Saúl Alejandro Flores

La administración sexenal ya comenzó y para el caso que nos ocupa estimado lector, continuaré con algunos de los pormenores que he mencionado, son necesarios para lograr la sustentabilidad e implementar una auténtica y relevante política hídrica en el país, ajena a espejismos ideológicos o aquellos que fueron rentables en la parte mercadológica de lo que fue una campaña política, porque eso es una exhibición mercadológica, pero que si no se actúa con oportunidad se corre el riesgo de perder totalmente la brújula para una efectiva administración.
Dentro de los 100 puntos que se mencionaron en el zócalo, los que se refieren a agua no tienen ninguna relevancia ni trascendencia, los dos puntos que ahí se abordaron no valen la pena mencionar, porque siguen siendo parte de esa campaña que jala votos a un sector que no conoce el sector agua, y la conoce de rebote por esas partes que exaltan un sentimiento nacionalista, pero mal informado. Es decir, “la famosa privatización” que como he mencionado no es posible, por ningún lado por el que se le busque, y más que ver un espectro que no existe, ni es posible, se descuida un problema que si es delicado y es la falta de disponibilidad de agua para una cada vez mayor población, con una alta incidencia de contaminación, el abatimiento de acuíferos, la corrupción y tráfico en los derechos de agua y que eso sí es un monstro de siete cabezas y no la falacia de la privatización. La ausencia de medidas para formar la sustentabilidad y la orfandad de los municipios para operar los servicios de agua y de una ley que ya es obsoleta, aunado a sus reglamentos. Ahora bien pasemos a esos temas que les mencioné como pendientes.
En la Gobernabilidad del agua nos encontramos que la capacidad técnica de las instituciones federales del sector se ha adelgazado, y esa improvisación se manifiesta en omisiones y errores, con alto costo económico para el país y graves consecuencias sociales y políticas. Es alto el riesgo de fallas y errores costosos mientras no se cuente con el apoyo del más alto nivel político y financiero para temas de agua. Ese tema puede incrementarse si se despiden o afectan los derechos laborales de un sector considerable de técnicos con experiencia comprobada en el sector. Esa anarquía que se ha asomado en el sector agua en México se ha manifestado en los conflictos no resueltos entre los usuarios que compiten y luchan por la misma agua cuando la demanda es mayor que el agua disponible. También se deriva de mecanismos y practicas equivocadas para asignar el agua, ahí lo tenemos en la Ciudad de México. También se tienen conflictos entre usuarios y autoridades estatales, así como federales entre entidades federativas por el agua, como son los casos de las cuencas de los ríos Bravo y Lerma-Chapala-Santiago.
Se han propuesto profundas reformas en el sector de agua y se sigue demandando de ellas. El objetivo a largo plazo de una reingeniería de sector agua es nítido: que el agua sustenta en forma equilibrada y justa al desarrollo nacional, con visión al futuro, con respeto a las diversidades en geografía nacional y las distintas visiones y aspiraciones de la sociedad mexicana.
Es importante tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU (UN Water,2014), el agua es fundamental para el desarrollo humano, la economía y el medio ambiente –las tres dimensiones del desarrollo sostenible moderno: social, económica y ambiental-.El objetivo global es asegurar agua sostenible para todos.
Este objetivo crítico implica proteger el agua, evitar la sobreexplotación y contaminación, y además entender los usos de agua. Esto es, el suministro de agua potable y saneamiento –incluyendo el derecho de los habitantes al agua, conforme al Art. 4 Constitucional- y saneamiento, el desarrollo agrícola, el apoyo a los programas de erradicación de la pobreza, la producción industrial doméstica y de exportación, producción de energía y sustento de sectores terciarios.
Requerimos una política pública hídrica nacional consensuada entre individuos y grupos especializados e instrumentarla, que se sustente en la gestión integrada del agua, en los tres órdenes de gobierno, usuarios y sociedad organizada y en los siguientes cuatro ejes: a) Gestión suficiente, equitativa y justa de los servicios de agua, para todos los usos, cuyo costo se pagan en forma suficiente y sustentable; b) Protección, conservación y sustentabilidad de agua, en cantidad y calidad, en espacios y tiempos, incluyendo ecosistemas frágiles; c) Instituciones, leyes e instrumentos de gestión sólidos y con rigor; d) Financiación suficiente y oportuna, con fuentes y modelos de gestión financiera bien determinada incluyendo repago, y; e) Construir la sustentabilidad del agua en México mirando hacia nuevas tecnologías y formas de diseño de las políticas, con una construcción de una eficaz y realista cultura hídrica.
Sobre la implementación de políticas hídricas, podríamos decir: Si el cumplimiento de la política pública hídrica fuese obligatorio, existen las siguientes opciones, en general disyuntivas: a) Política pública indicativa o bien enunciativa; b) Política pública imperativa: y debemos recordar que por su ámbito institucional y social, las políticas se clasifican en: 1) Políticas para cumplirse por el gobierno (limitado, sectorial o global); 2) Políticas públicas nacionales y específicas para regiones, estados o localidades (necesidades específicas que no son de nivel nacional) y; 3) Políticas públicas instrumentadas como normas de observancia general (de obligado cumplimiento para gobierno y sociedad).
La próxima semana continuaremos con esta temática sobre el sexenio que comienza, así como concluir esta serie con la importancia de modificar la visión agrarista que ya no existe en el presente ni será en el futuro que afecta al agua y la otra el modificar imperiosamente la ley y sus reglamentos, pero más aún los instrumentos jurídicos que imperan sobre el agua como es el caso de los “títulos de concesión”, Recuerden amables lectores, que estás deben ser acciones tendientes para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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