. b) Certificación de personal experto en recursos hídricos, su gestión y acceso a cargos públicos de alto nivel vía concursos de oposición. c) Las direcciones generales de organismos de cuencas se trasforman, reduce el número y fortalecen. d) La gestión del agua por cuenca hidrográfica debe enriquecer. Los consejos de cuencas se trasforman, fortalecen y rinden cuentas. Con ello se blinda la gobernanza del agua, debe fortalecer la desconcentración y descentralización por cuencas. Descentralizar la gestión del agua con corresponsabilidad estatal con sus comisiones estatales fortalecidas e incluso con roles operativos. Se trata entonces de una tarea siempre inacabada; con una gravedad que estriba en que si no es atendida, los riegos y rezagos se incrementan.
Para lograr lo anterior se requiere operar y actuar, por lo tanto es preciso volver a constituir capital humano capaz de atender estas asignaturas, con apoyo político, liderazgo técnico y claridad de miras socioeconómicas y ambientales de lo que se persigue y de la temporalidad por los esfuerzos por realizar y recrear el vehículo que existe entre las políticas públicas, la planificación hídrica, las carteras de proyecto, los proyectos presupuestales y de fuentes de financiación suficientes y oportunas.
En materia de finanzas, el marco institucional y jurídico debe considerar inversiones y proyectos del sector, los propósitos deben fortalecer la eficiente gestión del agua como un recurso, así como contar con mejores proyectos de trascendencia y fuerte impacto, las actuaciones para operar, mantener y rehabilitar obras e instalaciones e innovar estos elementos estructurales y no estructurales en sintonía con los efectos de viabilidad climática. Una realidad compleja nos arroja esta dramática cuenta, ya que para hacer frente a las necesidades del sector agua en México y avanzar hacia el estado de país que se aspira con una calidad en los servicios y gestión del recurso agua, sería necesario construir en los próximos treinta años más infraestructura que toda la que se ha realizado en la historia del país, en conclusión, ello nos refleja una brecha de dimensión colosal.
Simplemente para comenzar se requiere la mejora en las obras de conducción y las redes de distribución de agua, tanto en el campo y centros urbanos, como industriales y del sector energético, aunque es importante destacar que hay otros aspectos que se requieren como la preservación y conservación del recurso agua, la materia ambiental es inevitable, no puede omitirse, su necesidad para lograr un nivel aceptable en la calidad del agua y su preservación, es de una dimensión colosal.
De manera escueta, podemos aseverar que esos serían algunos de los aspectos que deben considerarse en la legislación federal que debe emprenderse, cuidando los discursos panfletarios e ideológicos que lo único que propiciarían sería incrementar la brecha existente, como consecuencia tendríamos un rezago y una baja en la calidad de los servicios.
Es indudable que nos encontramos en una encrucijada en la cual no se puede pasar de largo la necesidad de una legislación federal, sea ley general o federal, reglamentaria o lo que se determine, ya que lo realmente importante es contar con ella, una legislación apta y pertinente a los retos que demanda el sector. No debemos olvidar que estas acciones y propuestas deben tender a que en México y Aguascalientes, el agua nos alcance.

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