Difícil de comprender el doble discurso del Partido Acción Nacional, que por una parte exige respeto a la independencia de los organismos autónomos, como el Coneval, INAI, INDH, INEGI, INE y Banco de México, entre otros, y por otra uno de los suyos, el diputado local Juan Guillermo Alaníz de León, pretende el control casi absoluto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el pasado 20 de febrero que los organismos autónomos serían “purificados” para evitar corrupción y conflicto de interés, hubo un rechazo de prácticamente todos los partidos de oposición, al considerar que ese propósito encaminaría al absolutismo.

El coordinador de la fracción legislativa del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la intervención del gobierno en el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) vulnera sus estudios, análisis y decisiones. “Su autonomía y funcionamiento son cruciales para la administración pública, de esta manera se ha hecho posible que los ciudadanos podamos conocer si los responsables de operar las políticas gubernamentales están cumpliendo con su obligación”, apuntó.

Contrario a esa férrea defensa, Juan Guillermo Alaníz abrió la caja de Pandora, luego de que el viernes 25 de este mes de octubre El Heraldo dio a conocer la iniciativa que entregó un día antes en palacio legislativo, con la que pretende una reforma integral a la estructura sistémica de la UAA, en la que se tenga un órgano de control nombrado por los diputados para la vigilancia de los recursos públicos que recibe.

La justificación para una reforma a la Ley Orgánica de la institución es “la política anticorrupción del país y el Estado”, por lo que Alaníz plantea que el patrimonio ya no sea administrado libremente, sino “de conformidad con las normas relativas al manejo de los recursos públicos”, esto es, como si fuera una dependencia más del gobierno.

En una abierta actitud intervencionista, Juan Guillermo Alaníz propone golpear la estructura de la Junta de Gobierno, que se integra de 9 miembros, para que sólo 3 de ellos sean maestros en activo de la Universidad, con un mínimo de 10 años de antigüedad, idea que de avanzar este órgano sería fragmentado en un plazo de 30 días. También pretende quitar a este órgano de gobierno la autoridad sobre la actual Contraloría Universitaria y suplirla por un órgano interno de control similar, cuyo titular será electo y removido por el propio Congreso del Estado y cuyos integrantes estarían tres años en el encargo.

Por si faltara algo, Alaníz de León acentúa que para el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, tengan suficientes méritos académicos – tal como está la ley vigente -, pero además que tengan méritos profesionales y empresariales reconocidos, e interés evidente por la institución, y no contar con un puesto en la función pública.

De igual manera, que a las unidades orgánicas de apoyo de primer nivel que auxiliarán al Rector, lleguen quienes cumplan los requisitos, aunque no pertenezcan a la UAA, y que el procedimiento de responsabilidad administrativa por incumplimiento o violación a las obligaciones podrá iniciarse de manera interna en la Universidad o por el órgano interno de control, “atendiendo lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado”.

Alguien debería informarle a Juan Guillermo Alaniz que la UAA no es una oficina gubernamental, que se rige de manera interna y que en el caso de los recursos públicos por obligación debe presentar un informe del destino que le da a lo que recibe del presupuesto estatal.

Es difícil determinar qué hay atrás de la iniciativa que presentó Alaníz de León, si la hizo de mutuo propio o la recibió de alguien interesado en perturbar a la UAA, o también que esté sembrando la parcela para cuando ya  no cobre en el medio político y pretenda “aterrizar” en la institución. Al igual que sucede aquí, en la UNAM se agitan las aguas ante la renovación del rector, lo que naturalmente no es una simple coincidencia.

A Guillermo Alaniz le pasó lo que al perro de la tía Cleta, pero él se lo buscó.

PUNTO FULIGINOSO

Tener poder puede significar todo y nada. Parece un contrasentido, pero no, porque al poseerlo habrá un control sobre los demás, sobre las cosas, alcanzar un dominio, un objetivo de hacer lo que siempre soñó, pero al lograrlo atraerá la deserción de quienes lo rodeaban, perderá compañeros, amigos y hasta el rompimiento de lazos familiares.

Esto es lo que sucede en Aguascalientes con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que a sólo tres años de fundado hay una lucha de fuerzas, lo que si bien no será razón para que se desbarranque sí retrasa su fortalecimiento.

El delegado de  programas para el desarrollo en el estado, Aldo Ruiz Sánchez, no ha podido cortarse el cordón umbilical con Morena, por lo que de una u otra manera sigue ligado, aún cuando su actividad actual exige que sea apartidista, apolítico y respetuoso con todas las organizaciones y corrientes sociales.

Desde que dejó la dirección de Morena, luego de recibir el nombramiento de “superdelegado” federal, ha mantenido una disputa con su sucesor Cuitláhuac Cardona Campos, quien se ha negado a permitir su injerencia y que lo convierta en “florero”, pleito que llegó al extremo que el pasado 20 de octubre informó que demandó a Cardona y Fernando Alférez Barbosa por “daño moral”, exigiéndoles el pago de 6 millones de pesos, que es en lo que tasa las agresiones que, asegura, ha recibido de “quienes se han empeñado en calumniarlo y crear montajes despreciables, falsos y que sólo generan desgastes”, ya que no han presentado ninguna evidencia probatoria.

En la demanda que presentó ante el Juzgado Tercero Civil, pide una “medida cautelar” para que dejen de calumniarlo, lo cual “no se atenta contra la libertad de expresión de nadie, pero sí se combate la calumnia y el libertinaje mediático y político”, y como si fueran unos delincuentes de extrema peligrosidad solicitó el arraigo de Cardona y Alférez “para que no salgan del estado de Aguascalientes y demuestren sus acusaciones”.

Ruiz sostuvo que no tiene nada que esconder “pero es suficiente de las calumnias hacia mi persona o hacia mi familia y gente cercana, en ese comportamiento se han pasado de los límites y el aparato que lo ejecuta debe ser detenido porque han invertido millonarios recursos tanto económicos como humanos”.

También pretende la expulsión de Morena de ambos personajes “lo cual se perseguiría de oficio”, además de considerar que hay otros “esquiroles” que están en su contra y que proceden de otros partidos.

Aldo Ruiz fue acusado de no ser abogado, lo que aceptó al citar que efectivamente no lo es, pero que está estudiando la carrera, también ha sido exhibido de pretender influir en las decisiones del partido, aún cuando su labor actual se lo prohíbe.

Para acabar con el cuadro, la secretaria de la Función Pública. Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que esta dependencia investiga por varias “irregularidades” en el manejo de programas sociales  a 10 “superdelegados” de diversas partes de la República, entre ellos a Aldo Ruiz Sánchez, que en su defensa aseguró que “en todo momento me he dirigido con honestidad y rectitud en el ejercicio de mis funciones”, lo que deberá probar ante la contralora de la República.

Por su parte, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Herrera Ávila, afirmó que son “cuentos chinos” la citada investigación y que es una cortina de humo para tratar de tapar las denuncias que hay en contra del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Lo que se debe hacer es desaparecer las figuras de los “superdelegados”, porque “han sido inoperantes, inútiles y hasta estorbosos”.

PEDIR NO CUESTA

México pretende que Estados Unidos ponga un hasta aquí al tráfico de armas hacia el lado sur de la frontera, lo que fue respondido por el embajador de EU, Christopher Landau, que hay “voluntad política” para combatir el reto, por lo que aceptó que tengan lugar reuniones ejecutivas cada 15 días para desburocratizar las respuestas institucionales.

En otras palabras, no accedió a impulsar una pronta respuesta de su gobierno, sino a escuchar periódicamente los lamentos de la parte mexicana, que no sabe qué hacer para frenar la violencia, aunque con un poco de esfuerzo podría impedir en las aduanas el paso de esos artefactos de muerte.

Cada vez que en México ocurre una tragedia en que tienen que ver las armas, se levantan las voces para exigir que se ponga un hasta aquí a la venta y comercio ilegal, apuntándose hacia EU como la principal solución, de donde se dice proviene el 70% de las que son aseguradas, pero que difícilmente se va a lograr si se tiene en cuenta que la producción y venta de armamento es una de las industrias más provechosas que tiene el vecino país, lo que ha quedado demostrado con las matazones que sufre periódicamente, donde un solo tirador es capaz de asesinar a un número elevado de personas y aunque hay protestas a todo lo largo y ancho de la Unión Americana no hay restricción alguna para la compra y uso de ese equipo.

En la reunión de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, con el embajador Landau, se pidió a la administración estadounidense iniciar una operación espejo para detectar el ingreso ilegal de armas a territorio mexicano, en la que estén involucradas todas las agencias y dependencias de los dos países.

Se mencionó que Relaciones Exteriores sugirió hacer un despliegue, que llevaría el nombre de operativo  Frozen, en los cinco puntos fronterizos que presuntamente son los de mayor flujo clandestino de armamento, esto es, San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Matamoros y Brownsville-Matamoros.

La propuesta mexicana es que se aplique mayor tecnología, como arcos de rayos gama, para la revisión en puertos y aeropuertos, de igual manera pidió un intercambio de información respecto a vendedores y compradores de armas y seguimiento a flujos de dinero para la adquisición de armamento en armerías de la franja fronteriza.

Christopher Landau aseguró que hay voluntad política para encontrar una solución  y accedió a que el gobierno de EU comparta información y entregar resultados concretos, además ambas partes hablaron de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, cuando se pretendió apresar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que motivó una plática telefónica entre los presidentes Trump y López Obrador, por lo que “habrá un antes y un después de la llamada del sábado (19) entre los presidentes López Obrador y Trump en esta materia”, afirmó Ebrard en su cuenta de twitter.

Fue una reunión del alto nivel por la parte mexicana, ya que además de Ebrard y Durazo, también estuvieron los secretarios de Defensa y de Marina, el director del Centro Nacional de Inteligencia y el comandante de la Guardia Nacional, lo mismo que autoridades de la FGR y de la Secretaría de Hacienda. De Estados Unidos acudieron representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y del Departamento de Estado.

ATAQUE POR SORPRESA

En lugar de la audiencia que pedían con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que les entregara mayores recursos, presidentes municipales y diputados de varias partes del país recibieron una rociada de gas lacrimógeno, como una medida de “disuasión”.

Casi todos los medios informativos mencionaron que mientras a los vándalos que hace casi un mes dañaron la puerta Mariana de Palacio Nacional se les permitió los desmanes sin que hubiera detenidos, como tampoco los hubo hace unas semanas con los normalistas que golpearon con unas varas a los vigilantes de Palacio Nacional, cuando exigían becas y bases, a los alcaldes los reprimieron, porque según el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, la dispersión de gas fue “por protocolo”, con lo que se evitó poner en riesgo a personal de seguridad y trabajadores que restauran la fachada de Palacio Nacional.

“Irrumpieron hacia la Puerta Mariana, donde había personal de policía militar que fue empujado, ahí están restaurando esa zona y hay un andamio muy endeble. Con la multitud que se concentró debajo de esa estructura, pues ponía en riesgo la vida de los alcaldes, de los propios policías, y entonces se hizo una contención para evitar esto, por un protocolo que tienen de contención se dispersó un poco de gas”, alegó.

Encabezados por los presidentes municipales de Huixquilucan, Enrique Vargas; de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa; de Tepic, Francisco Javier  Castellón y Víctor Manuel Manríquez, de Uruapan, a temprana hora del martes pasado caminaron  unos metros a la Puerta Mariana donde pidieron la audiencia al grito “Sin municipio no hay Nación”, “Sí se puede” y  “Queremos entrar”. En lugar de abrir fueron gaseados y más tarde la coordinación general de comunicación social y vocería de la Presidencia admitió el uso de “una dosis moderada” de gas.

Molesta por el incidente, la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, expresó: “Lo único que hemos obtenido más de 40 alcaldes son gases lacrimógenos ¡lo que faltaba! AMLO le tiene miedo a los alcaldes del país, no al Chapito. Que le quede muy claro al Presidente, vamos a seguir luchando por recursos para nuestros municipios”.

Al día siguiente aceptaron una mesa de diálogo con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien de entrada pidió una disculpa por lo ocurrido y luego acordó con los ediles una reunión con la Secretaría de Hacienda para abordar el tema presupuestal, sin embargo será difícil que logren su objetivo ya que el mismo día el Congreso aprobó la cancelación del Ramo 23, mediante el cual la Federación otorgaba apoyos a los municipios del país y que ya no tendrán a partir de 2020, lo que augura un panorama sombrío para este nivel de gobierno.

Dirigentes y legisladores del PAN y PRD condenaron el uso de gas contra los alcaldes y cuestionando que se les haya dado trato de delincuentes: “Lamentablemente el presidente López Obrador trató a los alcaldes de México peor que a delincuentes ¡No somos enemigos, también queremos darle resultados a México!”, tuiteó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, y quien presenció los hechos

Verónica Juárez Piña, lideresa del PRD en San Lázaro, reprochó que la respuesta del Ejecutivo haya sido el uso de gas: “Es una falta de respeto al nivel de gobierno más cercano a la gente”, escribió en twitter.

NO SABÍA

Que le dolió el papelazo que hizo su gobierno en Culiacán eso ni duda cabe, pero que ahora salga el presidente Andrés Manuel López Obrador con que ignoraba el operativo para detener al hijo del Chapo Guzmán raya en el desaseo político.

A 10 días de los hechos, el mandatario insiste en defender el procedimiento fallido para llevar tras las rejas a Ovidio Guzmán López, pese a que desde adentro de la propia administración admiten que se le detuvo y por órdenes superiores lo dejaron ir.

 “Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general que se aplica: le tengo mucha confianza al Secretario de la Defensa. Lo que sí es que, cuando me enteré que se había generado este conflicto y les pido que se reúnan para tomar una decisión, me la presentan y yo lo avalo”, sobre la orden de soltar al capo.

Con lo anterior se desdice de lo declarado en Zacatecas a mediados de octubre, al descartar que un mandatario no sepa lo que hacen sus colaboradores o lo engañen: “Si van a hacer una refinería y no va a saber a quién les está entregando los contratos para hacer esa obra, o se va a hacer un tren, o se va a hacer una autopista, o se van a hacer hospitales ¿y no va a saber el Presidente? Claro que lo sabe todo”.

El pasado 18 de octubre, en un recorrido por Oaxaca, AMLO, afirmó que ante la violencia, el amago, los asesinatos.  “no tenemos duda de que fue la mejor decisión (dejar escapar al vástago de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán). El poder no es prepotencia, el poder no es violencia, el poder es humildad (…), si se hubiera dado la orden de mantener como fuera el operativo, a costa de lo que fuera, estoy seguro que no estaríamos ahora en paz, con la tranquilidad que ya están en Mazatlán, que están en Sinaloa, y que estamos en todo México”.

Como parte de la justificación, López Obrador mandó “un saludo y un abrazo” desde Nochistlán, Oaxaca, a todos los soldados de México, “que han sabido actuar con gran responsabilidad. Estoy seguro que están contentos, porque antes les daban órdenes para reprimir al pueblo, ahora el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de México, nunca les va a dar la orden al Ejército de reprimir al pueblo, no vamos a enfrentar a hermanos con hermanos”.

Sostuvo que los partidarios del uso de la fuerza “dicen que no fue lo correcto, pero estaban de por medio muchas vidas de los ciudadanos inocentes. No somos dictadores, no somos tiranos, nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos los seres humanos y se puede lograr así la paz en el país”.

También mencionó la comunicación telefónica que sostuvo con Donald Trump: “Le agradecí su gesto de hablar, pero al mismo tiempo, le expliqué de que estaban en riesgo muchas vidas, muchos ciudadanos, porque me informaron de cómo estaba la situación, y por eso apoyé la decisión que tomaron de apagar todas las acciones”,

La narrativa la repitió en San Juan Bautista, en una reunión con mixtecos, chinantecos y cuicatecos:”Antier, como a esta hora, estaba la situación caliente en Culiacán, Sinaloa, ¿Saben?, si no se hubiese actuado como se decidió actuar, hubiesen perdido la vida muchos mexicanos, iba a haber una masacre. Se hizo así porque ¡Somos humanos, muy humanos!. No me importa que los conservadores, los autoritarios, quieran que se gobierne de otra manera, ya ellos lo hicieron y no dio resultado. Al contrario, enlutaron a México al convertirlo en un cementerio. Esta estrategia de querer apagar el fuego con el fuego, de enfrentar la violencia con la violencia nunca más. Jamás vamos nosotros a reprimir al pueblo de México”.

No obstante, el 2019 ya es el año más violento que se tenga registro. Según las estadísticas oficiales actualizadas al 20 de octubre, entre enero y septiembre se registraron 25 mil 840 víctimas de homicidio doloso, cifra 2.4% mayor a la reportada en el mismo período de 2018, que sumó 25 mil 282. De mantenerse en los mismos niveles en su último trimestre, el presente año cerrará con más de 34 mil 300 víctimas y desplazará a 2018 como el más violento, al menos desde 1992; el año pasado presenta el récord histórico, al cerrar con 33 mil 748 víctimas. Con esto queda atrás lo afirmado por el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, de que la tendencia de crecimiento de los homicidios llegó a un “punto de inflexión”.

MARCHA ATRÁS

El Senado le enmendó la plana a la Cámara de Diputados, al ajustar la Ley de Ingresos 2020, revirtiendo el “golpe bajo” del aumento a los derechos del uso de agua en el campo que había aprobado le bancada de Morena, lo que provocó una oleada de protestas entre los productores agrícolas,

A iniciativa del morenista por Sonora, Javier Lamarque Cano, el pasado jueves 14 la Cámara de Diputados aprobó un mayor cobro por los derechos del uso del agua en la Ley Federal de Derechos y turnado al Senado, lo que generó un rechazo generalizado principalmente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), del gobierno de Sonora y de otras organizaciones, al considerar que de llegar a prosperar el nuevo cobro, se trasladaría los costos a los consumidores.

Inclusive, López Obrador se pronunció en contra de aplicar esa medida y pidió a los legisladores rectificar su decisión, lo que llevó al diputado Lamarque Cano a retractarse y solicitar que se elimine su propuesta de la Ley Federal de Derechos: “No queremos que aumenten los impuestos (…) estoy haciendo un exhorto al Congreso, pero son libres ¿eh? Estoy dando a conocer mi punto de vista.”

Finalmente, el Senado aprobó eliminar la propuesta por 100 votos a favor y cero en contra. Haberlo hecho, declaró el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, “sería injusto que en este momento se pretendiera imponer más carga tributaria al campo”, en lo cual él mismo, que es productor junto con su familia, estaba en contra de esa medida.

“Desde aquí dos mensajes, uno a Cámara de Diputados, los senadores no estamos pintados en la pared para sus ocurrencias. Morena, la 4T y la bancada de Morena en el Senado propuso acabar con esta ocurrencia. Abajo no pasará ese intento de aumentar los impuestos”.