El juez de Control y Juicio Oral del Poder Judicial del Estado, concedió ampliar el término de 72 a 144 horas al ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, para determinar su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial de imputación efectuada ayer en Ciudad Justicia y a la cual el ex funcionario acudió puntual, el juez de la causa atendió la solicitud que en ese sentido hizo el equipo de defensa, encabezado por el penalista Julio Serna.

Durante su desarrollo, el inculpado fue informado respecto de las conductas que podrían constituir el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público durante el tiempo en que fungió como titular del IEA.

Ello en relación a la contratación de los servicios de un despacho jurídico para llevar a cabo la asesoría, consultoría y representación jurídica en algunos procedimientos y al cual se le habrían cubierto honorarios por casi ocho millones de pesos, sin que existan pruebas de que sí trabajó.

Luego de ello, Chávez Rangel optó por reservarse el derecho a declarar, por recomendación de sus abogados, quienes a su vez solicitaron la ampliación del término para preparar la defensa del caso, por lo que la audiencia continuará el martes 17 de septiembre en punto de las nueve horas.

HAY OTRO IMPUTADO. Al respecto, el fiscal anticorrupción Jorge Mora Muñoz, dio a conocer que en torno al caso hay otro imputado, también ex funcionario del IEA, de quien reservó su nombre, si bien informó que está citado a comparecer ante el juez la próxima semana.

Se trata de “más de una carpeta de investigación adicional a la de Chávez Rangel” en curso en la Fiscalía, añadió.

CASO SOLANO. Por otro lado, el propio juez de Control y Juicio Oral vinculó a proceso a quien fuera coparticipe del ex titular de Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Arturo Solano, para lograr la distracción de recursos públicos.

La investigación complementaria llevará dos meses, si bien la imputada permanecerá en libertad y solamente deberá cumplir medidas cautelares impuestas por el juez como no acercarse al OSFAGS, a las víctimas y no salir del país, así como firmar cada quince días.