Hoy, en sesión del Congreso, se aprobará reformar al Artículo 27 de la Constitución local; se eliminarán los informes de gestión trimestrales; cambiará el nombre de Órgano Superior de Fiscalización por Auditoría Superior de Fiscalización; se modificará el requisito para ser auditor superior, como no haber sido titular de dependencia, diputado o dirigente de partido en el año anterior, cuando actualmente son cuatro; y se eliminará al auditor superior la posibilidad de reelegirse.

El documento establece revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión la realizará el Congreso a través de la Auditoría Superior del Estado; deberá ser presentada al Congreso quien la turnará a la Comisión de Vigilancia, a más tardar el 30 de abril del año siguiente, por conducto del titular del ente fiscalizado.

El Congreso concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y los Informes Individuales de Auditoría.

El Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, evaluará el desempeño del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) tendrá autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Los Poderes del Estado y demás entidades fiscalizadas, facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley.

Los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, estatales o municipales, deberán proporcionar la información y documentación que se les solicite.

De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.

La ASFE podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.

La iniciativa fue presentada por la diputada Citlalli Rodríguez González y el legislador con licencia Jaime Gonzáles de León.