De las actividades laborales que más atrae la atención de la sociedad es la que desempeña el taxista, que por el contacto directo con el cliente permite conocer su labor, sus ideas, anhelos, incluso sus problemas económicos y las condiciones en que trabaja.

Es una labor distinta a la demás, ya que son una especie de “medieros”, en la cual ellos trabajan el vehículo y a cambio le pagan una renta o liquidación diaria al propietario, por lo que no reciben ninguna de las prestaciones sociales de ley (IMSS, Infonavit y SAR), ya que según los entendidos lo único que los liga es el acuerdo verbal y el horario en que reciben y entregan la unidad. Por años se ha buscado un resquicio legal para que se integren a estos derechos, pero por una u otra razón queda en buenos deseos.

Por lo anterior, no resulta extraño que varios taxistas no le tengan amor a la camiseta, esto es, que por cualquier motivo cambien de patrón y más cuando se ven involucrados en un accidente o son acusados por un pasajero, lo cual  trae molestos a los concesionarios, que pretenden que sea la autoridad la que los meta al orden mediante la modificación a la legislación.

El dirigente del gremio, Oscar Romo Delgado, pide una reforma legal para que las sanciones económicas incluyan a los operadores y con ello “se acabe la impunidad” de que gozan, apuntó. La norma señala que el concesionario es responsable de lo que hace su trabajador, por lo que “es tiempo de que también sean corresponsables”, con lo que espera que se ponga un control a su conducta “que afecta sensiblemente la prestación del servicio”.

Sostuvo que el propósito es que “los trabajadores del volante deben saber que si llega un reporte ciudadano en contra de su servicio, serán acreedores a una multa, lo que implica una afectación  momentánea a su bolsillo, pero es preferible esto para que finalmente abandonen prácticas que no funcionan a nadie”.

Por ahora a quien se sanciona es al concesionario, de ahí la intención que el chofer responda de sus actos y no que cuando comete una falta que genere una multa, simplemente se va con otro patrón y al volver a suceder algo similar hace lo mismo, lo que según Romo Delgado “ocasiona una pésima imagen hacia el exterior y dentro del gremio”.

Aprovechándose esa propuesta puede incluirse las obligaciones que asumen entre sí el concesionario y el operador, porque hasta la fecha todo se centra en lo que el dueño del vehículo establece, que es el caso de la liquidación, misma que debe entregarse íntegra, aún cuando fue una jornada de pocos servicios, o que por enfermedad del chofer o de un familiar no pudo laborar, sin embargo él está obligado a entregar la aportación íntegra.

Las reglas las imponen los concesionarios, por lo que además de la liquidación el carro debe entregarse lavado y con tanque lleno, por lo que en días de poca afluencia muchas veces el operador se lleva 80 o 100 pesos de ingreso y esto genera un estrés que se refleja en los problemas que enfrenta con los usuarios o con los demás automovilistas.

Además, no existe una agrupación de taxistas-choferes, sino que las existentes son dirigidas por taxistas-concesionarios y son las que tienen voz ante los medios de comunicación, por lo que a la hora de enjuiciar el trabajo de los operadores, estos siempre quedan como los malos de la película.

Indudablemente que es un trabajo más angustiante que el de los operadores del  transporte urbano, ya que mientras éstos tienen un ingreso seguro y con rutas definidas, los taxistas van a donde ordene el cliente y no saben si al final de la jornada habrán ganado lo necesario para llevar al hogar, porque primero es la liquidación y después ellos.

De lo descrito nada está normado, por lo que no es fácil la relación laboral entre ambas partes, de ahí que si se va a hacer cambios a la ley se incluya derechos y obligaciones de ambas partes.

TRANSFORMAR AL PRI

Los priistas buscan invalidar aquello que “chango nuevo no aprende maromas nueva”, por lo que en aras de recuperar espacios en la vida política se preparan para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en lo que tendrá un papel fundamental toda la militancia, que será la responsable de elegir a quien suceda a la actual dirigente Claudia Ruiz Massieu, en la asamblea plenaria que tendrá lugar el 16 de agosto.

A petición de los que aspiran a participar en la contienda y como primera medida se instaló la Conferencia de Honor, que se integra con Irma Cué Sarquís, Fernando Moreno Peña, Maximiliano Silerio Esparza, Enrique Burgos García y Héctor Hugo Olivares Ventura.

Este grupo dará seguimiento al proceso interno de selección de la nueva presidencia y se trata de un órgano colegiado, cuya creación se sustenta en el artículo 87 de los estatutos partidistas. De acuerdo al comunicado que difundió el tricolor “se constituye como una instancia de reflexión, diálogo, promoción de entendimientos y construcción de acuerdos (para) contribuir a la cohesión de la militancia y a la unidad del partido de cara al proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional”.

Sus atribuciones serán, entre otras, establecer relaciones de diálogo y coadyuvancia con la Comisión Nacional de Procesos Internos, la Comisión Nacional de Ética Partidaria y la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para el buen éxito del proceso de renovación de la dirigencia para el ejercicio 2019-2023 y detectar, prevenir y contribuir, en su caso, a solucionar eventuales diferencias y conflictos entre quienes participen como candidatos en el proceso interno.

El 22 de junio será el registro de candidatos y a partir de esa fecha y hasta el 9 de agosto se llevarán a cabo las campañas; habrá dos debates, el primero el 17 de julio y el segundo el 7 de agosto. La elección tendrá lugar el 16 de agosto y quien resulte electo o electa  rendirá protesta el 20 de agosto.

Para esta elección se utilizará el padrón validado por el Instituto Nacional de Electores (INE) y los gastos de campaña tendrán un tope de cuatro millones de pesos; instalándose mil casillas en todo el país.