El derecho es por excelencia la herramienta social para resolver los conflictos entre sus integrantes, constituye un garantizador del orden necesario para la coexistencia y a la vez, es el fijador del rumbo elegido por una colectividad.

Apenas hace unos días, la Corte Constitucional de la República de Colombia rechazó el recurso de nulidad presentado por el Instituto de Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y con ello dejó en firme un fallo emitido el año pasado mediante el cual se ordenaba entre otras cosas, el restituir de manera inmediata a la bella Plaza Santa María como inmueble para la realización de corridas de toros.

Con lo anterior, se puso fin a un conflicto jurisdiccional iniciado en 2013 generado por la decisión del famoso alcalde de aquella ciudad Gustavo Petro (político de la izquierda que formó parte del movimiento guerrillero M-19) de prohibir la realización de espectáculos taurinos en Bogotá.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional ratificó la sentencia T-296/13 dentro de la cual se ordena a las autoridades de dicha alcaldía a permitir la continuidad de la fiesta brava en aquel territorio. Dentro de la resolución, el máximo tribunal colombiano resolvió que la decisión del Alcalde Petro de prohibir las corridas violaba dos derechos constitucionales de la Corporación Taurina de Bogotá (persona moral responsable de la organización dichos espectáculos), a saber: el derecho al debido proceso administrativo y el derecho de expresión artística.

En cuanto al derecho de debido proceso, los magistrados concluyeron que ninguna autoridad administrativa podía realizar actuaciones contrarias al marco legal, concretamente a lo señalado en la Ley 916 por la cual se estableció el Reglamento Nacional Taurino y dentro del cual se reconoce que las corridas de toros son una especie de espectáculo previsto formalmente por el legislador que se estructura mediante la lidia, la cual es un conjunto de suertes organizadas en tercios cuya última parte culminante y significante de la fiesta taurina es la muerte del toro. Con lo anterior se concluyó que las autoridades administrativas son incompetentes para prohibir la realización de un espectáculo legalmente establecido.

En cuanto al derecho de expresión artística, los ministros manifestaron que fueron objetivos primordiales de su poder constituyente el desarrollo cultural de la nación y el apoyo a las expresiones artísticas nacionales, incluso las minoritarias, de ahí que dentro de su sistema jurídico, los preceptos constitucionales 70, 71 y 150 le asignan al legislador la atribución de señalar qué actividades son consideradas como expresión artística y cuáles de ellas, como la fiesta brava, merecen reconocimiento y tutela de parte del Estado.

Sin embargo, en el caso concreto, esta expresión artística se contraponía con otro deber constitucional: la protección de la fauna, por consiguiente el proyecto elaborado por el magistrado Mauricio González, estudió ambos derechos y generó un interesante esquema de armonización de ambos.

Considerando lo dispuesto por la Ley 84 que establece el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, reconoció que si bien es regla general la prohibición del maltrato animal, el artículo 7 de dicha norma establecía de manera expresa la excepción a la generalidad tratándose de corridas de toros. Luego, hizo un análisis de los elementos del deber de protección a la fauna y encontró que éste se soportaba mediante tres cimientos (dignidad humana, protección del ambiente y función social y ecológica de la propiedad) que de igual forma no podían entenderse con efectos absolutos. Así, la Corte determinó que el deber de protección animal admite excepciones al entrar en tensión con otros principios y derechos constitucionales igual de importantes como los derechos alimentarios, la libertad religiosa, la libertad de investigación científica y médica, el derecho a la salud y en el caso concreto de las corridas de toros: el derecho al patrimonio cultural.

Bajo los razonamientos expuestos, los magistrados colombianos resolvieron que las corridas de toros al ser una legítima expresión artística y cultural representa una excepción válida al deber de la protección animal, sin embargo, reconoció que, como en cualquier caso de contraposición de derechos humanos, ninguno estará por encima del otro de forma inalterable sino que, mediante el análisis de los casos concretos y el uso de las herramientas lógicas de la ponderación, se deberán armonizar y resolver de la manera más conveniente las futuras colisiones.

Adicional a lo expuesto, no pasó inadvertido la pertinencia de fijar parámetros sobre los cuales la fiesta brava puede armonizarse en la mayor medida posible con la protección animal. Al efecto, la Corte estableció la necesidad de que el poder legislativo de aquella nación, regulara de manera exhaustiva el espectáculo taurino bajo la óptica de la protección posible del animal sin afectar a su vez el desarrollo elemental de la fiesta brava y además, reiteró lo manifestado anteriormente en la sentencia C-666 del año 2010, donde hizo condicionamientos para la realización de las corridas, dentro de las cuales se destacan la permisión de las mismas siempre que gocen de arraigo social en lugares determinados y durante las épocas o fechas tradicionalmente usadas.

Como lo hemos planteado en otras columnejas, tratándose de derechos humanos, ninguno, de forma absoluta, prevalecerá nunca por encima de otro, es la armonización y la ponderación el camino correcto a seguir para la resolución de nuestros conflictos.

@licpepemacias