El Aguascalientes de progreso y satisfactorio por ser una entidad de vanguardia en varios campos, choca con el Aguascalientes de desatención, de infelicidad y olvido, que obliga a replantear la política social para que no se tarden dos o más sexenios en eliminar este problema.

Mientras miles de familias estén en condiciones de infortunio no puede haber vanagloria por los éxitos alcanzados. No es posible cerrar los ojos ante una realidad lacerante, por el contrario, es necesario que cada quien en su ámbito sea solidario con el que menos tiene.

El ingeniero José Carlos Lozano de la Torre, al rendir protesta como gobernador el uno de diciembre de 2010, señaló que recibía un estado con 50 mil habitantes en pobreza extrema, comprometiéndose que acabaría con esta situación.

Siete años después, la administración que encabeza el contador Martín Orozco Sandoval enfrenta el deber de trabajar a marchas forzadas para atender las necesidades que tienen 30 mil personas en esa condición (2.3% de la población total), lo que significa que en el pasado sexenio, cada año 3,334 habitantes superaron dicha condición, por consiguiente, si se mantiene ese ritmo sería hasta finales de 2028 cuando se logre superar la cifra global, sin contar los que se agreguen en este período.

De acuerdo a números actualizados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), también se tiene a 369,000 pobladores en situación de pobreza (28.2%), por lo que sumados los que están en pobreza extrema sería la tercera parte de la totalidad de los aguascalentenses.

La dependencia federal subraya que ambos porcentajes son inferiores a la media nacional, que corresponden a 7.6% y 43.5% respectivamente, por lo que habrá quien afirme que la entidad está mejor que otras partes de la República, sin embargo resulta inaceptable que mientras en unos hogares se viva sin problemas, en otros sea lo contrario.

Cuando se menciona la pobreza extrema no se alcanza a dimensionar las condiciones en que están esas 30,000 personas, desde menores de edad y jóvenes hasta adultos y ancianos, que la más de las veces sólo prueban alimento una vez al día, y tratándose de niveles de pobreza se da por la falta de oportunidades ante la escolaridad reducida, que se concatena a los bajos salarios, ya que aún cuando se tiene trabajo el ingreso es absolutamente insuficiente para mantener a la familia.

La escasez en ambos renglones se registra en los once municipios, aunque por la densidad de población es más notoria en la ciudad capital, por lo que en coordinación con los ayuntamientos el gobierno estatal debe impulsar programas que vayan más allá de los tradicionales, que por los datos manifiestos no tienen el resultado esperado.

Es pregunta obligada ¿qué se puede hacer? y la respuesta sería, en primer lugar, declarar un apresuramiento social que involucre a todos los que estén en posibilidades de colaborar, de hacer lo necesario y que en término de un año se haga un “corte” para saber los avances y dónde hay que replantear o reforzar las acciones.

De la misma manera que se hace en los seísmos, inundaciones y otros embates de la naturaleza, en que sale el otro “yo” para de forma desinteresada tender la mano al que lo requiere, se puede hacer en este sentido. No hay que esperar a que sea época de Navidad para expresar los sentimientos de hermandad, esto tiene que ser en cualquier temporada. Donde hay hambre debe haber apoyo y cuando éste se materializa se consigue la sociedad igualitaria que tanto se ha anhelado.

 

PROHÍBEN LO PROHIBIDO

La Comisión de Educación del Congreso del Estado aprobó el dictamen que pretende reformar la Ley de Educación local, particularmente que no se cobre las cuotas escolares o aportaciones que condicionen el derecho a recibir los servicios educativos.

Lo que plantea dicha Comisión, que encabeza Jesús Morquecho, sería loable siempre que fuera algo novedoso, pero no lo que ya existe, tanto a nivel federal como estatal. El Artículo Tercero Constitucional y el articulo 10 de la Ley de Educación estatal señalan que “toda educación que imparta el Estado será gratuita”, por consiguiente, en ninguno de los grados y escuelas públicas puede cobrarse un solo peso por inscribir y atender a los alumnos.

Incluir en la citada legislación lo que tiene una sola interpretación es con ánimos “reformadores”, de querer pasar a la historia como los que añadieron unas líneas para recalcar lo dispuesto.

Es de sobra conocido que las cuotas escolares las aplican las sociedades de padres de familia y que en algunos casos se llegan a coludir con directores o profesores para que admitan únicamente a quienes presenten el recibo de pago, pero tan es un ilícito que en los últimos años se ha castigado a los docentes que participan en ese amaño.

Además, cada vez son más los paterfamilias que denuncian discriminación contra sus hijos por haber negado la aportación, lo que permite que sean pocos los casos que se ventilan ya que los docentes saben que hacerlo pone en riesgo su trabajo.

Lo que no debe prohibir el Congreso es que las citadas agrupaciones de padres de familia acuerden alguna cuota para la realización de diversos actos o apoyos para la escuela, pero en ninguno de los casos esos cobros pueden enlazarse con la educación que se ofrece en los planteles.

Si en verdad quieren trabajar los diputados a favor de la educación  pueden empezar por investigar cuál es la participación de los once ayuntamientos y su contribución económica en el gasto social educativo. El artículo 23 de la Ley Estatal dispone que los municipios deben “destinar lo necesario para la construcción, consolidación y mantenimiento de los planteles escolares, así como la prestación de servicios como vigilancia, agua, alumbrado público y recolección de basura”, lo mismo que “establecer y sostener servicios de vigilancia escolar”.

Se determina que los ayuntamientos promuevan y coordinen con las autoridades competentes “la realización de programas de educación para el mejoramiento del ambiente, así como campañas para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo”.

Sería más provechoso para la comunidad escolar que los legisladores dedicaran sus esfuerzos a hacer cumplir lo que ya está aprobado desde el 11 de marzo de 2014 y no que sigan buscando la fórmula del agua tibia. Es mucho lo que pueden hacer con sólo exigir plena observancia a lo indicado en la ley.

RESIGNADOS 

Dos figuras del panismo estatal fueron doblegadas por acuerdos cupulares, aunque uno de ellos logró un premio de consolación. El ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat se mantuvo en el arrancadero hasta el último momento, pero no logró vencer a la torrecilla del partido que lo dejó fuera de su intención de ser candidato a senador, y aunque hubo la posibilidad de que lo hiciera por otro organismo a final de cuentas pudo más la lealtad a los colores albicelestes, no obstante dejó entrever que podría participar en alguna de las campañas siempre y cuando que los abanderados surjan de manera democrática y los nominados “tengan el perfil adecuado”, ya que por ahora hay “un PAN resquebrajado”. Por su parte, el ex alcalde Juan Antonio Martín del Campo, que también quiso ir por la senaduría finalmente se conformó con la diputación por el segundo distrito, situación similar a la de Silvia Garfias, que se registró en las oficinas nacionales para una senaduría pero tal parece que su padrino no tiene el picaporte suficiente ya que apenas les alcanzaría para ir por el tercer distrito.