Lo que debería de ser la excepción en la administración municipal de Aguascalientes está convertido en algo natural, por lo que en tanto no cambie sus reglas laborales continuará dilapidando los recursos públicos, al destinar cada año millonarias sumas para el pago de indemnizaciones.

Una costumbre muy enraizada en el gobierno de la ciudad es iniciar con el despido de parte de la plantilla, y en el curso de la gestión hacer “ajustes” para dejar en la calle a decenas de trabajadores, que lógicamente recurren a las autoridades en demanda de la reinstalación o el resarcimiento económico por despido injustificado.

En la actualidad el Ayuntamiento destina 22 millones de pesos para atender parte de los casi 300 juicios, de los cuales algunos tienen varios años y otros son más recientes, tan es así que en el curso de 2019 se notificaron de 40 nuevos casos, con el común denominador que no hubo una causa probada para separarlos del servicio, por lo que tarde o temprano tendrá que hacerse las liquidaciones respectivas.

La cuestión radica en la malhadada práctica de cesar a decenas de empleados para abrir espacios a quienes se “ganaron” el derecho de ingresar a la burocracia por el esfuerzo que realizaron en la campaña política, quienes a su vez, al concluir el trienio – o en este caso el bienio – viven el mismo drama al quedar fuera para que vengan otros y así sucesivamente.

Otro problema que se registra es la actitud que asumen los titulares de las secretarías, direcciones y departamentos, al ordenar la expulsión de aquel o aquella que no se sujetó a sus caprichos, que no soportó sus desplantes o se negó a ser partícipe de ciertos actos en que iba de por medio de honorabilidad.

Si se hiciera un análisis de cada uno de los asuntos en litigio se encontrará coincidencias que pudieron evitarse, sólo que quienes están al mando de las oficinas se suben al ladrillo y desde ahí se convierten en amos y señores que se arrogan el derecho de dictar la primera y última palabra.

Para evitar que sigan estas condiciones deberían modificarse las normas, incluyéndose que quien haya propiciado el despido de un trabajador sea el que pague la indemnización o los salarios caídos y ya se verá cómo cambia todo. Mientras que no se finquen responsabilidades a los titulares prevalecerá el desbarajuste que resulta tan costoso al erario.

De manera paralela debe rectificar la situación de los que colaboran en las campañas político-electorales, para que en lugar de una promesa de empleo reciban el pago correspondiente por su trabajo, de manera que no exista compromiso alguno al concluir el proselitismo.

Además, hace falta tener a nivel municipal la profesionalización de la función pública, haciéndose realidad el servicio civil de carrera, que en el papel existe a nivel estatal y cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial el 8 de agosto de 2005. De esta manera se tendría personal debidamente capacitado en beneficio de los ciudadanos en general, y empleados dispuestos a participar en una formación continua porque saben que, en primer lugar, tienen un empleo estable, y en segundo pueden aspirar a un ascenso.

Es mucho lo que hace falta para que el gobierno municipal alcance el grado de prestancia laboral y para lograrlo sólo se requiere decisión, voluntad y esfuerzo.

RESPUESTA A LA FTA

Luego de la declaración que hizo a este Diario el máximo dirigente obrero en la entidad, José Alfredo González, en relación con el cobro excesivo de comisiones que aplican las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y que dio pie para el comentario que se publicó el pasado 25 de noviembre en este espacio, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) , Abraham Vela, señaló el día 27 que en el curso de esta semana podría darse a conocer una reducción sustancial en la recaudación de comisiones.

La denuncia del secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes coincidió con el señalamiento del funcionario, prueba fehaciente que existe razón en la demanda para que deje de expoliarse a los obreros con una parte de sus reservas.

De acuerdo a lo manifestado por Vela, las 10 administradoras que funcionan en el país cobran en promedio una comisión de 0.98%, pero el propio titular de la Consar manifestó desde mediados de año la probabilidad de que las comisiones fuera a 0.90% y para 2024 estén en estándares internacionales de 0.70%.

Las mismas Afores están en esta dinámica al haber entregado al organismo regular la propuesta para reducir las comisiones en 2020, por su parte la Consar pretende que sea más rápida esta diligencia al considerar que es una medida que beneficiará directamente a los trabajadores, que al término de la actual administración tendrán ahorrado un monto cercano a los tres billones 500 mil millones de pesos.

A diferencia de otros mediadores financieros, las 10 administradoras mexicanas obtienen sin ningún problema una creciente captación cautiva, en función del producto que aportan los obreros en sus cuentas individualizadas, y aún cuando sea su única fuente de ingresos las Afores tienen elevados rendimientos sobre activos y sobre capital, además sus utilidades absolutas predominan sobre los rendimientos y utilidades de cualquier otro intermediario financiero de México.

De acuerdo con la Consar, de las 10 firmas ninguna está a nivel del 0.70% internacional, la que más se acerca es Pensionissste, que cobra 0.82 de comisión y las más caras son Principal, Invercap, Coppel y Electra, con 1.04, le siguen Profuturo y Sura, con 0.99; XXI Banorte y Citi Banamex 0.96 e Inbursa 0.95.

Lo que demanda la FTA es una rehechura de las Afores y que “cobren lo justo por sus servicios y que haya una aportación bimestral mayor de todos”, tanto patrones como trabajadores y gobierno, lo que conjugado con el decrecimiento de comisiones tendría como resultado una pensión superior, alejándose el fantasma de que sea menor, incluso, a la que paga el Seguro Social y el ISSSTE.

El dirigente también planteó una reforma constitucional para aplazar la entrada en vigor de las pensiones contratadas con las Afores, lo que concuerda con la petición del sindicato magisterial, que busca volver al sistema anterior, ya que en las condiciones como está estipulado actualmente pondrá en un aprieto a quienes se jubilen o pensiones bajo el esquema actual.

ACÚSTICA ESTUDIANTIL

En prácticamente todas las instituciones de educación superior se escucha entre los próximos egresados el porqué tienen que hacer una tesis, como requisito para recibir el diploma que acredite la conclusión de la carrera y por ende la cédula profesional, sin la cual no pueden ejercer. Pues bien, el hombre más rico de México, Carlos Slim, dijo que no debería exigirse la tesis, que debe eliminarse la titulación por tesis y examen profesional: “Creo que el alumno de la Facultad de Ingeniería de cualquier escuela de ingeniería, cuando acaba después de cuatro o más años de estudio y pasó todas las materias, ya debe ser ingeniero”.Lo dijo durante la participación en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, pero que indudablemente es extensivo a todas las carreras, ya que el reclamo es el mismo. En universidades y tecnológicas ocurre igual que con los profesores, que aún cuando tienen en su poder el título que demuestra que ya son maestros normalistas o licenciados en educación tienen que demostrar sus conocimientos para aspirar a una plaza, lo que es una forma de contener al número de solicitantes. Todo aquel que finalizó sus estudios y recibe la aprobación correspondiente es porque quien firmó el documento y sin tantos vericuetos autoriza que puede ejercer la profesión. Ojalá que el comentario del ingeniero Slim lo consideren rectores, directores y juntas de gobierno de las instituciones para que actúen en consecuencia.