Las decisiones que tome el secretario general del Congreso, en su calidad de encargado de despacho, no tienen validez jurídica, porque el nombramiento se lo dio la Diputación Permanente y no el Pleno Legislativo.

De acuerdo al artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el secretario general, será propuesto por la Junta de Coordinación Política y será nombrado por mayoría absoluta del Pleno, pudiendo ser reelecto y a su vez removido por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado.

Sin embargo, desde el pasado 22 de agosto, en sesión de la Diputación Permanente, que encabeza el diputado Enrique Franco Medina, se dio entrada al a la renuncia al cargo de secretario general del Congreso, la cual surtió efecto a partir del 17 de agosto del presente año, por parte de Aquiles Romero González, quien dejó el cargo para asumir la Secretaría Técnica del de Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En su lugar, como encargado de despacho, fue designado Juan Carlos Raya Gutiérrez, quien se desempeñaba como director de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo.

Por mayoría, la bancada del PAN, resolvió que Aquiles Romero, fuera sustituido por Raya Gutiérrez, y así lo hizo la mesa directiva de la Diputación Permanente, pasando por encima de las disposiciones normativas.

Este tema, pudo legalizarse en sesión plenaria del Período Extraordinario de Sesiones, que se desarrolló los días 30 y 31 de agosto, en los que se desahogaron 43 puntos, pero no se incluyó el tema del secretario general.

Además, la Ley Orgánica del Congreso, no contempla la figura de “encargado de despacho”.

Como a la fecha, no ha intervenido el Pleno para su nombramiento, las decisiones que tome el funcionario, podrán impugnarse.

Virtud a que está por concluir la LXIII Legislatura, tocará a la LXIV, que inicia el próximo día 15, resolver este asunto.