Salvador Rodríguez López

El presente año ha sido adverso para la venta de vehículos en México, tan es así que el pesimismo se apoderó de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que redujo sus expectativas de ventas al considerar que serán alrededor de 1.3 millones de unidades, lo que significa una caída de por lo menos 8.7%, que de ratificarse será el mayor desplome desde 2009, el año más cercano de la inestabilidad financiera.

Además, subraya El Financiero, en agosto la producción automotriz presentó una caída de 9.6% mensual y de -0.9% en el acumulado anual, lo que es una tendencia por la desaceleración global en la venta de autos, situación que para los conocedores podría llevar a que Estados Unidos, el principal mercado para México, reduzca los pedidos.

En septiembre se vendieron 100 mil 734 automóviles nuevos, 12.1% menos a lo registrado en el mismo período de 2018, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y  Geografía (Inegi), que fue la reducción más grande que registra la industria desde marzo del año pasado, asimismo es la caída más grande para un mes de septiembre en 10 años y el volumen más bajo para un lapso similar desde 2014.

Por lo anterior tiene gran importancia el Primer Foro Internacional de la Industria Automotriz que tendrá lugar en Aguascalientes, el lunes y martes de la semana próxima, donde se podrán tomar decisiones que permita revertir esta situación, nada fácil porque el escenario nacional económico no pasa por un buen momento y algo similar ocurre con otros países.

En declaraciones a Expansión, el académico del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, consideró que en agosto, de las ventas mensuales 27 registraron caídas consecutivas, por lo que la industria no prevé ver la luz al final del túnel hasta 2020, y recuperarse de 1.6 millones de unidades vendidas al año de 2016 “se antoja aún más complicado”, por lo que consideró que para 2020 y los próximos dos o tres años “podría verse un mercado relativamente estancado”.

Lo anterior en función que la posibilidad de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) oscila entre 1 y 2% “por lo que hablar de un repunte de mercado es un poco difícil. Entrando el 2023 y 2024 veremos una ligera recuperación”.

Para el presidente del Cluster Automotriz en la entidad, Cuitláhuac Pérez Cerros, “el problema es que se trata de un giro por ciclos y que en algunos momentos se ha contraído, pero es imposible que desaparezca, a lo que puede llegar es a la transformación”.

Celebró que pese las vicisitudes, la industria automotriz de esta entidad “es la actividad tractora y excelente fuente de trabajo para la población, particularmente los jóvenes que se han desarrollado y han permitido también que sea una fortaleza para la economía estatal”.

Se espera la participación de directivos y representantes de las marcas más importunes, que seguramente plantearán medidas para sacar adelante a la industria, en donde todos los eslabones deberán estar conectados para lograr el propósito total, que es mantener la planta productiva y volver a impulsar las ventas, lo que será posible en la medida que apliquen estrategias más agresivas para atraer a los clientes, como sería una reducción de ganancias por cada vehículo, mayores plazos de pago, ampliación de apoyo para seguro contra siniestros, etc., en fin, es el momento de tomar medidas que asegure la presencia de fabricantes, ensambladores y distribuidores, teniendo en cuenta que de los acuerdos que se tomen aquí dependen miles de empleos en varias partes del mundo.

AL TANTEO

Todo indica que el espíritu de Luis XV, Rey de Francia, se apoderó del inquilino de Palacio Nacional, que a toda costa pretende sepultar instituciones, organismos y servicios que requieren los mexicanos, con la creencia que es el predestinado para ofrecer un nuevo amanecer al país en el que él esté al lado del Rey Sol.

Los cambios que ha hecho en el curso de este su primero año de gobierno están lejos de ser lo que se esperaba de un gobierno de “izquierda”, como es el caso del Seguro Popular (SP), que durante tres sexenios estuvo vigente, convirtiéndose en apoyo médico para las personas que carecen de seguridad social y que ahora, con su desaparición, deja en desamparo a 380 mil aguascalentenses, que tienen garantizada la atención hasta el 31 de diciembre del 2019.

El pretexto para eliminar el SP fue que había desvíos de recursos, gastos no autorizados y despilfarros, algo que es posible a partir que en un universo donde intervienen miles de manos habrá quienes aprovecharon para sacar tajada, pero en estricto apego a lo que señala la Biblia, de la que se nutren varios de los comentarios presidenciales, no todos son culpables de lo que otros hagan por consiguiente no se puede aplicar el mismo rasero.

Frente a este escenario, el gobernador Martín Orozco Sandoval advirtió que ante los recortes presupuestales para la operación del Sector Salud, podría ponerse en la balanza la propuesta de federalizar este servicio, esto es, que la administración nacional se haga cargo de todo y donde el estado actúe sólo como coadyuvante.

Afirmó que en la Federación no tienen ni idea de lo complejo que le resultaría tomar el control de los servicios de salud en el país, lo que de concluirse “la calidad podría mermarse de manera importante”.

De los 5 mil millones de pesos anuales que requiere el sector salud en la entidad, 4 mil provienen de aportaciones federales, por lo que de seguir disminuyendo esas partidas y tenga que aumentar la aportación estatal, deberá tomarse una decisión al respecto, sostuvo el mandatario, por lo tanto “tengo que ponerlo en la balanza. Es una decisión que me llevará fácilmente hasta el tope. Tenemos hasta el 31 de diciembre para saber si firmamos o no el convenio de centralización”.

Recalcó que “sería triste dejarle el Hospital Hidalgo y todo a la Federación”, por lo que serán semanas de reflexión, por ahora está convencido que el titular del Poder Ejecutivo Federal “ni idea tiene” de las implicaciones que hay al tomar las riendas del sistema de salud.

Por su parte, el responsable del Seguro Popular, Manuel Paredes, dijo que no tiene respuestas al “sinfín” de preguntas que hacen los inscritos, principalmente de cómo funcionará el nuevo modelo de seguridad médica una vez que esté totalmente federalizado. Por ahora, al no existir lineamientos claros sobre los cambios, “resulta complejo conocer la manera en la que se garantizaría médica y administrativamente el servicio”, sostuvo.

Dijo que en el gobierno federal “no se midieron con la proyección de personas que podrían ser incorporadas” al nuevo esquema, por lo que a partir del uno de enero del año próximo 380 mil personas afiliadas al Seguro Popular tendrán que esperar a lo que se decida desde la capital del país.

De momento el SP en Aguascalientes enfrenta complicaciones financieras por un monto de 15 millones de pesos, que corresponden a diversos programas y del Fondo de Gastos Catastróficos, que también va a desaparecer, al mismo tiempo hay incertidumbre entre los 90 trabajadores que no saben en qué condiciones quedarán, laboralmente hablando.

Lo único que se sabe es que el Instituto de Salud de Bienestar (Isabi)  será el encargado del sector a nivel nacional y “ojalá que los promotores de esta reforma se puedan dar cuenta de los daños que pudieran causar a la población que ha venido siendo atendida por el Seguro Popular”, puntualizó el funcionario.

¿DÓNDE ESTABA?

Sería interesante que dijera el diputado José Manuel González Mota porqué guardó silencio durante tantos años, en que, presuntamente, los programas de apoyo al campo se quedaban en manos de los intermediarios o líderes. Es fácil alabar lo que hoy hace y dice el tlatoani, pero porqué antes no encabezó una cruzada en contra de los que denomina “coyotes y chantajistas” de los productores. Es fácil hacerla de ganso para estar a la moda, pero qué difícil debe ser remar contracorriente.