Si la tercera parte de las madres son solteras, y la pensión alimenticia para los hijos es una obligación insoslayable, lo menos que puede hacer el Estado, es apoyar a las adolescentes en tal condición y en situación vulnerable.

La diputada Citlalli Rodríguez González fue interrogada sobre la postura de la Iglesia, en el sentido de que así se trate de varones adolescentes, éstos deben responsabilizarse de sus actos, ya sea asumiendo las consecuencias de la práctica del aborto o bien, en la manutención de los hijos sin dejar toda la carga emocional y económica a la mujer, sin el pretexto de que por ser menor no trabaja.

La legisladora consideró que en casos extremos, lo menos que puede hacer el Estado, es apoyar a esas mujeres vulnerables, con recursos del Fondo de Justicia, que maneja el Poder Judicial.

Reconoció que son muchas las adolescentes que se ven obligadas a dejar la escuela, para poder hacerse cargo de su hijo, lo que les resta posibilidades de valerse por sí mismas económicamente, ya que sin estudios básicos sólo pueden aspirar al trabajo doméstico carente de seguridad social.

En Aguascalientes, alrededor del 25% de los partos se da en menores de edad, lo que indica que hace falta trabajar para crear conciencia de que a más temprana edad, los embarazos son de alto riesgo, además de que en muchos de los casos las chamacas son desvinculadas de su familia, dejadas a su suerte.

En casos extremos, cuando se recurre al aborto, la ley es clara, y no sólo se penaliza a la mujer, también al hombre, aun tratándose de adolescentes. En su caso, éstos también son responsables de la manutención de su hijo.

Tras señalar que no se le puede obligar a trabajar si no quiere, esa pensión debe cubrirla el Estado, tratándose de jovencitas en situación de pobreza.

Informó que hay elevada incidencia de este tipo de casos en el oriente de la ciudad, razón por la cual, deben buscarse soluciones a este problema social, con acciones efectivas, primero de prevención y en su caso, de apoyo económico.

Finalmente, reiteró que el Estado no puede eludir esta responsabilidad social.

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