La función pública no debe paralizarse por el proceso electoral, advirtió el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Jorge Díaz de León Gutiérrez, al destacar que los gobiernos deben cumplir los deberes que les marca la ley, en servicio a la ciudadanía.

“La veda electoral implica que esa labor que realizan no se promocione ni sea pretexto para actuar a favor o en contra en el marco de la contienda, pero de ninguna manera para dejar de dar a conocer información de interés general”, explicó.

Durante su intervención en la sesión pública ordinaria que efectuó el pleno del TEEA para la resolución del recurso PES-010/2018, sostuvo que es en función de la información que proporcione la autoridad, de interés general, como puede lograrse un mejor desempeño ciudadano en los deberes propios frente a la autoridad.

En ese contexto, el pleno del tribunal declaró la inexistencia de propaganda gubernamental ilícita, denunciada por el representante del PRI ante el 01 Consejo Distrital Electoral del INE y que acusó al gobernador del Estado y al candidato a diputado federal por esa demarcación de la coalición “Por México al Frente”.

La acusación se hizo a través del Procedimiento Especial Sancionador que refirió como conducta ilícita la publicación en la cuenta de Facebook del gobernador del Estado imágenes que informan un programa de Gobierno concerniente a la Secretaría de Finanzas.

A perspectiva del denunciante, en la publicación se configuraba una violación consistente en propaganda gubernamental que ponía en riesgo la imparcialidad y equidad en la contienda electoral en curso.

En respuesta, el pleno del Tribunal resolvió que la información difundida tiene como finalidad comunicar a la ciudadanía la actividad propia del quehacer público gubernamental, así como orientar sobre trámites administrativos que no contienen promoción de logros de Gobierno.

Además, no contiene publicidad personalizada de algún servidor público, de tal manera que no incide en el proceso electoral local a favor de ningún candidato, sino que, como se estableció en el debate previo a la votación, la publicación obedece a informar sobre la función del Estado.

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