Noé García Gómez

En una democracia las reglas tienen que ser claras, algunas pueden estar sujetas a interpretación y ahí es donde entran las autoridades jurisdiccionales para precisar, pero ello no quiere decir acomodar el espíritu o interpretación de las leyes para conveniencia o coyunturas.

Ante lo anterior se está fraguando uno de los fraudes electorales y a las finanzas públicas más descarados y bochornosos de corta  historia democrática del país. La intención de resarcir el registro como partido político al Partido Encuentro Social (PES).

El pasado primero de julio del 2018 la voluntad popular sentenció, así como un aplastante triunfo de López Obrador, conscientemente mandó otro mensaje; no queremos un partido como Encuentro Social.

Una vez resueltas las impugnaciones por el tribunal electoral, se determinó que el PES junto con Nueva Alianza no alcanzaron, en ninguna de las elecciones federales, el porcentaje de votación requerido por la legislación (3%). Tampoco fue declarada la nulidad de alguna elección federal, por lo que los resultados en los 300 distritos y en las 32 entidades federativas son definitivos. De ahí que la decisión final del INE fue acordar la pérdida de registro e iniciar la etapa de liquidación.

Otro elemento importante es, que el PES presentó a destiempo y mal el documento de los recursos de inconformidad, por lo que se tendrían que desechar sin entrar al fondo del asunto. Pero algunos intereses (desconozco pero imagino) le obviaron dicho error.

¿Cuáles son los argumentos leguleyos para encubar este zombi político electoral? las bancadas, tiene 28 diputados federales y 5 senadores y la pregunta es ¿Los partidos que pierden el registro pueden tener grupos parlamentarios? La normatividad es clara al señalar que podrá haber grupos parlamentarios por cada partido político nacional. Dichos grupos se integran, cuando menos, por 5 diputaciones o 5 senadurías con igual afiliación en la Cámara de Diputados y en el Senado. También señala que el objetivo de éstos es garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas que se encuentran representadas en el Congreso.

La aplicación de la ley es posible concluir que la existencia del grupo está condicionada al registro legal del partido político. Pero esto no quiere decir que se le dé un registro al partido, sino que esos legisladores quedarán como legisladores sin partido. Lo otro de otorgar desde el escritorio un registro, tendrá un impacto financiero de alrededor de los 263 millones de pesos de nuestros impuestos, más las prerrogativas de franquicias postales y de tiempos en radio y televisión.

Si la Sala Superior del Tribunal Electoral regresa el registro, estaremos ante uno de los actos fraudulentos más bochornosos de la historia y que costará credibilidad y dinero, mucho dinero a las arcas de nuestro país.

Tendremos en nuestro sistema electoral una institución zombi y al TEPJF como su creador.