Belén Rodríguez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos 8 años cerca de 2 mil burócratas por mes se sumaron a la nómina del Gobierno federal.
Este año, 17 Secretarías del Gobierno federal tienen 777 mil 595 plazas, casi 200 mil más que las registradas en 2010, según una revisión de REFORMA a los presupuestos federales.
Estos cerca de 800 mil nuevos funcionarios equivalen a 49 por ciento de los empleos generados por la Administración central, que el INEGI estima en un millón 600 mil y que incluyen órganos autónomos.
La estimación no incluye a la Secretaría de Gobernación, debido a que tuvo ajustes en 2013 al absorber a la SSP, ni a la Secretaría de Energía, que llegó a incluir a las paraestatales, lo que genera grandes fluctuaciones.
Aunque casi todas las dependencias han incrementado su planta laboral en menos de diez años algunas duplicaron su tamaño.
La Secretaría de Salud, por ejemplo, pasó de 23 mil 896 plazas a 68 mil 776; Sedesol, de 6 mil 801 a 15 mil 302 y la de Comunicaciones y Transportes pasó de 24 mil 664 a 51 mil 504.
Esto pese a que el Gobierno que está a punto de concluir emprendió en más de una ocasión un plan de austeridad y control de plazas.
Dentro del sector central del Gobierno federal, una tercera parte de las plazas corresponde a empleados de confianza, mientras que el resto es personal de base o sindicalizado, de acuerdo con datos del último censo de Inegi.
Las variaciones del volumen de plazas pueden estar relacionado con los ciclos electorales, debido a que al ofrecer puestos de trabajo se pueden asegurar voluntades de grupos, explicó Oliver Meza, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“El sector público puede funcionar como una mercancía para el clientelismo”, explicó.
El investigador indicó que el incremento en diez años es acelerado, aún si se considera que en economías emergentes los Gobiernos tienden a ser grandes empleadores.
Incluso si se toma en cuenta la creación de diversos organismos dentro de las dependencias, así como modificaciones que han surgido de la demanda social y legislativa, las contrataciones carecen de claridad debido a la falta de estándares, explicó.
“Cuando no hay un servicio civil de carrera con estándares de permanencia y salida, las plazas se vuelven un botín”, aseveró.