Por sistema se niega que Aguascalientes sea parte del círculo rojo en la alta delincuencia y ante todo, hay un interés manifiesto de tener “bajo reserva” información sobre personas desaparecidas, con lo que se evita que la sociedad exija resultados concretos.

Cuando se habla del crimen organizado la respuesta es que los asesinatos que se le atribuyen son hechos aislados, por lo que no debe de ser motivo de alarma, aunque cada vez sean más recurrentes, y se trata de alguien que lo sufrió y sea parte del medio económico o empresarial se filtra que en algún momento de su vida tuvo que ver con la justicia sin aclarar que se le declaró inocente, o fueron faltas menores, pero se siembra en el colectivo que “andaba en malos pasos” y por eso acabó así..

No obstante que todo lo que tiene que ver con hechos delictivos son lamentables, adquiere una dimensión mayor cuando alguien se va sin dejar rastro y peor aún, sin una razón válida para abandonar su hogar, a la familia, el trabajo o los estudios. Simplemente no regresó a casa y ahí empieza el calvario de sus allegados, que recorren hospitales públicos y privados y las corporaciones policíacas, con la esperanza de que pudiera encontrarse en uno de esos lugares y en último de los casos van a la morgue. Regresan una y otra vez a las dependencias que deben investigar estos asuntos sin obtener alguna pista y así se pasa el tiempo.

La aceptación del fiscal general, Jesús Figueroa Ortega, de que hay 160 personas desaparecidas en Aguascalientes y algunas de ellas desde hace varios años, es una muestra inequívoca que hace falta una brigada especializada para su búsqueda, que sea una acción reconocida como política de Estado para que vaya más allá de los cambios de gobierno y que además cuente con el financiamiento necesario que le permita desplazarse por el país o al extranjero, donde se tenga pistas que ahí podría encontrarse la persona, o algunos datos de su paso por el lugar.

Aunque a nivel federal hay una subsecretaría que se encarga de esa labor, los miles de casos que tiene que trabajar hace difícil que se enfoque en los que han sucedido en Aguascalientes, de ahí la importancia de tener un grupo que trabaje lo estrictamente local.

Se debe pasar de los compromisos y las declaraciones a los hechos, y la única manera es tener un equipo profesional que se consagre exclusivamente a esa labor. El mejor ejemplo recién acaba de ocurrir con el futbolista argentino Emilio Sala, quien falleció en un accidente aéreo y después de unos días autoridades de Inglaterra suspendieron la búsqueda del aparato por considerar que era difícil tener algún efecto, lo que motivó a que su familia, amigos y aficionados cooperaran para contratar una empresa dedicada a dicha tarea y que fue la que encontró la avioneta en el fondo del Canal de la Mancha.

Por muy doloroso que haya sido así para su familia, pero fue mejor sepultar los restos del jugador a tener que vivir en la incertidumbre, de saber que en algún punto de la inmensidad azul podría encontrarse, lo que fue posible gracias que hay compañías privadas que se encargan de esa función y que además se tiene medios económicos para pagarles.

A nivel estatal se escucha que se reforzará el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes y que se coordinará con sus similares en el país, para que en el cruce de información pueda haber mayor sustento, pero en la práctica es una más de las aspiraciones por tener respuestas especificas.

Para el fiscal Figueroa Ortega “Aguascalientes no experimenta una situación tan grave” como otras entidades, pero así se trata de una, dos o más las personas “no localizadas”, atrás de cada suceso hay una o varias familias que sufren lo indecible por desconocer qué sucedió con su pariente.

Aunque no hay bases para afirmarlo, prevalece la idea que algunas desapariciones están asociadas con la apropiación de personas por parte de los cárteles para obligarlas a que cumplan diversos roles dentro de la organización, lo que hace más difícil su ubicación, pero es necesario trabajar esa línea hasta dar con su paradero, lo mismo que hacerlo en las fosas clandestinas que han aparecido en varias entidades de la República y en donde podría estar algún aguascalentense.

JUEGO DE VENCIDAS

Cuando aún no hay candidatos para los once ayuntamientos, ya el Tribunal Electoral del Estado (TEE) volvió a hacer de las suyas, al enmendarle la plana al Instituto Estatal Electoral (IEE), con lo que deja en entredicho su labor profesional.

Existe la percepción de que en el TEE sus miembros tratan de hacerse notar, teniendo en cuenta que en los comicios pasados la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los obligó a modificar sus fallos, por lo que la infalibilidad que pretenden ante los actos del IEE se hace añicos cuando magistrados superiores encontraron que no habían sido certeros en algunos de sus juicios.

Luego de que le dieran la razón a una asociación política para que recuperara su lugar en el medio y así pudiera recibir recursos públicos, pese a que en la práctica poco se sabe lo que hacen esos organismos, ahora lo hicieron con un salvadoreño naturalizado mexicano, que pretende ser candidato independiente a la presidencia municipal de Aguascalientes.

El artículo 66 párrafo décimo, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala como requisito fundamental para ocupar el cargo de alcalde en cualquiera de los municipios “ser mexicano por nacimiento” para ser votado.

Ante esa situación, Ernesto Antonio Mercher Gálvez, natural de la República de El Salvador y que está naturalizado como mexicano, promovió un juicio en contra de la negativa del IEE para aceptar su registro

Según el Tribunal Electoral, después de sesudos análisis del expediente y de someterlo a sesión plenaria, se llegó a la conclusión que es un requisito “desproporcionado e innecesario”, que además restringe el derecho político-electoral a ser votado “en perjuicio de los ciudadanos mexicanos por naturalización”, como es el caso.

El magistrado ponente fue el presidente del propio Tribunal, Héctor Salvador Hernández Gallegos, quien aseguró que después de un test de proporcionalidad, “el requisito de elegibilidad impugnado es restrictivo, ya que no es necesario, tampoco idóneo ni proporcional”, por lo que consideró obligatorio inaplicarlo en el caso concreto del promovente.

Lo que se asoma aquí es una interpretación sobre la norma constitucional, que para el TEE puede ser flexible, con lo que se ponen arriba del Congreso del Estado que es el único autorizado para hacer las modificaciones que estime necesarias.

En lo sucesivo bastará con que los magistrados reflexionen que algún artículo constitucional es “desproporcionado” para darle la razón al reclamante, cuando lo adecuado sería recomendar los cambios  que crean precisos y una vez que se hagan entonces sí aplicarlos. En lo sucesivo, otros extranjeros nacionalizados mexicanos podrán apelar a su derecho de postularse y ser votados sin necesidad de una reforma. Basta que lo pidan para que el ex candidato del PRD a diputado local les de la razón y de paso aplique un machucón al Instituto Electoral.

SIN PRESTACIONES

Una solución a medias fue la que impuso el Instituto de Educación de Aguascalientes a los más de 200 profesores de inglés que recibieron su plaza en la pasada administración estatal y que fue desconocida por la actual. El director del IEA, Raúl Silva Perezchica, aceptó que sí se les paga su salario pero no tienen derecho a ninguna prestación, ya que es lo que, presuntamente, está en litigio. Es un asunto que ha sido ventilado en innumerables ocasiones por casi todos los medios informativos, al considerar un despropósito saltarse a la torera la obligación laboral que tiene el gobierno con todo su personal. En las actuales condiciones, ese grupo de docentes no tiene derecho a enfermarse, ni a vacaciones pagadas, tampoco aguinaldo y a los bonos que sí obtienen los demás profesores, situación que lleva más de un año y que no se resuelve porque hay “insuficiencia de personal” en el Tribunal Laboral, apuntó Silva Perezchica.