Fernando López Gutiérrez

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El pasado primero de septiembre, por vez primera, el presidente Enrique Peña Nieto hizo uso de su facultad de proponer de manera preferente iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión. Mediante este mecanismo decidió enviar al Senado de la República para su análisis, discusión y aprobación, el Proyecto de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Para facilitar la concreción de la propuesta, el mismo presidente señaló con claridad en su discurso de presentación que la iniciativa recogía “las ideas y planteamientos de las y los legisladores de distintas expresiones políticas” y que su trámite habría de implicar el enriquecimiento por parte del propio Senado, en el lapso de 30 días que señala el trámite preferencial. De esta manera, se espera que el día de hoy se logre avanzar sin muchas dificultades en la primera etapa legislativa –aún faltaría que la Cámara de Diputados hiciera lo propio– para el establecimiento de un marco legal e institucional que fortalezca las acciones del Estado mexicano en el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.

En este contexto, resulta importante destacar que la propuesta que ha logrado integrarse en el Senado de la República, después de su aprobación en las comisiones correspondientes, incluye una amplia gama de disposiciones que van desde la atención a problemas que recientemente han salido a la luz pública, como la violencia escolar o la migración de niños, hasta asuntos añejos, ampliamente abordados en el pasado, como la asistencia social o los derechos relacionados con la educación, la salud y la intimidad de los menores.

El proyecto de legislación que se ha conformado en esta primera etapa de discusión en el poder legislativo fortalece los planteamientos contenidos en la propuesta presidencial e incluye un enfoque multidisciplinario y transversal que es fundamental para un sector de la población tan vulnerable. Sin embargo, aun con lo que pueda ser adicionado en la Cámara de Diputados, los aspectos centrales para el cumplimiento de los objetivos de la ley se encuentran en los procesos de implementación que habrán de desarrollarse con posterioridad a su aprobación.

Sin duda, la instauración de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es fundamental en la generación de condiciones propicias para protección de los derechos de la niñez mexicana, pero el reto más grande en ese sentido será que su contenido no se convierta en letra muerta y pueda aplicarse de manera efectiva cuanto antes.

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