Saúl Alejandro Flores

Continuamos amable lector con la temática respecto a las perspectivas que se avizoran o que deberían esperarse o atenderse para la próxima administración federal, en lo correspondiente a la materia de agua, ya que no debemos olvidar que las aguas son nacionales de conformidad con lo que establece el artículo 27 constitucional, (salvo las excepciones que he comentado en ocasiones anteriores en esta columna), entonces, pasemos a reflexionar sobre algunos de los aspectos que deberían ser considerados con la finalidad de poder atender, solucionar y afrontar la problemática del sector agua.
Respecto al marco jurídico del sector del agua, debemos decir que el desarrollo del sector se ha debilitado, independientemente de la reforma de la Ley de Aguas Nacionales de 2004 que introdujo la administración a través de organismos y consejos de cuenca, un ejercicio que no ha fracasado pero que vale la pena mejorar y poner los matices necesarios en ello, es decir, darle más fortaleza y menos simulación a la participación y rol que desempeñan los consejos de cuenca particularmente.
Se demanda una reforma del sector que busque construir la política hídrica nacional, descentralizar a favor de gobiernos estatales y cuencas hidrológicas, que por fin cristalicen con un sistema financiero del agua, esquema del cual he hablado en este espacio en varias ocasiones, además de modernizar y fiscalizar la administración de las aguas nacionales. Es importante a su vez emitir el reglamento de la propia Ley de Aguas Nacionales, mismo que ha quedado en el olvido pues nunca se publicó por intereses de la alta burocracia en Conagua en aquel no tan lejano 2004. Existe una ausencia reglamentaria.
También es fundamental el debate sobre la necesidad de una ley de agua y saneamiento de alcance federal, pero más aún concretizarlo en una ley, es decir, relativa al uso público urbano, una ley reglamentaria del 115 constitucional, o en su defecto replantear este esquema, retomando un proyecto que venía de hace más de diez años con el proyecto de Ley Federal de Agua Potable.
Por otro lado, existe rezago en la comprensión de los conceptos que sustentan los derechos fiscales por la extracción y vertido de aguas nacionales y prestación de servicios ambientales hidrológicos. Esto ocasiona rechazo por los usuarios y afecta el cobro de estos derechos. Hay avances, pero existe un rezago ya que la recaudación aún es insuficiente con relación a la panorámica y campo amplio del cobro, aunado a lo grave que se presenta por actos de opacidad que han predominado.
Esas discusiones y panorámicas a las que hago referencia de hace más de diez años, planteaban con voces que detrás de ellas está la experiencia en dar un papel y responsabilidad en las entidades federativas, ya que existe un freno para reforzar el marco institucional, y la descentralización sectorial es la debilidad o ausencia de las comisiones estatales dedicadas al tema de la gestión del agua como recurso, a los servicios de agua y el riego agrícola, incluyendo su regularización.Esto ha propiciado la carencia de interlocutores estatales ante Conagua, capaces y con autoridad consolidada en la materia. La mayor de las veces por que los directores que han desfilado desconocen los resortes internos de la gestión y administración del agua, en otras han sido máquinas para producir dinero en pro de actos deshonestos y negocios de los titulares de los poderes ejecutivo de los estados, en conjunto han reflejado no sólo su ignorancia del rol que puede desempeñar un estado, sino que han exhibido la incompetencia que termina convirtiéndose en corrupción y eso ha sucedido por la pobreza de los perfiles de quienes encabezan a la autoridad estatal de agua. Hay casos severos como el de Aguascalientes, en donde se desapareció a la autoridad estatal de agua, aunque se haya absorbido por un ente centralizado, condenó a este estado a presentar un rezago en la gestión del agua, un sexenio que pesará en el futuro del agua.
Cierto que Conagua fue incapaz de cumplir con eficiencias y costos moderados de las responsabilidades y actuaciones que competen y continúan centralizadas. Pero las autoridades estatales, por miopía o falta de experiencia o negligencia, tampoco actuaron o fueron proactivos, no propiciaron el dialogo y acción al encabezar a las comisiones estatales, ni las posibilidades de descentralizar políticas hídricas de la Federación hacia el Estado, las cuales quedaron frustradas y la brecha en la gestión del agua continúa en ascenso.
Hay otro rubro relacionado con el aspecto jurídico y es la administración del agua, se tienen serios problemas de sobrexplotación y sobreconcesionamiento en cuencas y acuíferos, que ponen en riesgo el desarrollo sustentable, la gobernabilidad del agua y la paz social. Se ha provocado el desorden, los enfrentamientos, severos conflictos y lesionando a la autoridad y la capacidad de maniobra gubernamental. Es clara la pobreza de criterios, programas, regulación, control, instrumentos diversos y recursos, así como la voluntad política para enfrenar el desequilibrio hidrológico de cuenca y acuíferos con riesgos de la sustentabilidad ambiental, sobrevivencia de comunidades y producción económica. El centralismo ha propiciado la deformación de la perspectiva de los propios usuarios que en ocasiones sobreexplotan el agua superficial subterránea contribuyendo a su escasez, lo cual afectara su futuro, pero pese a ello son incapaces de cuidarla y protegerla.Es nocivo el desconocimiento actual sobre la ocurrencia del agua, su disponibilidad, las aguas comprometidas en concesiones y asignaciones, y la contaminación por vertidos y sobreexplotación de acuíferos. La próxima semana continuaré, no sin antes recordarles que estas acciones son importantes para que en México y Aguascalientes, el agua nos alcance.

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