El Tribunal Electoral federal defendió sus atribuciones para determinar si el reparto de tarjetas en tiempo de comicios viola la ley o no.
A través de una carta, la Sala Superior justificó las modificaciones que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer en su Reglamento de Fiscalización el pasado miércoles.
Una de los cambios se relaciona con el artículo 143 Quater de dicho Reglamento, y que explicitaba la prohibición del reparto de tarjetas, plásticos, trípticos y dípticos que ofertaran a los electores un bien futuro en virtud del triunfo de determinado candidato.
Arguye el Trife que su sentencia, aprobada por unanimidad, busca homologar ese apartado del Reglamento de Fiscalización con lo que dice el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
Dicho artículo prohíbe, en términos generales, la entrega de “cualquier material” en el que se oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier esquema que implique la entrega de un bien o servicio.
“El Pleno de la Sala Superior ordenó modificar la redacción del Reglamento de Fiscalización para efecto de prever y establecer lo mismo que dice la ley, ya que le compete a la autoridad jurisdiccional, en su caso, interpretar los alcances de la norma y sus modalidades”, señala en la misiva.
La sentencia afirma que el INE se extralimitó en sus facultades al incluir en el Reglamento de Fiscalización qué materiales estarían prohibidos de antemano, ya que, afirma la carta, el Legislativo no los detalló en la misma Legipe.
Además, considera que las tarjetas encuadran dentro del concepto de “propaganda electoral”, por lo que resolvió que los recursos empleados en su difusión se deberán sumar a los gastos de campaña de los candidatos beneficiados.