A pausas se llevan cabo las pláticas entre los titulares de los gobiernos federal y estatal para determinar qué procede sobre el manejo del sistema de salud. Un día parece que llegan a un acuerdo y así se anuncia, pero al siguiente hay marcha atrás, por lo que no existe una fecha para que se firme el convenio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que los estados tienen todo el derecho de adherirse o rechazar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero tras el rehúso de los gobernadores del Partido Acción Nacional, encabezados por Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, aseguró que el modelo de la Federación es el superior, por lo que será la población quien califique cual de los dos es el mejor.

“Qué tal que los ciudadanos dicen que está mejor éste (esquema de salud) del que manejan los estados (que están en desacuerdo con el Insabi). Está bien la competencia, es parte de la democracia, no debemos alarmarnos”.

Ante la propuesta de los panistas, de participar sólo en parte dentro del Insabi, AMLO dejó en claro que en la gratuidad de los servicios y de las medicinas “no puede haber medias tintas ni acuerdos parciales”, por lo que aceptan como está planteado o quedan al margen.

Orozco Sandoval, como líder de los mandatarios del PAN, señaló que a finales de mes se podría conocer si se incorporan al nuevo sistema nacional de salud, decisión que cada gobernador aplicará y que en el caso local se haría sin entregar los servicios a la Federación. Por ahora se analiza cuál de las dos opciones es la más viable y cualquiera que se adopte irá en beneficio de los aguascalentenses, apuntó.

Para llegar a una conclusión se tomará muy en cuenta la opinión de los encargados de los hospitales públicos, que a final de cuentas son los responsables de brindar los servicios, para ello se debe tener en consideración temas como la operación, calidad y soporte financiero, además que en lo que resta de febrero seguirá la atención que reciben los que estaban inscritos en el desaparecido Seguro Popular.

Asimismo, MOS lanzó la advertencia que de seguir la incertidumbre financiera para el sector salud, la atención médica para habitantes de otros estados “podría verse limitada”, ya que hacerlo significa un gasto al 25% del presupuesto de salud. “La decisión al final se va a determinar con base en presupuesto. Si yo gasto más del 20% del presupuesto de salud con otros estados, pues entonces que cada quien haga lo suyo. Si gasto también en el IMSS que no me paga, pues también cada quien que atienda lo suyo”, sin embargo más tarde reculó al citar que no habrá cambios en la recepción y cuidado de pacientes de entidades vecinas, incluso pidió disculpas por una expresión folclórica que utilizó para referirse al tema.

Reiteró que “aun cuando la adhesión al nuevo modelo de salud promovido por López Obrador no tiene vigencia, se debe de analizar detenidamente para no comprometer la prestación de los servicios” y entenderse que el asunto sigue vigente y tampoco se puede hablar “de perdedores ni de ganadores”, por el contrario, “las negociaciones más allá de los resultados finales quedaron en buenos términos”.

Orozco Sandoval hizo un reconocimiento a quienes forman parte del Grupo de Gobernadores de Acción Nacional, al poner sobre la mesa el debate de las políticas públicas de la  actual administración federal, “lo que pudiera marcar una nueva tendencia contra acuerdos que comprometan a las entidades”.

Por otra parte, en un recorrido por varias colonias del norte y poniente de la ciudad capital, el titular del Poder Ejecutivo estatal aseguró que está firme la prestación del servicio médico, básicamente por las fortalezas y bondades del Sistema Estatal de Salud, lo que se ha logrado gracias a las inversiones que se han hecho en el curso del sexenio, construyéndose la infraestructura correspondiente y contratar el personal necesario, lo que ha llevado a certificar la totalidad de los centros de salud.

DISTRACTOR

Mientras el país está metido en una vorágine de violencia, donde la mortandad no respeta edad, sexo ni condición social o económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza buscapiés en forma de un aeroplano y últimamente de una bolsa millonaria, o hace crecer las discrepancias con gobernadores de oposición.

La economía sigue al ras del piso y con pronósticos que se mantendrá en las mismas condiciones durante el presente año, lo que trae por consecuencia que los hombres del dinero sigan a la espera de que mejoren las señales, frenándose la creación de riqueza y del empleo.

Lo más lamentable de todo es que el mandatario nacional ha metido en su dinámica a parte de los mexicanos, que en lugar de exigir un freno al torrente de sangre en que está sumido el país, sueña con ser uno de los afortunados en la lotería presidencial.

Cuando alguien le menciona la alta inseguridad que prevalece, López Obrador de inmediato recurre a los comparativos de lo que dejaron de hacer los dos gobiernos anteriores, por lo que él hace lo posible por frenar el avance de la criminalidad, pero tal parece que no es mucho el esfuerzo ya que el número de muertos en lo que va de su administración supera en el mismo período a lo vivido con Calderón y Peña Nieto.

Es una situación que en Aguascalientes obliga a fortalecer los límites con Jalisco y Zacatecas ante los continuos zafarranchos que tienen lugar en municipios colindantes, lo que significa destinar un número importante de policías y patrullas para ese fin y que el resto de las corporaciones estén en alerta permanente por lo que pueda suscitarse.

En lugares que no hace mucho eran un remanso de paz, como Encarnación de Díaz y Teocaltiche, en Jalisco, y Luis Moya, Loreto y Guadalupe, en Zacatecas, por citar algunas poblaciones próximas, están convertidas en campos de batalla sin que la Federación haga mayor cosa por acabar con esta situación y con una indiferencia de los gobiernos de ambos estados.

El problema estriba en que la famosa “operación cucaracha” sí tiene efectos nocivos para Aguascalientes, al haber mayor presencia de cárteles de la droga que se disputan esta plaza y aunque todavía no llega a los niveles de los vecinos, los asesinatos de “bachicheros” o narcomenudistas se presentan con mayor frecuencia, síntoma que ya existe una lucha por hacerse del mercado local y como punto de trasiego.

Está bien que los gobernadores panistas exijan respeto al federalismo, pero no deben concretarse sólo al tema de salud, sino hay que ir más allá, que es el de reducir a su máxima expresión la inseguridad. De poco sirve tener hospitales bajo su control y un servicio óptimo si no hay respeto a la vida humana, que lo mismo se ataca en la vía pública que al interior de los hogares.

De la misma forma se requiere presionar al gobierno central para que mejore la economía, que los jóvenes no se conformen con los recursos que tan generosamente entrega el lópezobradorismo, sino hay que impulsar el aparato productivo, que es el que produce riqueza, empleo y estabilidad social.

ANEXOS

Los gobiernos estatal y municipal están obligados a vigilar e investigar la forma en que trabajan los centros de atención para alcohólicos y adictos a sustancias prohibidas, más conocidos como “anexos”, que en su mayoría están en manos de personas que no son profesionales en la atención de la salud.

La muerte de una persona que se atribuye a tres empleados de uno de esos sitios, ocurrida el pasado 4 de febrero, volvió a plantear la urgencia que funcionarios de ambos niveles de la administración publica dejen la abulia y se pongan a trabajar, que no se reduzca a visitas esporádicas sino recorridos continuos a cada lugar para supervisar que el cuidado que hay es el que se ofrece a los familiares, quienes por cierto pagan elevadas cantidades para que su allegado supere su apego a los productos que dañan al organismo.

Son múltiples las historias que hay en torno a esos sitios y en su mayoría nada positivas, por lo que antes de que vuelva a ocurrir otro fallecimiento se tiene que actuar con firmeza y no se trata de cerrar los lugares, sino que esté en condiciones de proporcionar la rehabilitación a los adictos.

TOTAL IMPUNIDAD

Por enésima ocasión la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es agredida por un grupo de encapuchados, que sin freno alguno cierran facultades y planteles. Exigen cese de violencia de género y acoso en las instalaciones.

El ataque llegó hasta Ciudad Universitaria, en donde hubo destrozos y pintas que obligó al rector Enrique Graue a pedir a las autoridades a “desenmascarar a los provocadores”, al mismo tiempo advirtió que quien sea los que estén atrás de estos hechos “no nos desestabilizarán”.

Se mantienen en paro 15 escuelas, de las cuales seis de manera indefinida y de ellas tres que llevan 94, 85 y 61 días sin clases, mientras que las otras tres lo iniciaron el 30 de enero y el 4 y 5 de febrero, las 9 restantes lo hacen de manera temporal, aunque con la amenaza de extenderlo por un tiempo indeterminado.

A lo largo de esta situación padres de familia y estudiantes han tratado de rescatar los planteles, pero los embozados les lanzan gas lacrimógeno, por lo que han desistido a la espera de que decidan finalmente entregar los establecimientos.

En el mensaje que emitió el rector Graue demandó a las autoridades actuar en consecuencia, por lo que “exigimos de ellas una investigación a fondo de los hechos. Desenmascarar a los provocadores y el castigo a quienes resulten responsables”.

Sostuvo que el movimiento por la erradicación de la violencia de género puso en evidencia dos aspectos antagónicos: la demanda por las soluciones prontas y universitarias, y la violencia que sólo quiere generar más violencia. A los primeros les manifestó su apoyo y solicitó que se avance asertivamente en el camino institucional, en armonía y diálogo, por lo que pueden tener la seguridad “que todas y todos estamos con ellas, con las mujeres, en la construcción de una nueva universidad”.

Al mismo tiempo, a los segundos, que dijo, sólo buscan desestabilizar a la UNAM, les advirtió que no lograrán sus cometidos: “A quienes sólo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia, con más conspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones”.

Reiteró que “la otra cara de la provocación por intereses ajenos mostró la imposición de voluntades, sinrazones, insultos y destrucción. Nuevamente un acto pacífico que venía a entregar un pliego, concluyó con vandalismo y agresión”.

Dijo que la lista de demandas universitarias fue revisada por él mismo, y aseveró que se dará puntual respuesta: “Anticipo que todas sus solicitudes son aceptables y están dentro de nuestra normatividad. Las acepto y yo mismo firmaré la respuesta”.

Por su parte, el Presidente de la República aseguró que hay “mano negra” detrás de las protestas y la violencia en la UNAM. Sin aportar nombres, el titular del Poder Ejecutivo pidió exhibir a quienes están detrás de las manifestaciones que mantienen cerrados algunos planteles de la máxima casa de estudios: “Siento, lo voy a decir, que hay mano negra y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí, porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos, para que no anden ahí en los sótanos. Hizo mención que los manifestantes no son un movimiento colectivo ni mayoritario y que no se sostiene en una causa justa.

La censura del Rector y de Palacio Nacional no hacen mella en los individuos que causan destrozos en las instituciones que forman parte de la UNAM, conocedores que si tratan de desalojarlos por la fuerza habrá una condena internacional, por lo que permanecerán en posesión de los inmuebles por el tiempo que estimen conveniente, mientras miles de alumnos están a punto de perder el semestre.

VIOLENCIA SIN FIN

El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la violencia en los primeros seis meses de su mandato quedó en una promesa más. Nadie le hizo caso a convocatoria, de “abrazos y no balazos”, por lo que ya es costumbre los asesinatos múltiples y lo más grave es que los sicarios atacan por igual a sus rivales y a niños y mujeres.

Uno de estos hechos tuvo lugar en Uruapan, Michoacán, el pasado 3 de febrero, con la muerte de nueve personas, cuando se encontraban al interior de un negocio de videojuegos y minicasinos. De acuerdo con los testimonios, cerca de las tres de la tarde sujetos armados irrumpieron en el local de la colonia La Magdalena y dispararon contra los presentes. La fiscalía general de Michoacán informó que entre los fallecidos se encontraban cuatro menores de edad, entre 12 y 17 años

En videos que circularon en redes sociales se escuchaban los gritos de desesperación de los familiares. Exclamaciones de una madre “¡Mira nada más cómo están, mi niño me lo hirieron!”.

La Agencia Cuadratín Michoacán reportó que detrás del multihomicidio se encuentra la disputa por el comercio de drogas entre los grupos delictivos Los Viagra y una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

De las informaciones que recabaron agentes ministeriales indica que los homicidas habrían llegado al establecimiento preguntando por “El Ruso” y “El Pelón”, así como por un hermano del segundo, presuntos integrantes de Los Viagra. En seguida comenzaron a disparar contra todos los que estaban en el lugar.

Como siempre sucede, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un esquema de coordinación con la fiscalía local y fuerzas federales, en tanto, en otro hecho que tuvo lugar en Zacacoyuca, perteneciente al municipio de Iguala, Guerrero, una persona murió y tres más fueron heridas, luego de un ataque de hombres armados con fusiles en una corrida de toros y jaripeo, sin que en ambos hechos hubiera detenidos.

Esta ola de terror tiene inmersa a niños, adolescentes y jóvenes que no alcanzan a comprender las razones que hay para que los adultos los hagan blanco de sus rencillas. Tan sólo en el mes de enero hubo en Chiapas tres casos de menores de edad que fueron halladas muertas con signos de violación, lo que ha provocado la alerta de la sociedad, ya que también hay ataques contra niños migrantes en tránsito.

Elsa Simón Ortega, de la Organización por la Superación de la Mujer, indicó que los casos de menores atendidos por esta agrupación aumentaron en 60% entre 2018 y 2019: “Estamos empezando el año y tenemos ya un caso atendido de una adolescente (de 14 años) abusada, violada y embarazada”. La activista resaltó que tres menores reportadas como desaparecidas en diferentes puntos de la entidad fueron encontradas muertas y con signos de haber sido violadas (Jarid Cinco, una niña de cinco años, Sulmi Yessenia Cortés, de 14 y Jaquelín Vázquez Aguilar, de 17 años)

La citada Organización atendió el año pasado 111 casos de abusos sexuales contra infantes, de los cuales 50 fueron por violación, 38 por abusos y 23 por pederastia, mientras que en 2018 la cifra total de registros fue de 70.

Elsa Simón acusó que el Gobierno ha sido rebasado y señaló como uno de los principales problemas el recorte presupuestal impulsado por el presidente López Obrador a organizaciones no gubernamentales y a las mismas instancias que han impedido la implementación de programas y estrategias para atacar la violencia contra la infancia, por lo que urgió a las autoridades a destinar más recursos, esfuerzos y planes más efectivos para atender la violencia contra los menores.

EXIGEN MEDICAMENTOS

Al mismo tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en el país no hay carencia de medicamentos, se ha vuelto recurrente las protestas de personas de todas las edades que denuncian el faltante de algún fármaco que pone en riesgo la vida del paciente.

En la reciente gira de AMLO a Mérida, Yucatán, protestaron padres y familiares de niños con cáncer, pero su equipo de logística no permitió que arribara por la entrada principal, sino que lo hizo por la puerta trasera de la Central Termoeléctrica, con lo que evitó los reclamos, sin embargo un hombre de 60 años dijo: “Vamos a esperar a que salga, que nos de la cara, no creo que no tenga por qué no presentarse ante nosotros, los niños están condenados a la muerte y el señor sale a decir que sí hay medicamentos”.

Aproximadamente 50 familiares de niños con cáncer denunciaron que no hay medicamentos en el Hospital Agustín O’horan, administrado por el gobierno de Yucatán y tampoco en el UMAE del IMSS de competencia federal. Una mujer levanta una cartulina rosa que a la letra dice: “Ya no queremos que se peloteen la responsabilidad del desabasto Vila-AMLO ¿qué culpa tienen los niños”, en referencia al gobernador Mauricio Vila, del PAN.

El recorrido presidencial se tornó en una guerra de alabanzas, insultos y recordatorios. Los que estaban a favor de López Obrador y del gobernador Vila levantaban pancartas con “Viva Vila” “Viva AMLO, Yucatán merece más” y que eran respondidas con gritos “Prianistas. Vendidos, no están a favor del pueblo. Por culpa de Vila no hay medicinas, porque Vila y los panistas no quieren que entre el Insabi. ¿Y quién es el mandatario de este país, quién da la órdenes. Ah, pues el Presidente”.

Posteriormente, en el recorrido por Campeche, se repitió la escena de otros estados, donde los seguidores de López Obrador abuchearon al gobernador priista Carlos Miguel Aysa. Junto al malecón, el mandatario nacional presumió sus programas sociales en becas a jóvenes, adultos mayores, estudiantes, apoyos a los campesinos, etc., lo que motivó exclamaciones “¡Es un honor estar en Obrador!” y luego abucheaban al gobernador, llamándolo “ladrón” y “barbero”.

Los de Carrillo Puerto llegaron a la capital de Campeche a quejarse por la falta de pagos del Instituto de Capacitación del Estado. Señalaron que cuando López Obrador visitó Calakmul encargó a la delegada federal Karla Meave que resolviera el problema, pero que la solución que ella les dio fue que aceptaran los nuevos salarios, además acusaron que desde diciembre no les han pagado.

El fundador de Mexicanos Unidos por la Transformación de México, Miguel Ángel Martínez, afirmó que “el Presidente da una orden, pero no la obedecen, por eso nacimos nosotros, para ayudarlo a vigilar que se cumpla su orden”. ¿Y qué tal se cumple?”, se le pregunta y responde “Es un relajo”.

PIZCA POLÍTICA

DESPUÉS del susto volvió la calma a los (muy pocos afortunadazos) que tienen derecho a una pensión del Seguro Social de 36,966 pesos, luego de que el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que el cálculo de pensiones de la llamada “generación de transición” se continuará realizando con un tope de hasta 25 salarios mínimos y no sólo de 10 como refirieron algunos juzgadores para los casos que sean litigados ante el Poder Judicial.

PARA quienes afirman que no son de fiar los magistrados, la jueza Sara Bruna Quiñones Estrada demostró que la honradez profesional es su estandarte. Echó abajo en tribunales una transa entre funcionarios del gobernador Quirino Ordaz, de Sinaloa y su antecesor Mario López Valdez, conocido como Malova. El asunto estuvo en que la Fiscalía Anticorrupción había pedido para tres funcionarios de Malova 16 años de prisión ordinaria, inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública por 20 años y una multa, además la devolución de 260 millones 937 mil  582 pesos, sin embargo funcionarios actuales pactaron con los implicados el pago de sólo 2 millones de pesos y publicar una disculpa en un periódico, pero a la hora que el trato llegó a la mesa de la jueza Sara Bruna Quiñones rechazó los acuerdos, argumentando que esos tratos era una falta de respeto a la sociedad: “No me parece moral autorizarlo”, dijo y agregó “Si ya habían sucedido otros casos y habían pasado esos acuerdos, considero que no está bien. No se puede tratar millones de pesos como si fueran centavos” Por lo pronto, el gobernador Ordaz destituyó a uno de los involucrados, el secretario de Finanzas Carlos Ortega Carricarte, pero faltan otros de primer nivel.

PERDIÓ todo pero el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte se muestra feliz, feliz, feliz. Primero su libertad por presuntos malos manejos durante su administración y ahora su esposa Karine Macías logró el divorcio, de una relación que duró 20 años. El ex mandatario, preso en el Reclusorio Norte de la capital del país, fue condenado a pagar una pensión alimenticia de 180 mil pesos mensuales. Macías conservará la custodia de sus tres hijos, mientras que Duarte ejercerá el derecho de convivencia una vez que concluya todo sus problemas judiciales.