Conocido por los antiguos cronistas como la “industria sin chimeneas”, el turismo representa una gama de oportunidades económicas, laborales y sociales, que además acrecienta el intercambio cultural, estudiantil y profesional, por lo que no sólo debe fortalecerse sino buscar nuevas fórmulas para atraer la atención de viajeros y capitalistas hacia esta entidad.

Se señala con insistencia que Aguascalientes no debe depender de un solo tipo de inversión, que en este caso es la automotriz, como fue en el ayer los ferrocarriles, por lo que debe aplicarse la diversificación industrial que ofrezca un panorama muy amplio para todos los habitantes.

También se menciona que en materia turística hace falta crear nuevas opciones para que, además de la Feria de San Marcos, se incluya atractivos que pongan la atención nacional e internacional en Aguascalientes, porque aún cuando se tiene la Feria de las Calaveras no ha logrado consolidarse debido a que en varias partes de la República hay eventos similares, inclusive en la capital del país se han apropiado de la imagen de la Catrina, por lo que difícilmente alcanzará la fama de las fiestas primaverales.

La información que ofreció la secretaria de Turismo del estado, Irma Medrano Parada, de los resultados que se obtuvieron en el estío, es una clara demostración que es un filón muy importante que debe explotarse más.

En este período ha habido congresos y convenciones que dejaron una derrama económica estimada en 57 millones de pesos y una presencia de 12 mil 631 visitantes, lo que motivó que el gobernador Martín Orozco Sandoval expresara: “El turismo es parte importante para la economía de Aguascalientes, por lo que se tiene que buscar que cada año aumente el número de congresos y convenciones nacionales e internacionales, para consolidar a los visitantes de negocios como uno de los principales objetivos en la materia”.

La factibilidad de que suceda está en que se logre amalgamar los intereses de los distintos actores, en donde el gobierno otorgue facilidades a los prestadores de servicios que vayan acompañados de estímulos fiscales para quienes brinden mejores condiciones de hospedaje, restaurantes y centros de entretenimiento. Si hay precios accesibles y al mismo tiempo un buen servicio los mismos usuarios se encargarán de promocionar a Aguascalientes. Hay que  tener presente que el mejor publicista de un servicio es aquel que lo vivió en carne propia, por lo que ahí está la clave y una de las ventajas que pueden aprovecharse.

La actividad turística es tan noble que derrama sus beneficios hacia los cuatro puntos cardinales, esto es, al lugar donde el visitante pernocta y consume sus alimentos y bebidas, a las tiendas de ropa y deshilados, al comerciante de artesanías, inclusive al que vende artículos en la calle, entre otros. Cada quien, en su espacio y condición, se beneficia con su presencia, que también lo son los que participan cada año en el Quincenario de la Asunción, quienes aún cuando son residentes de los once municipios y de otros de Zacatecas y Jalisco que pertenecen a la Diócesis de Aguascalientes, aprovechan la “visita a la Virgen” para realizar compras, que deja un importante ingreso a los negocios de la zona centro, situación que da certeza al dicho que “cuando llueve a todos moja”.

“Aguascalientes es reconocida en la región por contar con infraestructura moderna y adecuada para recibir a miles de congresistas, por lo que seguiremos promocionando este destino y que cada año más eventos aumenten la derrama económica”, manifestó Irma Medrano, a lo que podría agregarse el impulso a otras actividades del mismo ramo.

El turismo es una veta inacabable que debe adoptarse, porque además del aspecto económico es un sector vital para el empleo y el crecimiento social, por ende tiene que ocupar un lugar especial en el aparato gubernamental para que siga activando la vida de los aguascalentenses.

SOLOS SE ENREDAN

Ante una discusión sin límites un individuo pedía: “Que alguien me lo explique”, a manera de terminar con el barullo, actitud de la que no ha podido salir la autoridad educativa, que por una parte rechaza tajantemente el reconocimiento laboral a los profesores de inglés, pero por otra les paga siete meses de salarios devengados.

Es un problema que pudo haberse solucionado desde un principio, aplicando la lógica que ante lo inevitable debió haberse reconocido la base que les otorgó la anterior administración, pero se ha preferido sacrificar los derechos de casi 300 jefes de familia, que hasta el pasado 10 de agosto recibieron su remuneración.

Luego de su contratación les otorgaron la base, lo que significa tener el puesto definitivo, por lo que al iniciar la actual administración conservaron esa condición y así continuaron durante todo 2017. Al comenzar el presente año se les comunicó que eran incompatibles las bases con la legislación educativa, ya que no concursaron para obtenerlas, además que el gobierno actual no tenía ninguna partida prevista para su sueldo, no obstante que durante doce meses de este sexenio se les pagó, lo que significa que el recurso fue incluido en el Presupuesto de 2017.

Por su parte el aún dirigente de al Sección Uno del SNTE, Mario Armando Valdez Herrera, en todo momento se mantuvo al margen con el argumento que no eran miembros del sindicato, lo que no obstó para que los perjudicados siguieran dando las clases y al mismo tiempo llevaron a cabo marchas, mítines y que motivó la demanda laboral que actualmente tienen radicada ante el Tribunal de Arbitraje.

Después de meses de lucha finalmente intervino el delegado especial de la Sección Uno del SNTE, José Luis Briones Briseño, que apenas hace dos semanas solicitó el Instituto de Educación (IEA) que aplicara parte de los recursos federales destinados al Programa Nacional de Inglés, según dijo el director del IEA, Raúl Silva Perezchica, aplicándose 17 millones de pesos para el pago de 14 quincenas que ya recibieron los maestros, sin que esto signifique que renuncien a la demanda laboral.

Asimismo ratificó que el Instituto de Educación no cederá “en ningún momento” ante la demanda laboral porque las plazas entregada por la pasada administración “se encuentran fuera de la ley desde el momento en que fueron creadas”, lo que no fue objeto que en el actual sexenio se mantuvieran durante un año pagándoles puntualmente.

Y si esta vez se hizo la entrega de los 17 millones a 242 docentes, especificó el titular del IEA, fue “por la voluntad del gobierno del estado y a petición del SNTE sobre las necesidades económicas de los maestros de inglés”, con el entendido que el pago es exclusivamente por el trabajo desempeñado, “sin ninguna otra prestación o derecho”.

Lo anterior ¿no es acaso una violación a los derechos humanos y laborales?, porque no sólo les dejaron de pagar su ingreso sino que ellos y sus dependientes no pueden acceder al servicio médico ni se les toma en cuenta la antigüedad, tampoco reciben aguinaldo ni otras prestaciones que sí tienen los demás compañeros.

Con un poco de voluntad política se puede enmendar la plana. Por una parte, darles la base que fue otorgada por una autoridad legalmente constituida y con ello desactivar una cuestión que de no hacerse puede derivar en una dificultad mayor.

MÁS CRITERIO

El protagonismo les gana a las corporaciones policíacas, que en su afán de demostrar eficiencia no reparan en el daño que provocan. El “rescate” de los tres niños “abandonados” en Pabellón de Arteaga es más bien un drama familiar que debe analizarse a la luz de la razón.

El jefe de familia se encuentra en la cárcel, por lo que la señora tiene que salir a trabajar y esto la obliga a dejar a sus hijos encerrados ya que no tiene quien los cuide, situación que se determina en la misma información suministrada por las autoridades, pero que encontró como única solución llevar a los menores al DIF municipal.

Más que buscar la notoriedad debe hallarse una forma para que la madre de familia tenga un ingreso sin salir de casa, o que el ayuntamiento le proporcione las condiciones para que pueda inscribir a los hijos en una guardería y un centro escolar.

De por sí es una infelicidad  la que viven jefas de familia que se encuentran en esa situación y todavía le echan sal o limón a la herida.

PACTOS DE AMLO

El gobierno que encabezará a partir del próximo uno de diciembre respetará la autonomía y la soberanía, y no someterá a otros poderes, ofreció Andrés Manuel López Obrador luego de recibir la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo para el sexenio 2018-2024.

Su compromiso es que el Presidente de la República no sea ya “el poder de los poderes” y que todos procedan sin presiones y en el espacio de su competencia, que será perseverante y ninguna tentación le quitará la autenticidad o desviará su camino en la búsqueda de la fraternidad, reiterando que hará realidad todos los compromisos de campaña y no fallará a los ciudadanos.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, de organismos electorales autónomos y dirigentes de casi todos los partidos políticos, recibió el documento de manos de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada Janine Otálora Malassis.

Enseguida AMLO dio un mensaje en el que señaló: “En el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando estén trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto a sus veredictos.

“El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes. Cada uno actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad”, sostuvo.

El mandatario electo dio su palabra que actuará con respeto a la soberanía de los otros poderes: “Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como el respeto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes compete”.

Afirmó que el pueblo quiere legalidad, “no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el porfiriato” y recordó que “los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y los fraudes electorales. Quieren castigo por igual para políticos corruptos que para delincuentes comunes o de cuello blanco. En mi interpretación, la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, el influyentismo, y desean con toda el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad”.

Adentro, en el TEPJF, la clase política e invitados especiales atestiguó el acto protocolario y le dio la bienvenida al hombre que rendirá juramento como Presidente el uno de diciembre, en sesión solemne del Congreso de la Unión.

Afuera, atrás de vallas metálicas, el pueblo presenció la ceremonia que se transmitió en pantallas gigantes y aplaudió en diversos momentos, principalmente cuando López Obrador se refirió al combate a la corrupción y a la impunidad.

El próximo titular del Poder Ejecutivo tendrá el apoyo necesario de políticos y partidos, bajo la premisa que “si le va bien a él le irá mejor al país”, pero también expresarán sus puntos de vista en aquello que no estén de acuerdo.

Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, dijo que el tricolor será una oposición firme, crítica y constructiva, que además defenderá el régimen federal, en resumen, “el PRI será una oposición institucional, pero no obsequiosa”. Apuntó que el PRI, por décadas ha construido un sistema democrático que descansa en principios, como el federalismo, la separación de poderes, un régimen de pesos y contrapesos, y el respeto a la pluralidad, donde las voces que disienten se expresen con en plena libertad, y donde el gobierno no sólo se legitima por las mayorías electorales, sino por el ejercicio cotidiano que beneficie a todos los mexicanos.

El presidente de Acción Nacional, Damián Zepeda, aseguró que este organismo será “una oposición responsable, constructiva y firme, que apoyará en todo aquello que sea positivo para el país, pero señalará con firmeza todo aquello que vaya en contra del interés general. Manifestaremos nuestras opiniones y defenderemos los intereses ciudadanos cuando éstos sean vulnerados”.

APOYO SIN LÍMITES

Conforme lo disponen las reglas de la cortesía y en estricto apego a la institucionalidad, el presidente Enrique Peña Nieto acordó con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que enviará al Congreso, al inicio del período ordinario de sesiones que comienza el primer día de septiembre, las reformas para crear la Secretaría de Seguridad Pública y nombrar a integrantes de las fiscalías general, anticorrupción y electoral, para que se desempeñen a partir del uno de diciembre.

El jueves por la tarde, un día después de haber sido declarado presidente electo, AMLO fue recibido por Peña Nieto en un encuentro privado en Palacio Nacional y más tarde el tabasqueño dio una conferencia de prensa para informar de los acuerdos a que llegaron.

Señaló que le pidió a EPN acelerar la instalación de la fiscalía general y que en la lista de nombres que enviará al Senado se incluya a los tres que ha propuesto: Bernardo Bátiz, Eva Verónica D’Gyves y Juan Luis González Alcántara-Carrancá, asuntos que no tendrán el carácter de de preferentes, sino que tomarán su cause normal y se tendrán hasta tres meses para que los legisladores los voten.

Asimismo, rechazó usar el Estado Mayor Presidencial (EMP) y en su lugar tendrá de “ayudantía” un grupo de 10 mujeres y 10 hombres con licenciatura, que no andarán armados, pero que sí están preparados para brindar protección. El actual EMP pasará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el grupo de 20 hombres y mujeres son profesionales, “abogados, médicos, ingenieros, que van seguramente a tomar un curso, una capacitación, pero no para el manejo de armas, sino para que haya protección, para que faciliten las cosas. Existe esa preocupación (de su seguridad), pero me van a cuidar los policías, los soldados, marinos y los ciudadanos”.

En relación con la libertad que otorgó un juez a la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, afirmó que “fue una decisión del Poder Judicial” y no tenía nada que ver con que ese día le entregaron la constancia de presidente electo, “yo no quiero hablar de esas cosas”.

De igual manera acordó con el presidente Peña Nieto una reunión conjunta para el próximo 20 de agosto, en la que participarán el actual gabinete y el designado.

“Queremos tener desde el inicio del gobierno la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General con las dos fiscalías complementaria: anticorrupción y electoral. Esto se trató, llegamos a un acuerdo que se va a trabajar de manera conjunta para que en estos dos casos podamos tener resultados pronto, que no se pierda tiempo”.

En cuanto a la creación de la SSP, se acordó que Peña Nieto enviará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, recogiendo la propuesta de López Obrador, al mismo tiempo aclaró que el presidente Enrique Peña no pidió nada a cambio, “se está portando muy bien y le reconocemos su buena voluntad”.

De dos de los asuntos que han atraído la atención de los medios. López Obrador dejó en claro que el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, no tendrá cargo alguno en su gobierno, “él no está planteando trabajar en el gobierno, él no tiene ese propósito” y en cuanto a la descentralización de las dependencias federales que ha levantado demasiado ruido, puntualizó que no se hará en un año ni por decreto.

Como parte de la jornada AMLO se dio tiempo para sostener un diálogo por teléfono con la primera ministra británica Theresa May, con quien trató algunos puntos de coincidencia entre ambas naciones, como cambio climático, derechos humanos, transparencia y los proyectos de cooperación en curso, además habló con Michelle Bachelet, propuesta para encabezar el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

ELBA ESTHER

De la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo Morales se ha dicho de todo, desde que es una de las máximas exponentes del “viejo sindicalismo”, “antidemocrático”, “repudiable” y tantos otros calificativos, hasta que fue víctima de una traición política que la mantuvo en la cárcel durante cinco años y medio.

A la par que logró su libertad casi a la medianoche del pasado martes 7 de agosto, se soltó toda clase de dicterios en contra de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República, encargadas de armar el expediente para proceder a su aprehensión, como parte de la trama de la actual administración que vio en ella un dique infranqueable para llevar a cabo la reforma educativa, convertida a lo largo del sexenio en portabandera de los “cambios estructurales” que se llevaron a cabo, sin que alguno de ellos tenga los resultados tan ampliamente prometidos.

Lo que pudo haber sido la “noticia bomba” del año rivalizó con la entrega de la constancia de presidente electo que recibió Andrés López Obrador, sin embargo ocupó las primeras planas de los periódicos y amplios espacios en los medios electrónicos, que pese a los días transcurridos continúan las mesas de análisis, tratando de encontrar una explicación de lo vivido por la señora Gordillo.

Su abogado Marco Antonio del Toro Carazo fue el encargado de leer un comunicado en la madrugada del miércoles, redactado por la propia ex dirigente, para dar a conocer el sobreseimiento del caso: “El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar a aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos”, fecha que coincide con el inicio del año escolar 2018-2019.

“Debido a la larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal (…) Esta etapa, que me ubica en una nueva circunstancia, debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”.

Desde la escalinata del edificio de departamentos de la calle de Galileo, en Polanco, Ciudad de México, lugar en que Elba Esther pasó sus últimos ocho meses de su vida recluida en prisión domiciliaria, Del Toro informó que “la maestra ya está en familia”.

Dijo que el titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en la          Ciudad de México sobreseyó las últimas acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada que había contra Gordillo, que la mantenía en prisión domiciliaria.

La PGR, una vez que fue notificada de esa decisión, respondió que la respeta, aunque “no la comparte”. En breve comunicado la dependencia aseguró que actuó conforme a derecho en este caso, “con estricto apego a la Constitución”, mientras que funcionarios de la misma Procuraduría aceptaron que se trata de un fallo judicial inapelable, que la SEIDO llevó a cabo desde febrero de 2013. Los últimos dos delitos por los que permanecía en prisión eran por lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y delincuencia organizada.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima secretaria de Gobernación, consideró que la decisión de liberar a Gordillo Morales fue acertada y “se lo merecía”, por lo que tiene todo el respaldo el Tribunal Unitario en Materia Penal que dictó la liberación: “Yo respaldo la decisión del tribunal unitario totalmente, tengo plena confianza en el Poder Judicial de la Federación, creo que hizo bien su trabajo y creo que sí se merecía esta liberación”. Sánchez Cordero rememoró que cuando ella fue ministra se trató que el caso lo atrajera la Suprema Corte de Justicia y por lo que pudo ver, dicho expediente era endeble.

Con la libertad absoluta termina un sexenio sinuoso para Elba Esther Gordillo, que a principios de 2013 adelantó su desacuerdo con la reforma educativa y no contaba con que le aplicarían el “quinazo”, término como se conoce en México la estrategia gubernamental de enviar a la cárcel a un líder incómodo.

Aquel 26 de febrero viajaba en un avión privado de San Diego, California, a Toluca y al momento que la aeronave tomó tierra en el aeropuerto de la capital mexiquense fue detenida por policías federales, que de inmediato la trasladaron al penal femenil de Tepepan.

El 5 de marzo le fue dictado el auto de formal prisión por “delincuencia organizada y lavado de dinero”. Se le acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 600 millones de pesos, supuestamente desviados de las cuotas sindicales y depositadas en cuentas bancarias en Suiza y Liechtenstein, lo mismo que por delincuencia organizada y dos acusaciones por defraudación fiscal.

La totalidad de los delitos que se le imputaron no pudieron ser acreditados por la PGR y la Secretaría de Hacienda, lo que motivó que una a una las acusaciones fueron desechadas y finalmente, el Tribunal Unitario en Materia Penal sobreseyó las que quedaba en el voluminoso expediente, lo que para uno de los lugartenientes de Gordillo, Rafael Ochoa Guzmán, fue un acto de “justicia divina” y cuando se escriba este capítulo en la historia señalará que fue “presa política, por la defensa de su gremio”.

 

 

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