Lo que para unos es un beneficio para otros es un perjuicio, por lo que difícilmente los importadores de vehículos extranjeros (“chocolates”) aceptarán frenar su actividad, mientras que los vendedores de vehículos nuevos y usados no cesan de exigir el cierre de fronteras.

Es un problema recurrente que confronta a ambos grupos y al mismo tiempo inmiscuyen a la autoridad, que como siempre, actúa socarronamente, al dejar que la situación siga su curso sin aplicar alguna medida que ponga fin a este diferendo.

La importación de automóviles y camionetas de “segunda mano”, procedentes en su mayoría de Estados Unidos, tuvo su cenit en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al determinar por decreto que podría hacerse siempre y cuando fuera para uso de los campesinos, lo cual desde su arranque nunca se cumplió puesto que las unidades con placas extranjeras, y mucha veces sin ellas, circulaban en los centros urbanos sin que hubiera algún interés de evitar la desviación del propósito, de ahí que millares de automotores pasaban – y pasan – anualmente por la franja norte del país.

Como lo han hecho otras ocasiones, la Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores de Aguascalientes exigió que se reglamente la entrada de autos “chocolate” (denominación que deriva de “chuecos”, esto es, que carece de documentos o no están regularizados).

El presidente de de la agrupación, Salvador González Mayorga, ratificó la defensa de la industria automotriz nacional, para ello consideró indispensable que se aplique la ley a los propietarios de los vehículos que procedan del exterior, para ello debe poner especial énfasis la próxima administración federal.

Sostuvo que a nivel nacional y local la Asociación demanda una política que obligue a esas personas a pagar los derechos reales y no sólo una cuota, como ha sido la constante, además que presenten la factura de compra-venta de la unidad que acredite la legalidad de la operación, para que en base a su costo sea el pago del impuesto, con lo que estarán en igualdad de condiciones fiscales que la industria mexicana.

Lo más importante para ellos, manifestó González Mayorga, es que exista cancha pareja, que sin reserva alguna todos cumplan las normas que rigen el mercado mexicano y quien quiera traer un vehículo del extranjero que se ciña a lo que dispone la pauta nacional. Si hay apego, el importador sabrá que no es negocio traer un automóvil de fuera, ya que con el pago de gravámenes saldrá casi lo mismo que si lo comprara aquí.

Por su parte, quienes infiltran los automotores “chocolate” aseguran que es en beneficio de quienes tienen menor capacidad económica, los cuales por unos cuantos miles de pesos pueden hacerse de uno, por lo que no tiene que detenerse esta acción, aún cuando reconocen que en su mayoría no tienen documentos que avalen la propiedad.

Lo anterior ha motivado a varios gobernadores actuales y anteriores pugnen porque se autorice la regularización estatal, que por una parte es una medida de control y seguridad al tenerse la información obligatoria del poseedor, con lo que terminaría la costumbre de abandonarlas cuando se ven mezclados en un accidente y como no existe ningún dato resulta difícil dar con el paradero del responsable, sin embargo, hacerlo legitima lo que de origen es un acto ilegal y es justamente a lo que se oponen diversos sectores.

Los mismos mandatarios estatales sostienen que si la Secretaría de Hacienda acepta la regularización significará un ingreso a las arcas públicas, que por ahora no tienen pero que está ahí, sólo bastaría con normalizarlos.

Son decisiones que deben analizarse y que pudieran tener como solución si se fija una fecha para la regularización de los que ya están en el país, al mismo tiempo, que en la misma fecha se prohíba el ingreso de unidades que estén en esa situación, con lo que en poco tiempo se habrá cerrado un ciclo que lleva varias décadas.

CRITICAN LO QUE HACEN

Uno de las tantos bordes del sector empresarial se ha significado en los últimos años por ser una cuña para el gobierno federal, que lo mismo reprocha alguna acción que, presuntamente, va en contra de la sociedad, que entra en defensa de sus intereses.

Muy próximo a terminar el actual sexenio, sus baterías las enfoca ahora al próximo, al cuestionar la anunciada eliminación de las delegaciones federales en los estados, porque al hacerlo “se va a traducir en centralizar el poder, lo que es un retroceso”.

Al respecto, es factible que vaya a haber un control desde el Poder Ejecutivo, sin embargo quien asevera tal cuestión cae exactamente en lo que increpa, ya que de manera simultánea se dio a conocer en todo el país el punto de vista, inclusive en los mismos términos, lo que significa que los dirigentes estatales repitieron lo que ordenó el presidente nacional, en un verticalismo claro e inobjetable, que es justo lo que le objetan al tabasqueño.

El lunes 23 de julio se leyó un escrito en la sede nacional de la agrupación y en cada una de las oficinas estatales, que en esencia señala: “La concentración del liderazgo en las tareas de más de 20 dependencias federales en una sola persona, supone una pérdida de especialidad y de pericia, lo cual podría traducirse en decisiones erráticas”.

Asimismo, considera que desaparecer a las delegaciones federales de las secretarías de Gobierno generará incentivos para que los cuadros medios le den un enfoque particular y con cálculo electoral a los programas federales, por ende “puede traducirse en una severa afectación a la garantía democrática de equidad en futuras contiendas, en la medida que las fronteras entre el gobierno federal y el partido en el poder, se podría estar desdibujando”.

Establece que de prosperar la iniciativa, cada coordinador estatal servirá de enlace entre el gobernador y el gobierno federal, y de hecho se convertiría en autoridad rectora de la aplicación de recursos y de los programas federales, por lo que está en contra de esa medida. Por el contrario, aduce, “México debe fortalecer la descentralización mediante el traslado ordenado de facultades de la Federación a los estados y los municipios. De forma especial, preocupa que los coordinadores sean los encargados de las acciones de seguridad emprendidas por el gobierno federal, lo que pondría en riesgo la cadena de mando en las autoridades militares y la eficacia del mando único del gobernador sobre las fuerzas armadas”.

De cada uno de los puntos descritos pueden haber coincidencia con otros grupos de la sociedad, sin embargo quienes hoy hacen punta de lanza se comportan igual de los que impugnan, al despojar de su autonomía a las representaciones estatales, dándoles un trato de menores, al suponer que no son capaces de discernir sobre los asuntos nacionales y saber cómo estar en sintonía sin exponer su independencia.

ARRIBA GNTE

Aunque se desconoce quién representa localmente al “Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación” (GNTE) y con cuántos adeptos cuenta, en la aparición que tuvo lugar en la capital del país incluyó a Aguascalientes como parte de este organismo, que según Alfonso Rodríguez Trujillo, secretario de Asuntos Laborales del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, tiene a nivel nacional tres mil miembros y ya recibió la toma de nota que le entregó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en junio de 2017. Actualmente ha constituido las secciones correspondientes en 15 estados, entre ellos Yucatán, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Aguascalientes, y próximamente lo hará en Durango, Nuevo León, Querétaro y Ciudad de México. Con ello hoy se tienen tres representaciones de los profesores, el SNTE, la CNTE y el GNTE.

 

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