Por Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no acaba de nacer y ya está siendo objeto de disputas entre los responsables de su implantación y operación. Por una parte, la sociedad civil ha criticado el procedimiento de selección de los 18 nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que estarán encargados de llevar el tema anticorrupción, así como por el retraso de 3 años en nombrar al fiscal anticorrupción; por otra parte el senador Pablo Escudero, presidente del Senado y otras personas de las cuales el periódico El Universal se ha convertido en canal de difusión, se han quejado de favoritismos y conflictos de interés en el nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Antes también, se cuestionó el nombramiento del secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del SNA. Si bien el Sistema tiene deficiencias, debería dársele prioridad a terminar de integrarlo con los nombramientos pendientes, darle oportunidad de empezar a funcionar y no distraerse con estas disputas estériles.

Las críticas contra el Senado, por el proceso de selección de los magistrados y el retraso en el nombramiento del fiscal anticorrupción llevan ya meses. Pero ahora se han enfocado contra la sociedad civil que participa en el Sistema Anticorrupción. Una de ellas tuvo que ver con el proceso de selección del secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del SNA, cuando el Comité de Participación Ciudadana seleccionó la terna que se propuso al Comité Coordinador del SNA, sin haber transparentado los criterios para dicha selección. Fue hasta que surgieron las primeras inconformidades por la falta de transparencia, que se publicaron las evaluaciones de los once finalistas para explicar cómo se llegó a la terna. Sin embargo, a la fecha sigue pendiente que el Comité Coordinador explique las razones por las cuales seleccionó al Lic. Ricardo Salgado Perrilliat como secretario técnico y por qué descartó a los otros dos candidatos.

Otro asunto que ha estado en los medios recientemente es que uno de los candidatos al Comité de Participación Ciudadana y que no fue seleccionado a pesar de tener mejor evaluación que una de las elegidas, se inconformó diciendo que había sido un proceso parcial. Y es que uno de los problemas fue que los miembros de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana pudieron tener conflicto de interés debido a que intervinieron en el proceso de selección, aun cuando los candidatos formaban parte de sus propias organizaciones. El senador Pablo Escudero reaccionó diciendo que había focos amarillos en la actuación de dicho Comité (http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/1/preocupa-al-senado-sistema-anticorrupcion ). Esto provocó airadas respuestas por parte de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil aludidas, llegando algunos de ellos a renunciar a sus colaboraciones en el periódico El Universal al acusarlo de ser una campaña orquestada por ese periódico. Habría que analizar si hubo conflicto de interés en la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y si se dejaron o no fuera a mejores candidatos, para en el futuro, perfeccionar este proceso de selección.

Finalmente, otro de los acontecimientos que han causado molestia entre las organizaciones de la sociedad civil es que la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y representante del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, le propuso a dicho Comité que se hiciera un exhorto a las autoridades competentes para investigar el caso del espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, iniciativa que fue rechazada por el resto del Comité Coordinador argumentando que no se trataba de un caso de corrupción y que por lo tanto estaba más allá de sus atribuciones. Quizá haría falta que el Comité Coordinador se pusiera de acuerdo en definir qué entienden por casos de corrupción.

Algunas reflexiones son:

  • Al realizar tareas de gobierno, los miembros de la sociedad civil que participan en el Sistema Anticorrupción (Se les pagan honorarios y se les considera servidores públicos de acuerdo con la Constitución, para efectos de responsabilidades administrativas), están sujetos a las mismas críticas que cualquier otro funcionario público.
  • La tarea muy valiosa de la sociedad civil ha sido tradicionalmente criticar y exponer las debilidades que tiene el gobierno, pero ahora que ya realizan tareas sustantivas en él, les toca recibirlas críticas. Habrá que acostumbrarse.
  • Quizá todos tienen algo de razón y habrá que mejorar los procesos de selección.

Pero todo esto no es lo importante y se convierte en distracción que aparta de las tareas urgentes que el Sistema Anticorrupción debe realizar. Todos los días surgen noticias sobre actos significativos de corrupción. Basta leer las investigaciones periodísticas, por ejemplo, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con los cuales el Comité de Participación Ciudadana tendría para realizar exhortos diarios al Comité Coordinador para que las instituciones que lo integran se pongan a trabajar en ellos. O bien, definir cómo se va a operar la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, ahora que el número de personas obligadas a presentarla pasa de 200 mil a 5 millones a parir del próximo 19 de julio.

Hay demasiados pendientes y estas disputas y distracciones entre actores clave del Sistema Anticorrupción a quien más le sirven es a los corruptos. El mejor antídoto contra las críticas al SNA será que pronto haya resultados positivos en el combate a la corrupción.

 Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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