El Poder Judicial del Estado mantiene activos cinco juicios por secuestro en la entidad, de acuerdo a los datos estadísticos publicados esta semana para el periodo enero-junio del año 2018.

El reporte que da cuenta del número de delitos y la naturaleza de los procesos iniciados en el primer semestre del año, refiere que en el lapso se han judicializado un total de 496 delitos de competencia estatal.

Entre ellos destacan los 5 expedientes que jueces penales desahogan por el delito de secuestro, el primero de los cuales se radicó el pasado mes de febrero; durante el mes de abril se sumaron 2 casos más y otros 2 en mayo pasado.

La cifra contrasta con la estadística enero-junio del año 2017, cuando la cifra de juicios penales por el delito de secuestro se mantuvo en ceros, según muestra el propio reporte oficial de casos.

El documento resalta por otro lado que los juicios acumulados en la primera mitad del año acumulan 108 y representan poco más de la quinta parte de la carga de trabajo en los juzgados penales del estado.

A esta incidencia le sigue en orden de importancia el número de juicios penales por el delito de lesiones con 65 casos judicializados en lo que va del año; en tanto que el daño en las cosas se ubica en tercer lugar con 52 expedientes en curso.

Se desahogan además 21 juicios por homicidio; 16 por el delito de violación; 35 por casos de narcomenudeo; 27 por delitos contra la salud y 21 juicios han sido iniciados este año en contra de igual número de presuntos responsables de fraude.

Las cifras del Poder Judicial del Estado, en la materia penal, indican también que se libran 7 casos por amenazas; 11 por abuso de confianza; 16 por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar; 8 por violencia familiar y 2 por allanamiento de morada.

El listado indica además 24 juicios contra responsables de atentados al pudor, 2 de despojo; 11 por corrupción de menores; 3 de encubrimiento; 4 de uso de documentos falsos, así como 7 por falsedad ante la autoridad; 3 por abuso sexual y un caso de ejercicio indebido del servicio público.