Sin sustento jurídico para su creación, la Guardia Nacional anunciada por el presidente de México deberá librar otras tantas batallas para lograr su conformación, como el desinterés de los jóvenes mexicanos por incorporarse a los cuerpos de seguridad.
“En ese reto tiene frente a sí la competencia de la delincuencia organizada para reclutarlos y por supuesto el desafío de lograr acuerdos en al menos 17 congresos locales que, en su momento, son los que van a poder frenar esa reforma constitucional, si no están de acuerdo con ella”.
Así lo señaló el jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Luis Eloy Morales Brand, al considerar que la convocatoria lanzada para el registro de aspirantes es un mecanismo de presión a las legislaturas federal y estatales.
En entrevista, consideró que sin sustento legal la GN está empezando mal porque al no existir jurídicamente, no tiene asignado presupuesto y cualquier recurso ejercido para tal fin podría considerarse una desviación.
“De tal manera que convocar a 50 mil ciudadanos para algo que todavía no existe, es reclutar a personas cuyo perfil no está autorizado en la Constitución y, siendo policías con carácter militar, se trata de un vicio de origen en la selección de esas personas”, agregó.
El catedrático universitario recordó además que el desinterés de los jóvenes por ingresar a los cuerpos de seguridad en México es latente y obedece principalmente a que se les paga poco respecto del enorme riesgo, incluso de vida, que corren en un país como México con grave inseguridad.
Pero además, está también la falta de estabilidad en el empleo, porque pese a reformas legales, subsiste el hecho de que la pérdida de la confianza, lo cual es totalmente subjetivo, puede hacer perder el trabajo a los policías en cualquier momento.
Adicionalmente, muchos se dan cuenta, tristemente, que se puede ser más redituable en términos de poder económico, al ir a las filas de la delincuencia organizada que ingresar a las de los guardianes del orden.
“Convocarlos es, entonces, una forma de presionar a los legisladores, a efecto de responsabilizarlos si el esquema no avanza y se quedan sin trabajo tantos miles de personas que eventualmente esperarían ocuparse en esa actividad”.
Finalmente, Morales Brand recordó que el modelo de policía militarizada es ampliamente cuestionado en el ámbito internacional por instancias abiertamente pronunciadas en contra de este tipo de corporaciones como son la misma ONU, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.