Aunque no debería sorprender el oportunismo que se registra en el Congreso del Estado, llama la atención que dediquen tiempo y esfuerzo en buscar soluciones a los problemas ingentes que tiene la sociedad, como es la pobreza, cuando ya existen organismos que tienen bastante tiempo de hacer esta actividad.

La propuesta que presentó el diputado Guillermo Gutiérrez para establecer un Banco de Alimentos y el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que crea la Ley para Evitar el Desperdicio de Alimentos en el Estado, tiene el propósito de atender a las personas que necesiten de este apoyo.

De acuerdo a la iniciativa, que deberá ser aprobada por el pleno, se contempla la formación de una comisión estatal en que estarán los titulares de las secretarías de Integración y Desarrollo Social, Salud, Desarrollo Económico, del Medio Ambiente, Educación y Desarrollo Rural y Agroempresarial.

Según el promovente, se pretende fomentar la cultura de la donación de alimentos y regular los mecanismos y estímulos correspondientes, asimismo sentar las bases para fortalecer una red de seguridad alimentaria “que haga efectivo el acceso a los habitantes a alimentos suficientes, inocuos y de calidad nutricional”.

En primera instancia parece una buena idea el que se aproveche los alimentos que no se utilizan en diversos lugares públicos y que van a dar a la basura, sin embargo esta labor tiene largo tiempo de efectuar la Asociación Civil “Cáritas”, que la Iglesia Católica tiene en numerosos países y que por años ha sido la respuesta inmediata a las necesidades de las familias por llevar comestibles a sus hogares.

Tal vez a los diputados les pasó de noche que el pasado 15 de mayo se colocó la primera piedra del Banco de Alimentos de Cáritas, que tendrá una capacidad de almacenar 350 toneladas de productos perecederos y no perecederos de la canasta básica. La construcción del inmueble, en un predio de 2,500 metros, se hará con el apoyo de la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos en la colonia San Francisco del Arenal, ubicada al sur de la ciudad, y recibirá los donativos que hagan los empresarios del ramo alimentario y ciudadanos en general que deseen hacer aportaciones o en especie.

La ceremonia estuvo presidida por el obispo diocesano José María de la Torre, el gobernador Martín Orozco y la alcaldesa Teresa Jiménez, que con su presencia avalaron el trabajo que desempeña ese organismo de apoyo a las familias con economía limitada.

En la actualidad el citado Banco funciona en unas bodegas que son facilitadas por comerciantes del Centro Comercial Agropecuario (CCA), donde se recopilan 170 toneladas mensualmente y se atiende a 11 mil personas, en tanto que con las nuevas instalaciones será posible que llegue a 50 mil familias.

Para el gobierno del estado es fundamental trabajar coordinadamente con todos aquellos que busquen el bienestar de los demás, consideró Orozco Sandoval, al señalar que en Aguascalientes hay 7,500 familias en pobreza extrema (35 mil personas en promedio), por lo que es necesario unir energías y facultades para hacer posible que tengan un mejor mañana.

En estas condiciones, si ya existe una institución con pleno reconocimiento social ¿cuál es la razón para que se cree otra con los mismos fines? ¿Acaso no es preferible sumarse a Cáritas para ampliar los resultados?

Deberían seguir el ejemplo de Chihuahua, que el 18 de noviembre de 2016 presentó el avance de la obra de su Banco de Alimentos Regional, programa en el que participan dependencias estatales y federales y organismos privados, mientras que un grupo multidisciplinario integrado por 20 alumnos y profesores del Tecnológico de Monterrey, en la capital de Nuevo León, trabajó en un proyecto integral para mejorar la eficiencia de selección y garantizar la inocuidad de las frutas y hortalizas frescas del Banco de Alimentos Cáritas, además del estudio teórico se contemplaron guías, manuales y seguimiento para alcanzar los resultados esperados.

Trabajar en equipo hacia un mismo fin, debe de ser la meta en estos casos y que ojalá lo entiendan los legisladores.

VIVIENDA MÁS CARA

El aumento de la materia prima provoca que la construcción de casas se incremente en detrimento de constructores y compradores, lo que ha llevado al virtual rompimiento de desarrolladores inmobiliarios con Cementos Mexicanos (Cemex).

La situación hizo crisis el pasado 23 de junio cuando Cemex se salió con carácter irrevocable de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), luego del reclamo que recibió por el segundo aumento al precio del cemento de 12%, que sumado al anterior llegó a 27% en lo que va del año.

Se ha exigido la intervención de las autoridades federales para frenar ese 12% que aplican no sólo Cemex sino otras cinco empresas cementeras, en virtud que no hay justificación para subir los precios  y que representará una vivienda más cara, que se reduzca el empleo en la construcción y que la obra pública también se eleve.

Los dirigentes locales de la CMIC y Canadevi, Luis Francisco Romero David y Axel Espinosa Teubel, respectivamente, establecieron que es un golpe a la economía nacional, que viola los compromisos asumidos por los organismos que participan en la construcción y desarrollo de la vivienda, como parte del Acuerdo de Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Nacional.

Uno de los principales acuerdos fue que no se rebasaría los indicadores de la inflación, misma que está en 6.7%, mientras que el dólar ha estado a la baja, por lo que no hay alegato alguno para que se eleve el precio del cemento.

Como es normal en estos casos el más perjudicado es el adquiriente de vivienda, pero también quien la construye y la vende ya que se reducirán sus operaciones, al mismo tiempo las obras que hagan los tres niveles de gobierno tendrán un costo mayor, incluyendo las que están en marcha, ya que el cemento es un elemento imprescindible en la construcción.

Como dicen por ahí, es un “torito” más que debe lidiar la Federación y tiene que hacerlo a la mayor brevedad, ya que si deja que las cementeras impongan su criterio generará un problema social mayor al aumentar el costo de la vida.

APREMIAN REFORMAS

Por razones que nadie acierta explicar hay fraccionamientos que tienen más de 20 años sin estar municipalizados, lo que significa que las familias que los habitan no tienen derecho – según la autoridad municipal – a recibir los servicios públicos, ya que esto lo debe hacer el fraccionador, sin embargo éste se concreta a entregar los hogares y luego se vuelve “ojo de hormiga”, por consiguiente las personas sufren lo indecible y pese a sus reclamos no las atienden. Para terminar con este peloteo se necesita hacer una reforma a la ley en la materia, que incluya la obligación del constructor de que antes de ser ocupada la obra debe entregarla al Ayuntamiento, requisito sin el cual no podrá promocionar ni vender las casas. Además de que es un deber gubernamental velar por una vida justa y equitativa para todos, tiene que hacerlo en este caso, que sin duda es un asunto sumamente sensible ya que se trata del bien patrimonial que tiene que contar con un apoyo muy firme.