Miembros de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, desoyen a los cabildos de los municipios del interior, pues consideran que no debe obligarse a los concesionarios del transporte público a colocar cámaras de videovigilancia en las unidades, por lo que son libres de hacerlo o no.

Ello, a pesar de que de origen, la Iniciativa de Reformas a la Ley de Videovigilancia del Estado así lo planteaba, contándose con el consenso de los alcaldes.

Finalmente, los diputados integrantes de dicha comisión resolvieron modificar el artículo primero, sólo para regular la utilización de estos implementos, por los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales, y por prestadores de servicios de seguridad privada, con la finalidad de contar con herramientas útiles y eficaces para la investigación de delitos y la documentación de faltas administrativas relacionadas con la seguridad pública.

De acuerdo a la exposición de motivos de la propuesta original, se estableció que el objetivo de la misma consiste básicamente en establecer que los prestadores de servicio de transporte público en cualquier modalidad, cuenten con videovigilancia que les permita prestar el servicio con más seguridad.

Y es que van en ascenso las quejas de los usuarios, por los robos que se dan al interior de los camiones urbanos y combis, máxime en los casos en lo que se registra sobrecupo y las aglomeraciones facilitan los hurtos.

Adicionalmente, hay choferes que denuncian haber sido asaltados, y con este tipo de aparatos sería más fácil dar con los responsables. Sin embargo, de acuerdo al dictamen, son los concesionarios los que tienen la última palabra, en la adopción de este tipo de implementos. El dictamen será incluido en la agenda legislativa, para que en sesión plenaria, sea votado.