Salvador Rodríguez López

En toda la historia del ISSSSPEA ningún presidente municipal ni su respectivo tesorero han sido encarcelados por omitir el pago de las cuotas correspondientes, los que sí estuvieron tras las rejas fue por desvíos o uso indebido de recursos y de otra índole y en uno de los casos por presuntas maquinaciones políticas.
El hecho de no hacer valer la ley para que el cobro fuera oportuno, motivó que varios ayuntamientos dejaran de hacer las aportaciones o lo hicieran parcialmente, con lo que la deuda se acumuló hasta alcanzar decenas de millones de pesos que el presidente en turno se negaba a sufragar, aduciendo que fue en periodos anteriores, pese a que la deuda pública es institucional.
A raíz de las discrepancias que surgieron entre el director del ISSSSPEA, Arturo González Estada y Lorenzo Rodríguez Gallardo, integrante del Colegio de Abogados de Aguascalientes, hay puntos de vista encontrados.
El funcionario asegura que en la actual administración estatal mantiene la exigencia de que paguen, reclamación que dice “está documentada con los requerimientos de pago a cada deudor, y convenios en los casos que se ha logrado negociar”, sin embargo, no informa los avances que se ha tenido ni cuál es la deuda histórica de cada ayuntamiento y cuánto está dispuesto a abonar para reducir el débito.
Rechaza que el Instituto anuncie “de manera espectacular” que da vista a la Fiscalía General del Estado, sin embargo la nota principal del pasado 13 de marzo de este Diario señala todo lo contrario, al citar una declaración de González Estrada en donde especifica que “se seguirá proceso penal y se afectarán participaciones al que no pague las cuotas al ISSSSPEA”, para ello alude a Tepezalá, Jesús María, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, que registran adeudos por 41.5 millones de pesos (mdp), 20.5 mdp, 48.4 mdp y 9.8 mdp, respectivamente.
También aseveró que es falso que se deje pasar el tiempo en forma intencional para que las deudas sean incobrables, “y prueba de ello es que hay casos de encarcelamiento de ex alcaldes que en su momento se negaron a pagar sus adeudos”, lo que es inexacto, porque quienes sí fueron encausados fue porque utilizaron recursos en otros programas, lo que dicho sea de paso, no significa que se hubieran apropiado de ese dinero, sólo que al estar etiquetado debieron respetar para lo que estaba previsto, además hubo un proceso en que un ex alcalde y su tesorero estuvieron un tiempo en la cárcel acusados de este “delito”, lo que se consideró entonces como un “apretón” político, por consiguiente, ningún edil ha sido privado de su libertad por adeudos con el ISSSSPEA.
El entripado que sufre Arturo González tuvo su origen por el señalamiento que hizo el secretario del Colegio de Abogados, de que en lugar de anunciar que le dio vista a la Fiscalía para que proceda legalmente en contra de los presidentes deudores, debe exigir los pagos correspondientes para evitar que siga acumulándose adeudos, recordándole que en derecho administrativo y en derecho de seguridad social hay límites que especifica la ley y que subraya que “lo que no cobraste los últimos cinco años, ya no tienes derecho a exigirlo”.
Un punto que demandó Lorenzo Rodríguez Gallardo, y que hasta el momento no ha sido clarificado por González Estrada, es que se conozcan los periodos en que se generaron esas deudas millonarias, así como de a cuántos trabajadores corresponden y analizar el reporte personalizado de cada uno. Al respecto, el de Rincón de Romos es el más endeudado porque los últimos alcaldes se han negado a pagar lo que el anterior quedó a deber.
Tal vez lo que más molestó al director del Instituto fue que el abogado dijo: “El titular del ISSSSPEA está confesando un delito administrativo de negligencia y omisión, así como de falta de eficacia en la recaudación”, por lo que consideró que el Colegio de Abogados “no puede cuestionar la eficiencia recaudatoria del Instituto cuando realmente desconoce los procedimientos que se han realizado para sanear la cartera vencida”, que por cierto no debe ser de gran esfuerzo ya que en más de dos años sigue sin cobrarse 140 millones de pesos.

APROVECHAR EL VIAJE
Ante la especie de que están por determinarse las nuevas tarifas de las “combis”, se podría aprovechar para que las autoridades firmen un acuerdo con los concesionarios y abran rutas al Hospital General de Zona Número 3 del IMSS (HGZ-3), que se ubica en el municipio de Jesús María, desde y hacia la ciudad capital, así como de las demás cabeceras municipales.
A partir de su inauguración, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2017, ha sido un problema para miles de derechohabientes y sus familiares que no tienen vehículo, ya que se ven obligados a pagar taxi o hacer el recorrido a pie hasta la carretera, con lo que esto significa por el peligro al que se exponen.
Aunque hay un itinerario del transporte urbano, son pocas las unidades que llegan a las cercanías de la también conocida como Clínica 3, alegando en ATUSA que no les reditúa, por lo que bien podría ocupar ese espacio las “combis” que pueden hacer viajes programados, con lo que los usuarios se adapten a los horarios de ida y regreso.
Por ahora los concesionarios del servicio intermunicipal, que encabeza Armando Santana Valdés, entregaron al Consejo Consultivo de Transporte del Gobierno del Estado el análisis de los costos operativos y la solicitud de aumento ordinario en un 20%, en espera que lo valore y puedan llegar a un convenio.
Explicó que se tienen tres tipos de tarifas: la técnica que atañe a los costos operativos; la social, referente a los estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad; y la tarifa pública, que podría darse a conocer antes de que concluya el mes de marzo.
Conforme a lo informado por Santana Valdés, las “combis” movilizan a más de 25 mil personas, de los cuales el 90% son estudiantes, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, de los cuales el 30% paga la mitad de la tarifa, que actualmente se encuentra en 7.50 pesos por cada 10 kilómetros.
Explicó que aún cuando está la petición de incremento de un 20%, consideró que lo primero es estandarizar los costos por kilómetro, al haber rutas que están a 40 centavos y en otras a 90 centavos el kilómetro, diferencia que debe terminar. Es el caso de la tarifa social que se aplica en algunas rutas, hay cobros que son prácticamente simbólicos, ya que los estudiantes pagan cinco pesos desde Villa Juárez hasta Cañada Honda, por lo que se necesita que el gobierno publique el reglamento de la Ley de Movilidad, en la que se tomen en cuenta los costos operativos, el índice de precios al consumidor, el salario mínimo, el porcentaje de las unidades y las condiciones operativas en que funcionan.
Es importante reiterar sobre el servicio que se requiere proporcionar a la Clínica 3, porque no sólo son los asegurados y sus dependientes, sino los mismos trabajadores del hospital que en su mayoría radican en distintos municipios, por lo que necesitan apoyo para trasladarse sin que les resulte tan gravoso.
Como una sugerencia, podría establecerse dos bases operativas para ese recorrido, una en la terminal de Aguascalientes y otra en Pabellón de Arteaga, teniendo en cuenta que hay miles de derechohabientes de la ciudad que fueron incorporados al HGZ-3 y lo mismo ocurrió con habitantes de casi los demás municipios, además Pabellón es el centro geográfico que facilitaría el traslado a los residentes de Rincón de Romos, Cosío, Tepezalá, Asientos, San José de Gracia e inclusive de San Francisco de los Romo. En el caso de El Llano están integrados a las clínicas de la ciudad y Calvillo a las unidades de medicina familiar.

MUERTE DE COLOSIO
Mañana se cumplen 25 años del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, hecho que no sólo conmocionó a los mexicanos, sino que hasta la fecha sigue un gran boquete en la impartición de justicia. Desde aquel 23 de marzo de 1994 sólo se sabe lo que las autoridades de entonces quisieron difundir, como que el autor material fue Mario Aburto Martínez, pero no los motivos que lo llevaron a cometer el crimen, tampoco se investigó si hubo un autor intelectual y de ser así quién fue. Un cuarto de siglo después todo está igual de lo sucedido aquella tarde en el fraccionamiento Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. Los sucesivos presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sólo prometieron que se haría una investigación minuciosa, a ver si el actual mandatario la lleva a cabo.