Se presentó en el Congreso del Estado, iniciativa de reformas al Código Penal para sancionar al responsable de atentados al desarrollo urbano ordenado, con penas de 5 a 15 años de prisión y de 300 a mil días de multa, así como al pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
El Artículo 155 se ajusta para establecer sanciones al que fraccione, divida en lotes o construya en un predio rústico o urbano, propio o ajeno, sin contar con el permiso de autoridad administrativa correspondiente, estatal o municipal, o sin atender los lineamientos o especificaciones del permiso que se haya obtenido, con el objeto de ocuparlo o de transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre él.
También se sancionará al servidor público que expida licencia o permiso de construcción o de uso de suelo, u ordene la prestación de servicios públicos en lotes de terreno, rústicos o urbanos, previamente fraccionados o divididos, sin haberse cubierto los requisitos que la ley de la materia exige, o los expida sin tener la facultad legal para ello.
Se establece sancionar por realizar, directamente o por medio de un tercero, obras de urbanización o de construcción de fraccionamientos, condominios, desarrollos especiales o cualquier edificación, sin respetar las restricciones establecidas en la constancia de compatibilidad urbanística, cuando estén ubicadas en zonas de salvaguarda, de amortiguamiento entorno a la infraestructura, equipamientos o instalaciones de Seguridad Nacional, o en zonas federales. Lo mismo cuando estén ubicadas en polígonos de protección.
En cuanto a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, se propone adicionar un segundo párrafo al Artículo 43, para precisar que también incurrirá en abuso de funciones el servidor público que, en ejercicio de atribuciones que deriven de la legislación en materia urbana, otorgue permisos, autorizaciones o licencias para realizar cualquier acción urbanística en contravención a los programas que prevé dicha legislación o que contravenga las reservas, usos del suelo, destinos o el aprovechamiento urbano.
Los transitorios prevén que el Decreto entre en vigor el día 1° de enero del 2018, lo que lleva implícito que a la brevedad, los diputados tendrán que dictaminar, para que el Pleno avale las modificaciones.
Se prevé que la situación jurídica de las personas procesadas, sentenciadas y que estén compurgando una pena, así como los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán y resolverán con base en la norma vigente al momento en el que ocurrieron los hechos materia de ellos.

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