A cuatro meses de distancia, no se han publicado las disposiciones reglamentarias derivadas de la nueva Ley de Movilidad, ni los manuales y demás instrumentos normativos; además, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes y sólo quedan dos meses de plazo.
Tiene que expedirse el Programa Estatal de Movilidad, para que los municipios hagan lo propio.
Está previsto que las concesiones otorgadas bajo el imperio de las disposiciones que se derogan, continuarán su vigencia hasta su conclusión en los términos en que fueron autorizadas.
Además, las personas físicas que actualmente detenten una concesión de transporte colectivo urbano, deberán integrarse en personas morales titulares de las concesiones SITMA (Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes), cuando tales entes reúnan los requisitos de Ley.
En este caso, la titularidad de las concesiones ordinarias para operar el transporte colectivo urbano se extinguirán si se otorga la titularidad de la concesión SITMA a la organización.
De igual modo, deberá procurarse que en el transcurso de tres años, se haya operado la migración de las concesiones del transporte colectivo urbano convencional, a efecto de que puedan ser integradas al esquema propio del SITMA en caso de ser procedente. Para lo anterior, la Coordinación de Movilidad (Cmov) establecerá el Programa de Modernización del Transporte Público para el Estado, estableciendo las reglas y mecanismos para dicha transferencia.
La Cmov dentro de sus facultades, establecerá las medidas pertinentes para mantener la oferta óptima del servicio que satisfaga las necesidades de movilidad de los usuarios en el sistema de transporte.
Las concesiones y permisos para modalidades distintas del transporte colectivo urbano otorgadas bajo el imperio de las leyes que se derogan, continuarán surtiendo sus efectos hasta su vencimiento natural; en cuyo caso, una vez ocurrido podrán ser renovadas atendiendo al régimen, vigencia, condiciones y modalidades establecidas en esta Ley para las concesiones ordinarias, siempre que se satisfagan los requisitos previstos.