Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

Los aspectos referentes a la colaboración en materia de seguridad y justicia fueron los más polémicos y controversiales durante la discusión de la reforma en telecomunicaciones. Las disposiciones incluidas en el artículo 190 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFT), respecto a la geolocalización, registro de datos e intervención de comunicaciones privadas, constituyeron el centro de una intensa campaña pública en favor del derecho a la información y la privacidad, la cual logró la revisión y el cambio en el contenido inicial de la reforma.

Hace apenas unos días, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó a cabo un proceso que pasó casi inadvertido para la mayoría de la población. En seguimiento a lo estipulado en la LFT, se realizó una consulta pública sobre los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia que habrán de regir el intercambio de información entre los concesionarios del sector y las autoridades vinculadas con la procuración e impartición de justicia.

El contenido de dicho documento establecerá el marco normativo que, en la práctica, regulará los procedimientos relacionados con estos temas; sin embargo, poca ha sido la atención captada por la realización de la consulta, considerando que lo estipulado en los lineamientos replantea algunos de los aspectos que fueron modificados en el contenido inicial de la LFT.

Parece ser que, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha decidido, con base en sus atribuciones regulatorias, respaldar el modelo planteado por el gobierno federal en lo relacionado con la solicitud de información privada en el ámbito de las telecomunicaciones, facilitando que lo que no fue incluido explícitamente en la ley pueda ser incorporado en la regulación emanada de ella.

Independientemente de los aspectos particulares que habrán de ser juzgados en el proceso de consulta –y que en este momento son motivo de revisión– es necesario advertir sobre el peso que habrá de tener la regulación que se desprende de la LFT y que se encuentra a cargo del IFT. Los procesos que se llevan a cabo en dicho marco son fundamentales para definir el rumbo de las telecomunicaciones de nuestro país y no están siendo realizados con la apertura y la transparencia que el tema requiere; ni con la actitud crítica que privó durante la discusión y aprobación de la LFT.

En cada consulta pública que lleve a cabo el regulador mexicano en materia de telecomunicaciones, debería existir una respuesta activa por parte de la población y los actores involucrados, con la finalidad de revisar el rumbo que durante el proceso de implementación de la reforma se le está dando a un sector tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad.