Juan Sergio Villalobos Cárdenas
Maestro en Derecho
(orgulloso egresado de la UAA)

Un diputado lo propuso, la mayoría lo votó y se hizo ley. Así de sencillo se convirtió en legal el exterminio judío en manos de los nazis. Pero una ley no sólo debe ser formalmente válida, debe ser, ante todo, justa. Los nazis fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad y de nada les valió argumentar su actuación al abrigo de la ley genocida que ellos mismos crearon.

Por eso es imperativo actuar siempre del lado correcto de la historia.

Hace algunos días fue presentada una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Leí la iniciativa. Es inquietante que alguien proponga crear para esa institución de educación superior, un órgano de control interno cuyo titular será designado desde un poder político; pero lo más lamentable es que se pretenda que el Consejo Universitario suprima la función de la actual Junta de Gobierno dando de baja inmediata a seis de sus miembros para enseguida nombrar otras seis personas a las que incluso, según su edad, se les garantiza permanencia por nueve años (artículo segundo transitorio); seis personas, claro, que no serán parte de la Universidad. Las direcciones generales tampoco escapan a la furia de la reforma; sus titulares no necesariamente deben ser miembros de la comunidad universitaria, pues podrán ser ajenos a la institución y tendrán no sólo voz, sino también voto, en las deliberaciones del Consejo Universitario (entre cuyas facultades está nombrar a los integrantes de la Junta de Gobierno).

Después de leer la exposición de motivos, es difícil entender como aquella reseña histórica que se hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (cuyo nombre además fue mal citado en más de una ocasión) expone, motiva o justifica dislocar la actual composición de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tal y como se propone en los artículos transitorios.

La autonomía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no es una cosa menor. Con ella se garantiza que el espectro político se mantenga ajeno a la esencia de quien ha formado al talento profesional de Aguascalientes en los últimos 46 años. Nadie negará la conveniencia que el desempeño financiero de una institución pública, que recibe dinero y fondos del Estado y de la Federación estén bajo escrutinio; ello es necesario. Pero, usar ese legítimo reclamo social de transparencia, se vuelve maniqueo al pretender que también sirva de sustento y fundamento de una reforma que convertiría a nuestra máxima casa de estudios en el nicho de colocación de empresarios o políticos sin vinculación académica efectiva.

Ha dicho el autor de la iniciativa que no se le dará impulso procesal, ello ante la reacción generalizada de repulsa a su idea. No basta. La semilla de la hiedra está sembrada; sólo extirpando esa simiente del Congreso podría considerarse resguardada la autonomía de Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuando escuchemos en la sesión del Congreso que la iniciativa ha sido retirada, entonces la razón habrá triunfado. En tanto, el destino de la iniciativa de reforma que nos ocupa estará en manos de los diputados y diputadas que en su momento habrán de dictaminar; de así considerarlo la comisión respectiva, pasará eventualmente a debate y votación ante el Pleno del Congreso. Sabremos entonces si asumen su responsabilidad de estar del lado correcto de la historia.