En sesión de pleno, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) exoneró ayer a diferentes actores y fuerzas políticas acusadas en el marco de la pasada campaña proselitista de incurrir en faltas a la ley.
Por unanimidad, los magistrados Claudia Díaz de León González, Salvador Hernández Gallegos y Jorge Díaz de León Gutiérrez, resolvieron declarar inexistentes infracciones señaladas a través de los procedimientos especiales sancionadores PES-017, PES-026 y PES-029, todos del 2018.
En el primer caso el PRI presentó denuncia en contra de la coalición “Por Aguascalientes al Frente” y su entonces candidata a diputada por el IX Distrito Electoral, así como contra diversas autoridades municipales y tres ciudadanos, acusando el uso de recursos públicos municipales para favorecer a la postulante mediante la entrega de material de construcción.
Tras el análisis, el TEEA resolvió declarar la inexistencia del uso de recursos públicos y la existencia de la infracción consistente en la entrega de material prohibido, por lo que impuso una sanción equivalente a la amonestación pública.
En el siguiente caso, el PRI denunció al candidato a diputado por el XV Distrito Electoral Local, de la coalición “Por Aguascalientes al Frente” Adrián Alfonso Ruiz Romo, por la indebida colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, atribuido a los denunciados por colocarla en un parabús.
El pleno del Tribunal determinó declarar la inexistencia de la infracción denunciada, por el hecho de que la simple colocación de propaganda en equipamiento urbano no la acredita ya que no varió el uso principal del mobiliario ni obstruyó la vialidad.
Respecto del tercer expediente se dio a conocer que un ciudadano presentó una denuncia en contra la coalición “Juntos Haremos Historia” y quien fuera su candidato a diputado por el distrito electoral local XIII Luis Salazar, por el indebido uso de símbolos religiosos en propaganda.
Los magistrados electorales resolvieron en este caso declarar la inexistencia de la infracción denunciada por el hecho de que el símbolo religioso denunciado es una expresión artística y no trasciende en el electorado, ni se relaciona con la propaganda del entonces candidato.